Pilar Díez (Reproducido) “La intervención del precio de las mascarillas colapsa el mercado”. Pero por el amor de Dios, hay alguien en este gobierno que pueda hacer algo bien, aunque sea una sola cosa. “Los importadores advierten de que los fabricantes asiáticos derivan las ventas a otros países”. “Las empresas españolas dicen que no pueden cubrir los costes y sopesan parar la producción”. El chulo de Sanidad “rechaza compensar a los farmacéuticos y les insta a vender el material con pérdidas”. A este individuo hay que intervenirle el sueldo. Por vía judicial.

Rosell explica al ministro filósofo que verá usted, calamidad, “el intervencionismo consigue al final que se rompa la cadena de distribución, florezca el mercado negro y aumente la escasez que se quería combatir”. Que “al gobierno le mueve el deseo buenista de agradar la opinión pública, pero las consecuencias de su decisión se revelan ya muy perjudiciales, como habría podido prever todo conocedor del funcionamiento del mercado”. Y si no lo sabes, pues preguntas, pedazo de inútil. “La medida redundará en desabastecimiento en el futuro inmediato. Si el coste de producción y distribución supera el límite fijado, los farmacéuticos no harán más pedidos y la oferta se reducirá”. Illa se tiene que ir a la puñetera calle, ya.

Federico Jiménez Losantos dice que el único propósito del estado de alarma “es la de mantenerse en el poder por tiempo indefinido y con poderes ilimitados”, por lo que “cabría llamar nuestra situación legal de estado de pánico”. “Anteayer se votó este estado de pánico, pero con una novedad estremecedora: los plenos poderes que el Tamerlan de la Moncloa ha conferido graciosamente a Illa, modelo de derroche y corrupción en el gasto público, cuyas compras disparatadamente caras a empresas que no son empresas, de material sanitario, lo convierte en carne de prisión. Ayer enfermeros y médicos anunciaron querellas contra Illa por negligencia criminal y otros delitos”. No sólo Illa, el Gobierno entero, empezando por Pedro Sánchez.

El País

Por más vueltas que le des a este periódico es prácticamente imposible encontrar algo de interés. Abre, como todos los días, con Europa. “La UE respalda la creación de un fondo para la reconstrucción”, eso si “la cuantía queda sin concretar”. Humo. El editorial va de atizar a Torra, al que llama “miserable”. Todos conocemos de sobra al separtismo catalán y, en estos momentos, ni nos importa, ni nos preocupa, ni nos sorprende.

La parte política, ni chicha ni limoná. “El PSOE presiona al PP con ofertas de pactos a sus barones autonómicos”. Por ahí, escondidillo, “Sanidad pagó 28 veces por unas mascarillas que por otras iguales”.

Así las cosas, ante este erial periodístico, lo único que cabe destacar es la censura de la noticia de la querella de los sanitarios contra el ministro de Sanidad por negligencia criminal.

ABC

“Illa, oídos sordos”. “Las oficinas comerciales en China se desentienden: nadie de Sanidad les consultó las compras fake”. “Los sanitarios se querellan contra el gobierno por poner en riesgo su salud”, “los farmacéuticas, indignados”. Y es que el ministro parece haber hecho suyo el manual de resistencia de su jefe, con la diferencia de que en esto le va la vida a mucha gente. En combatir el virus, no en ir de manifa.

Ramón Pérez Maura se convierte en carne de censura por su dura crítica a Sánchez por su empeño en que Europa le saque las castañas del fuego de su incapacidad con la mutualización de la deuda. “Lo que nos enseña la experiencia es que cada vez que los socialistas gobiernan en España, dejan al país al borde de la bancarrota por unas razones u otras. Sánchez convierte a España en el mayor cementerio del planeta y pide ayuda para enterrar a los muertos”. A Marlaska vas.

Un carta al director de la hermana de una enfermera contagiada por las mascarillas de Illa, dirigida al presidente del Gobierno, se merece hoy mención especial. “Señor Sánchez, ¿puede usted dormir por las noches sabiendo que los errores de su gobierno están costando la vida a miles de españoles?”. Sería bueno que los periodistas trasladaran esta pregunta de una ciudadana al Gobierno en el Consejo de Ministros de hoy, pero claro, el comisario Oliver la censurará.

La Razón

“Illa contrató por 4,2 millones a una empresa sin empleados”. Suma y sigue. “Sanidad encarga a una abogada, especialista en concurso de acreedores, los suministros para las pruebas de coronavirus”. “La empresa de los test defectuosos no tenía permiso para vender en España”. No, si al final habrá que acusarle de homicidio voluntario.

Como dice Pedro Narváez, “un sobresalto tras otro. El ministro de Sanidad nos da jarabe y elixir de la verdad”. “En momentos más sutiles abrirían los telediarios” con las continuas negligencias de Illa. Pero ahora, “Illa nos mantiene inmóviles de cara a la pared. Su cartera se ha convertido en el mayor fake de la pandemia. El horizonte está oscuro, pero al final se otea pena de banquillo”. Y al paso que lleva, lo mismo pasa de negligencia a homicidio voluntario. Cuando todo esto pase… todos a una a denunciar al gobierno y que paguen indemnizaciones de su bolsillo. Esperemos que la Justicia esté a la altura y al servicio de los ciudadanos, es su última oportunidad.