Renfe ha lanzado una oferta pública de empleo en la que ofrece 57 puestos de trabajo para 30 perfiles distintos, entre los que figuran técnicos de ciberseguridad, en infraestructuras de seguridad informática, en salud laboral, ingeniería, edificación, arquitectura, ingenieros de motores diésel y eléctricos, o técnicos de compras y de auditoría interna. Eso sí, para participar en el proceso de selección cada candidato tiene que ingresar 10 euros en una cuenta bancaria que la operadora tiene establecida en la entidad financiera colaboradora.

Así lo recoge las bases de la convocatoria publicada en la página web de Renfe, que ha ampliado hasta el próximo 18 de diciembre el plazo de admisión de solicitudes. La compañía asegura que este pago se realiza en concepto de “derechos de participación” y advierte que en caso de no haber realizado el ingreso, la inscripción no será válida y por lo tanto el candidato quedará excluido del proceso. Además “en ningún caso” se procederá a la devolución del dinero aunque no se consiga la plaza, explica la operadora.

La respuesta de la Unión de Consumidores y Usuarios (OCU) no se ha hecho esperar. Esta organización ha tachado de “lamentable” que una entidad pública utilice este tipo de prácticas y ha criticado duramente que “aproveche la precariedad laboral para generar ingresos”. Según la OCU, los afectados son además en su mayor parte desempleados, que tienen más dificultad para afrontar cualquier tipo de gasto.

La organización de consumidores considera que los procesos de selección, “especialmente si proceden de una entidad pública”, deben estar abiertos a la participación de cualquier candidato. Y reitera que “sus costes deben sufragarse con los impuestos que ya pagan los ciudadanos”, por lo que ha pedido a Renfe que “cese en este tipo de prácticas y que devuelva a los candidatos ya inscritos en este proceso la cantidad abonada por este concepto”.