Con el estado de alarma en vigor, el nacionalismo catalán se lanzó a una campaña de confrontación con el estado español donde pasó de que su famoso “España nos roba” a el “España nos mata”. Y como ya ocurrió con el primer lema, este segundo también pareció calar en parte de la población catalana.

A esto hay que sumar que desde el minuto uno la Generalitat se opuso al decreto del estado de alarma, figura que se recoge en nuestra Constitución, asegurando que se trataba de un artículo 155 “encubierto”. Tal es así que el propio presidente catalán, Quim Torra, llegó a asegurar, a través de un mensaje publicado en Twitter, que “no podemos aceptar que el Gobierno español confisque nuestras competencias en salud, seguridad y transporte. Necesitamos apoyo, no recentralización”.

Sin embargo, desde que el pasado 21 de junio se levantase el estado de alarma en todo el territorio nacional y entráramos en la famosa desescalada, de manera que todas las comunidades recuperaron todas las competencias que había asumido el Gobierno central durante tres meses, nadie comprende que es lo que ocurre en Cataluña.

La Generalitat, que como Torra reclamaba ya tiene todas sus competencias para poder ejercerlas, parece sobrepasada y esta siendo, a todas luces, incapaz de adoptar las medidas necesarias para evitar que el coronavirus continúa propagándose a un ritmo más que preocupante. Tan sólo en las últimas 24 horas se han detectado 1.226 nuevos positivos de COVID-19.

Hace apenas 48 horas, la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, anunciaba alguna medidas, con una aplicación inicial de 15 días, para intentar frenar los contagios. Entre éstas, estaban la prohibición de reuniones de más de 10 personas en el ámbito público y privado, acudir a residencias de ancianos, y la limitación de aforo en bares y restaurantes.

Además, como petición, no como obligación, aconsejaban a la población de las zonas afectadas que se quedasen en casa y sólo saliesen para trabajar en casos de fuerza mayor, y “no acudir a segundas residencias este fin de semana”. Sin embargo, durante todo el día de ayer sábado la imagen de las carreteras de Barcelona fue la de cientos de vehículos abandonando la ciudad.

Esto ha provocado que se enciendan todas las alarmas en el país vecino, Francia, donde los medios de comunicación galos ya están advirtiendo del peligro de contagios que pueden correr, especialmente en las localidades fronterizas, ante el temor de que parte de esos vehículos estén cruzando la frontera y, con ello, puedan acabar propagando el virus.

A todo ello hay que unir el hecho de que ni los propios dirigentes políticos sean capaces de dar ejemplo con las propias recomendaciones que hacen desde el gobierno de la Comunidad, como ha ocurrido con Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, una de las zonas más afectadas por los contagios, y cuya pareja, junto a uno de sus hijos, parece, según palabras de la propia Colau, que ha salido de la ciudad en las últimas horas.

Y eso por no hablar de los conatos de homenaje a los nueve presos del “procés”, a los que la Generalitat ha concedido este pasado viernes el tercer grado al aceptar la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas en las que cumplen condena para que pasen a este régimen de semilibertad.

Con esta situación, Torra debe dar un paso al frente y comenzar a adoptar medidas más contundentes para frenar los contagios. Las excusas se han acabado. Ya tiene las competencias que denunciaba que le había quitado Sánchez durante la vigencia del estado de alarma.

El presidente de los catalanes tiene ahora la posibilidad de demostrar si realmente está capacitado para gestionar y gobernar una comunidad autónoma como Cataluña y, lo más importante, si es ese su objetivo y su fin; o si, simplemente, es un mero instrumento al servicio del independentismo y los golpistas del 1-O.

Lo peor de todo es que, al final, los que acaban perdiendo siempre son los mismos: los ciudadanos de bien.