Manuel Marín. Todo cambió ayer por la tarde en cuestión de minutos. Incluso las probabilidades de que la investidura de Pedro Sánchez llegue a prosperar tras la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar, y destituir automáticamente, a Joaquim Torra como diputado y presidente de la Generalitat catalana. Es posible que tanto el PSOE y ERC manejaran este escenario durante sus negociaciones para lograr la abstención de los independentistas en la investidura, y que sopesaran con desdén que todo quedaría en una decisión administrativa recurrible que dilataría los tiempos y no alteraría el cuaderno de bitácora de ambos partidos, camino de una «mesa bilateral» cuyos acuerdos serán sometidos a una consulta solo en Cataluña.

Sin embargo, el error de cálculo para ambos partidos puede ser letal. Desde anoche, Torra vuelve a emerger en el ideario separatista como una víctima de un sistema judicial y administrativo represor, y no como un presidente de la Generalitat que se vanaglorió ante los jueces de desobedecer decisiones judiciales firmes. Incluso, como un dirigente que a la pregunta de si temía la acción judicial replicó recordando que la noche anterior había cenado alubias con butifarra.

Necesariamente, el separatismo está interpretando la decisión de la Junta Electoral Central como una agresión, y como una aplicación subalterna del artículo 155 de la Constitución, más aún después de que Oriol Junqueras también fuese inhabilitado y haya perdido su derecho a tomar posesión como eurodiputado, y por ende a gozar de inmunidad hasta que el Parlamento Europeo decida lo contrario. La de ayer fue una mala tarde para el secesionismo catalán gracias a un recurso del PP al que se sumaron después Ciudadanos y Vox.

Lo determinante será conocer en las próximas horas cómo afectarán estas decisiones a la investidura de Pedro Sánchez después de que hubiese cerrado un acuerdo definitivo para la abstención de ERC.

Primero, porque la reacción del separatismo en las calles en Cataluña es tan imprevisible como la capacidad que aún tiene Torra, y solo Torra, de adelantar las elecciones en Cataluña antes de ser formalmente inhabilitado. Segundo, por el temor de los dirigentes de ERC a aparecer como unos «traidores» a la causa del independentismo por haber pactado con un PSOE incapaz siquiera de «manejar» a una Junta Electoral Central. Y tercero, porque aun en el supuesto de que ERC decida mantener su aval a la investidura de Sánchez, éste presidirá el Gobierno mas debilitado de la democracia. De hecho, la dirección federal del PSOE admitió ayer que ni siquiera tiene un compromiso firme de ERC para avalar los presupuestos generales del Estado. Ayer por la mañana, el problema de Sánchez no era la investidura, sino la gobernabilidad. Hoy, puede llegar a serlo incluso la investidura.

Disyuntiva

La disyuntiva ahora se presenta severa para ERC. Su defensa de Torra es fingida porque las relaciones entre el PdeCat y Esquerra están manifiestamente rotas. Sin embargo, no puede aparecer ante el separatismo como un partido cómplice PSOE mientras el Estado decide fulminar a Torra. En Cataluña, eso tiene una explicación complicada y los riesgos que asumirá el partido de Oriol Junqueras si el martes avala la investidura de Sánchez son serios, especialmente si Torra decidiese abocar a Cataluña a un nuevo proceso electoral. En su fuero interno, ERC celebra la destitución de Torra porque representa una derrota de la estrategia de Carles Puigdemont, y un aval a la teoría «posibilista» que mantiene provisionalmente ERC para obtener réditos de la debilidad de Pedro Sánchez y para ganar tiempo mientras amplía la base social independentista.

Sin embargo, públicamente Esquerra tiene que simular sentirse ofendido, y lo hará con aspavientos en las próximas horas. Por eso solo los movimientos telúricos e impulsivos en el secesionismo pueden forzar a Oriol Junqueras a rectificar su orden de investir a Sánchez.

En este escenario convulso e incierto, cobra relevancia lo ocurrido en los bloques ideológicos representados en las instituciones. La Junta Electoral se dividió ayer. Siete miembros avalados en su día por el PP y Ciudadanos votaron contra Torra y Junqueras, y otros seis, propuestos por el PSOE y Podemos, lo hicieron a favor. No es extraño, ni a estas alturas puede resultar escandaloso. Ni siquiera para las mentalidades más ingenuas que pensaron que el Estado no volvería a plantar cara a una rebelión. Pero en la legalidad residen los mecanismos de defensa del Estado y de las mayorías legítimamente conformadas frente a quien se jacta de su desobediencia a las leyes, aunque sea precisamente eso lo que Sánchez se ha comprometido a revertir con ERC en el Congreso y con Podemos en La Moncloa.

Anoche ERC convocó una reunión extraordinaria de su Ejecutiva aunque en el deseo de sus dirigentes no esté precisamente ninguna otra idea que tomar a Sánchez como rehén de sus exigencias y expectativas. Será difícil que ERC rectifique porque su pretensión será atraer al PSOE para utilizarlo como ariete frente a los partidos del centro y la derecha. Sin embargo, aunque la investidura siga en manos de ERC, cualquier decisión sobre Cataluña sigue en manos de Torra. Y eso, anoche, le cambió la expresión del rostro a ERC. Con certeza, Sánchez no comparte las decisiones de la Junta Electoral Central. Pero ejercer como comparsa de ERC no le aventura una legislatura sencilla.