En plena emergencia por el Covid-19, el Gobierno de Pedro Sánchez pagó 31,29 millones de euros (tasas y aranceles incluidos) por un lote que incluía 2,1 millones de mascarillas del tipo FFP2 defectuosas y que han puesto en riesgo a los profesionales sanitarios.

Así, en el documento hecho público en el portal de Contratación Pública, del Ministerio de Hacienda, explican que el Gobierno presentó una oferta a la empresa Hangzhou Ruining Trading, para suministrar mascarillas cuyo importe total fue de «25.800.000 dólares; es decir, 23,886.677,16 euros a cambio de moneda del 20 de abril, que asciende a 28.902.879,36 euros IVA incluido». Además, se estiman 2.388.667,72 euros en gastos de tasas aranceles y 10% otros gastos, por lo que «el coste total fue de 31.291.547,08 euros». «Asimismo, se contempla la entrega de 1.500.000 unidades el 22 de marzo y 7.300.000 unidades el 29 de marzo», añade el documento oficial.

El Gobierno explica en el citado documento que, entre los términos recogidos para la compra del lote de mascarillas entre las que se encuentran las defectuosas, la compañía exigió el pago por adelantado del pedido «el 20 de marzo», a lo que el Gobierno no puso objeción y aceptó dado que «una de las necesidades más imprescindibles es proteger a los profesionales en los centros sanitarios».

Es decir, que en este contrato, según un cálculo aproximado teniendo en cuenta el volumen total de unidades y el pago total, se destinaron unos 7,4 millones de euros para adquirir las mascarillas que «no cumplen con ninguna clasificación indicada en la norma UNE-EN149: 2001+A1:2010. La eficacia media de filtración estaría en torno al 70 por ciento».

Futuras inspecciones

Dado que no cumplían los estandartes de calidad, el Gobierno de Sánchez anuncia el cese inmediato de suministro de cualquier tipo de material del fabricante GarryGalaxi al Ministerio de Sanidad de España. Una compra con la que se ha puesto en peligro a los profesionales sanitarios, ya que para cuando Sanidad alertó de que eran mascarillas defectuosas, centenares de sanitarios ya habían hecho uso de ellas.

El Gobierno, a su vez, no rompe con el intermediario, sino que le solicita que «desde Hangzhou Ruining Trading se continúe proporcionado al Ministerio de Sanidad información actualizada en cada envío de los lotes que estos contienen, así como faciliten los resultados obtenidos de los controles de calidad realizados antes del envío con los suministros con destino a España».

Eso sí, el Gobierno también recoge en este mismo documento que el Ministerio Sanidad «está trabajando con Aenor (la Asociación Española de Normalización y Certificación) para realizar en territorio chino servicios de inspección de control de la producción, supervisión de la carga de la mercancía, toma de muestras en laboratorio acreditado e inspección en fábrica suministradora». Lo que no especifican es cuándo.