Francis Franco

La familia de Francisco Franco ha ampliado su denuncia por supuesta prevaricación contra las personas que están participando en el proceso para exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos, según un escrito.

Presentado el pasado viernes en el juzgado de instrucción número 3, el escrito pretende ampliar datos que podrían contextualizar los hechos ya denunciados en relación a la tramitación del expediente de exhumación, después de que recientemente se haya comunicado la designación de Víctor Cageao como director de Inmuebles y Medio Natural por parte de Patrimonio Nacional.

Sugieren los nietos de Franco que se cite a la subdirectora general de Recursos Humanos e Inspección de Servicios del Ministerio de Cultura, Antonia González Cano, por ser la persona que firmó la resolución del 15 de octubre por la que reingresaba al servicio activo a Cageao, “todo ello con aparente ausencia de competencias para tal acto administrativo”.

Tal resolución, para los nietos de Franco, “podría calificarse de manifiestamente arbitraria, caprichosa y dictada, supuestamente, para satisfacer esa voluntad caprichosa al margen de la legalidad”.

A su entender, el Ministerio de Cultura no tiene facultades para reingresar al servicio activo a un funcionario que se encuentra en servicios especiales como lo estaba Cageao, que era entonces coordinador del Museo del Prado.

El escrito de ampliación de denuncia insiste en que la legitimación para solicitar la exhumación de un cuerpo embalsamado corresponde “exclusivamente a los familiares” y señala que, tras la negativa de la familia, el Gobierno publicó un real decreto “ad hoc” con el único objetivo de “imponer su voluntad caprichosa”.

También argumentan que la basílica del Valle de los Caídos es “inviolable” y que, además, está en un estado de “grave deterioro”, de manera que cualquier actuación que requiera introducir maquinaria muy pesada -que sería necesaria para levantar la losa de 1.500 kilos- puede producir “graves daños en su estructura”.

Del mismo modo, alegan que Patrimonio Nacional no tiene facultades para reacondicionar el lugar donde se encuentra la losa sepulcral y que la Dirección de Inmuebles y Medio Natural, de hecho, ni siquiera tiene competencias para el levantamiento de sepulcros.

A comienzos de diciembre, los siete nietos de Franco presentaron una denuncia contra los altos cargos que firmaron, el pasado 14 de noviembre, el proyecto de presupuesto de obra menor para llevar a cabo la exhumación de los restos de su abuelo.

La denuncia se dirige contra la subsecretaria de Justicia e instructora del expediente de exhumación, Cristina Latorre, el presidente del Consejo de administración de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, y el funcionario del Museo del Prado Víctor Cageao Santacruz, que “se hizo pasar por director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional”, y contra el subsecretario de Presidencia, Antonio Hidalgo López.

Firmada por Jaime Martínez-Bordiú Franco en nombre de sus hermanos, el escrito señala que todos los denunciados “eran conocedores” de que Cageao “no ostentaba el cargo de director de Inmuebles de Patrimonio Nacional, pese a lo cual, para acelerar toda la tramitación, a sabiendas de la usurpación de funciones y de la falsedad de la ostentación de dicho cargo, firmó el proyecto de exhumación el 14 de noviembre de 2018”.

Según recoge la denuncia, desde Justicia “se solicitó a toda prisa el 13 de noviembre” el proyecto para la exhumación, que “se confeccionó en un sólo día firmándose al día siguiente”.

La familia Franco considera que los denunciados pueden haber cometido un delito de prevaricación, además del de usurpación de atribuciones y funciones, porque “se confabularon para vestir el cargo de quien no lo tenía y participando en reuniones, incluso en el propio Valle de los Caídos”, al objeto de “planificar técnicamente la exhumación”.

De forma paralela, la Fundación Francisco Franco ha remitido un escrito a la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Cristina Latorre, solicitando la nulidad de actuaciones y reiterando su recusación, tras conocerse que había solicitado un informe a la Delegación del Gobierno en Madrid sobre las consecuencias que podría haber si Franco fuera inhumado en la catedral de la Almudena.

Esta entidad acusa de parcialidad a la instructora del proceso de exhumación y la reprocha haber solicitado un informe no previsto en el procedimiento.