Salvador Illa, ministro de Sanidad

La gestión de la crisis del coronavirus por parte del Ministerio de Sanidad roza cotas esperpénticas.

Por el bien de este país, el ministro Salvador Illa no debería permanecer un minuto más en el puesto. Tampoco tendrían que hacerlo la mayoría de sus altos cargos, empezando por el asesor científico, Fernando Simón, y siguiendo por Alfonso Jiménez, director de Ingesa, el organismo en el que se centralizaron las compras de material y cuya inoperancia tanto sufrimiento causa aún a los abnegados sanitarios que luchan en tan desigual batalla.

El cúmulo de despropósitos cometidos por este departamento es directamente proporcional al de casos de una patología de cuyo impacto ya avisaban China o Italia. Lo que no justificaba la suspensión del Mobile, según Illa, o iban a ser apenas unos cuantos casos aislados, según Simón, ha derivado en miles de nuevos infectados y otros centenares de muertos cada día.

Lo más grave, sin embargo, no es la parsimonia al comprar respiradores o equipos de protección, que lo es. Ni el desatino de los test defectuosos. Ni siquiera los fallos predictivos de Simón. Unos fallos que resultarían hilarantes si no hubieran devenido en tragedias. Lo peor de todo es que el Gobierno no decretó medidas drásticas hasta después del 8-M, día de las concentraciones feministas, pese a que la OMS y otros organismos ya pedían vetar las concentraciones. Si Sanidad sabía lo que venía encima, ¿por qué no las frenó en seco?