Ayer, España superó la cifra de los 20.000 muertos por coronavirus, lo que mantiene a nuestro país en el triste segundo puesto mundial por la tasa de mortalidad de la epidemia en relación a su población, sólo por detrás de Bélgica. Pero, incluso, esta abrumadora cifra de la tragedia, que es la que ha facilitado el Ministerio de Sanidad, puede quedarse corta a tenor de las inexplicables diferencias de criterio que han mantenido comunidades autónomas como Cataluña a la hora de contabilizar las víctimas y ante la certeza de que muchos de los fallecimientos causados por el virus en el mes de marzo no fueron registrados como tales por haberse producido fuera del ámbito hospitalario. Así, la Comunidad de Madrid, tras una revisión de las cifras, ha comunicado 5.000 fallecimientos más, la mayoría en residencias de ancianos.

Tanta mortandad, que no se corresponde con el nivel de calidad del sistema sanitario español, necesita ser explicada y analizada, y no sólo a efectos de la estadística forense, sino porque es uno de los datos fundamentales con los que hay que contar a la hora de comprender la etiología de la infección, examinar los errores cometidos y preparar nuevas estrategias de prevención. Es, precisamente, la falta de autocrítica de los responsables gubernamentales en la gestión de la emergencia lo que más sorprende a una opinión pública que cada mañana se desayuna con la constatación de que la plaga no acaba de remitir y asiste atónita al cruce de reproches entre las distintas instancias institucionales, ya sea a cuenta de los suministros de materiales de protección, del calendario de la cuarentena o de la mayor o menor ausencia de análisis de detección del coronavirus.

Por supuesto, no hablamos sólo de un problema español, como demuestra que la OMS, cuyo desempeño en los primeros momentos de la epidemia debería ser objeto de una seria reflexión, haya pedido a la comunidad internacional que haga un esfuerzo de verificación del número de fallecimientos por Covid-19 que, como ya hemos señalado, es, combinado con la extensión de los análisis, la única manera de calibrar la incidencia real de la epidemia. Los crecientes reproches a China de los distintos gobiernos occidentales, con sospechas razonables de que los dirigentes comunistas ocultaron el número real de víctimas mortales, se basan en la convicción de que fue la falta de transparencia del Gobierno chino sobre la incidencia mortal del virus lo que hizo bajar la guardia en Europa y Estados Unidos. Sin duda, a esa primera impresión de que estábamos ante una «gripe» muy contagiosa, pero que «mataba poco» debemos en parte la extensión de la tragedia actual.

Pero ya no es tiempo de llorar sobre la leche derramada ni de lamentarse de las oportunidades perdidas. Pese a todo, al menos en el caso español, el creciente número de pacientes curados, con porcentajes, también, muy altos, nos habla de la calidad de nuestros profesionales sanitarios, que han trabajado en unas condiciones extremas, con los sistemas hospitalarios al borde del colapso, sin medios suficientes, y sin contar con la existencia de protocolos clínicos y de terapias probadas.

La experiencia terapéutica ante una enfermedad insidiosa como pocas, la adopción de los tratamientos más adecuados, ha tenido que conseguirse en medio de lo peor de la batalla. Esos 74.000 enfermos curados, más los que se detecten cuando, por fin, se proceda a testar a la población de riesgo, son una base para poder calcular con seguridad la desescalada de las medidas de confinamiento, al menos hasta que seamos capaces de extender los análisis al común de los ciudadanos. No significará que se puedan reducir las medidas de prevención más normales, como el distanciamiento social y la higiene, pero sin información cierta todo será más difícil.