La ministra Carmen Montón.

Álvaro Martínez.- «Pasión, convencimiento y emoción. Palabras con las que defino esta jornada. La atención sanitaria universal vuelve a ser un derecho básico de toda persona». Más contenta que unas pascuas estaba la ministra de Sanidad, Carmen Montón, el otro día cuando se ufanaba de haber recuperado para España la llamada «sanidad universal», terminando con la reforma de 2012, llevada a cabo en lo más duro de la crisis, que restringía la atención a los extranjeros en situación irregular a casos de accidente y urgencias, embarazadas y menores de 18 años.

En realidad, antes de 2012 tampoco era del todo «universal» ni amparaba a todos los inmigrantes, solo a aquellos irregulares que estaban empadronados en los censos municipales.

Pero anda Montón tan contenta que es no es cuestión de amargarle la fiesta, las albricias y el hito que sacaba a España del lugar oscuro donde le había colocado el perverso Mariano… Bien es cierto que no hay un solo país europeo en el que exista el derecho a la protección y asistencia sanitaria integral, universal y sin condiciones como el que, al parecer, nos ha traído el «Gobierno bonito». Todos recogen, en mayor o menor grado, limitaciones.

Según un informe del Observatorio Eurohealth, solo en 18 de los 29 países europeos se permite a los indocumentados foráneos el acceso a los sistemas de urgencias; en once, además, se requiere el pago de alguna cantidad. En Alemania se permite el acceso a todos los servicios, pero se comunica inmediatamente a los servicios de Inmigración, lo que en la realidad limita su acceso por el riesgo de ser expulsados. En países con un PIB tan rumboso como Noruega se les exige a los inmigrantes el pago completo de los servicios. Así que tampoco es que España fuera desde 2012 un lugar que concediera un trato despiadado a los extranjeros sin regularizar. El caso es que ahora, además de constatar la exultante alegría de la ministra, el asunto es cómo pagar tan formidable universalidad, liquidada «caprichosamente», según los socialistas, por el «maligno» PP, pues sostiene la progresía que es «una falacia que la sanidad universal cueste más dinero que la que no lo es». Veremos.

El Gobierno de Sánchez está logrando avances sociales realmente extraordinarios. Al sindicato de manteros, esas personas dedicadas a la venta callejera de productos falsificados, se acaba de unir, ya con permiso vía BOE, el sindicato de prostitutas, aunque este último dice la ministra de Trabajo que es un gol que le han metido y que lo va a ilegalizar.

Todo es arcangélicamente social en la España del «Gobierno bonito». A ver si Montón le echa la misma «pasión» y «convencimiento» e incluye en su «sanidad universal» a los españoles a los que no se les dispensa ni sufraga fuera de su Comunidad el medicamento recetado por su médico de la Seguridad Social. El mismo día que la ministra saltaba de alegría, las redes sociales se llenaban de quejas de esos españoles, con cara de segundo plato, a los que este veraneo no les valió la receta en una farmacia de su país, ese tan universal que tiene diecisiete sistemas sanitarios.