Santiago Abascal, durante un mitin de Vox en Sestao.

Begoña Vila.- Como Machado, a distinguir me paro las voces de los ecos. Una fiscal ha pedido el cierre de Alerta Digital y el encarcelamiento de su director y de dos sacerdotes colaboradores, fundamentalmente por las opiniones de los lectores acerca del extremismo islámico. Se trata de uno de los casos más escandalosos, sino el que más, de ataque directo a la libertad de defender ideas y argumentos por cauces absolutamente pacíficos. Parecía cantado que la izquierda no entonaría los argumentos que suele cuando defiende el derecho a la libertad expresiva de tuiteros que ensalzan a ETA o de raperos que glosan el tiro en la nuca. Pues no ha sido tal. Ha sido Vox, el partido que defendía la derogación de los delitos de odio, el que se ha puesto de puntilla ante este caso. No hace falta que el PSOE saque adelante su infame ley de memoria histórica cuando cualquier católico puede ser encarcelado por verter opiniones calificadas como heréticas por el nuevo tribunal del santo oficio. Como era previsible a poco que se conozca el historial de algunos de sus miembros, Vox ha ignorado este asunto. A decir verdad, los de Abascal ignoran casi todos los asuntos que aquí nos preocupan. Nunca nos han engañado.

Es sorprendente, y ello demuestra el erratismo de muchos patriotas de salón, que a estas alturas del cuento muchos se planteen la opción de Vox como las más juiciosa y fiable. Izar la bandera del cambio para que todo siga igual, acercarse a la verdad para terminar abominando de ella, apostrofar contra el caballo de Troya y lisonjear a Epeo, su capintero, nos parece la forma más repugnante de estar en política. A las pruebas me remito: ni una sola mención de Vox, ni una palabra de apoyo, al director de AD y a los dos sacerdotes que podrían perder su libertad por defender la de todos nosotros.

Los dirigentes de Vox tienen un terror acervo a sufrir los mismos mantras que lanza la izquierda contra la verdadera oposición de derecha. Es decir, pretenden entrar en liza electoral, disfrazados de derecha identitaria, pero aceptando las condiciones del totalitarismo ideológico de la izquierda. Mientras la izquierda defiende sin complejos a sus titiriteros, sus blasfemos, sus asaltacapillas, sus manteros ilegales y sus navajeros, como el que segó la vida de un hombre en Zaragoza por llevar tirantes con la bandera española, Vox ni siquiera es capaz de pronunciarse sobre unos hechos que dijeron querer combatir. Una más de la larga lista de mentiras y fraudes que jalonan la trayectoria de un partido que en sí mismo es una monumental estafa.

Y ahora vayamos a los hechos en relación con la insólita petición de la fiscal de delitos de Odio de Málaga, María Teresa Verdugo. Hemos preguntado a los líderes políticos en el Congreso de los Diputados acerca de esta terrible amenaza contra la libertad de expresión, contra la libertad de información y contra la libertad de opinión, que acecha a la prensa española. ¿Se podrían estar utilizando las instituciones jurisdiccionales para callar a periodistas? ¿Qué línea marca el límite del delito de odio y la libertad de expresión?

Edmundo Bal, diputado de Ciudadanos

Interpelados sobre la cuestión, Gerardo Pisarello, Iñigo Errejón y Edmundo Bal, de Podemos, Más país y Ciudadanos, respectivamente, coincidieron el pasado martes en un mismo punto de vista: la libertad de expresión es el pilar fundamental de la democracia en España, aunque dijeron carecer de todos los datos necesarios para hacer un análisis más pormenorizado del asunto. Para Pisarello, “la libertad de expresión y la libertad de información son pilares básicos de cualquier sistema democrático”. Errejón hizo una firme defensa de la libertad de expresión “que nos gustaría ver para todos”. Y aclaró a continuación: “Me quiero acordar ahora mismo que ha habido este fin de semana un incendio de un Casal Popular en Castellón y los mismos que lo incendiaron después pusieron ‘Abascal Army’. Estoy convencido de que la formación de Vox no tiene nada que ver con el incendio, pero sorprendentemente esto no ha salido en ningún lado y es una manifestación de odio contra las asociaciones del tejido asociativo vecinal, ciudadano y progresista y nos parece extraordinariamente grave”.

Edmundo Bal recordó que su grupo parlamentario siempre “hemos criticado los ataques que se han hecho a los medios de comunicación y, en particular, me estoy refiriendo a los ataques que el señor Iglesias precisamente en relación con el asunto Dina ha hecho respecto a periodistas”. “Nosotros respetamos el funcionamiento de los medios de comunicación que, por supuesto, son uno de los pilares fundamentales para la formación de la opinión ciudadana en un Estado democrático”, añadió.

Al día siguiente, miércoles, formulamos las mismas preguntas al grupo parlamentario de Vox. Sorprendentemente, su gabinete de prensa se negó a que la pregunta fuera formulada en directo. Dijeron que nos responderían de manera privada. “Begoña, te respondemos por privado porque hay grupos esperando y vamos a centrar las preguntas en los dictámenes de reconstrucción”, me dijeron. Pese a nuestros requerimientos desde entonces, la callada por respuesta.

Rajoy junto a la delegada de AD en Galicia, Begoña Vila.

La actitud de de Vox en esta cuestión no difiere de la mantenida por EH Bildu y BNG, cuyos gabinetes de prensa echaron balones fuera al negarse a dar cauce a la pregunta en directo. El amo manda y la disidencia controlada obedece.

El Grupo Popular, por su parte, no compareció en rueda de prensa esta semana, por lo que no hemos podido recabar su opinión. Algunos de sus miembros, sin embargo, ya han expresado su rechazo sin paliativos al procedimiento abierto por María Teresa Verdugo, al considerar que actúa a las órdenes de Dolores Delgado, la fiscal general del Estado nombrada por Pedro Sánchez para controlar a los fiscales, como él mismo admitió.

*Delegada de AD en Galicia