(R) El Gobierno en minoría de Sánchez está maniatado y es rehén de los peores socios imaginables, los separatistas, que ya amenazan a las claras con dejar caer al Ejecutivo socialista. La capacidad legislativa es nula. El gasto público se dispara para sufragar lo que no es más que la precampaña de Sánchez a costa del dinero de todos los españoles.

Con solo 84 diputados, el PSOE intenta imponer desde el Gobierno una agresiva agenda social y de revisionismo revanchista, que reabre gratuitamente heridas que la Transición había cerrado con éxito. España está parada y amenazada por el aventurerismo de un presidente débil e irresponsable, que no ha sido elegido por los españoles y que ha situado su egoísmo narcisista por encima del interés nacional. Es la hora de la democracia, de permitir que el pueblo español hable libremente en las urnas.

Un Gobierno legal, pero nada democrático. Desde la restauración de la democracia en España, imperaba una norma no escrita por la que todos los partidos admitían que correspondía gobernar a la formación más votada. Siempre fue así, hasta que el PSOE de Sánchez rompió con ese principio democrático. Lo ha hecho además de la peor manera posible, con el apoyo de los partidos de los golpistas Puigdemont y Junqueras y con el de Bildu, los sucesores políticos de ETA. Cuando pudieron votar, los españoles dijeron «no» por dos veces a Sánchez. Obtuvo un pésimo resultado en las elecciones de 2015, con solo 90 diputados. Un año después, lo empeoró y se quedó en sus 84 escaños actuales, con 2,5 millones de votos menos que el PP, el partido ganador de los comicios. El PSOE había reiterado en los últimos dos años que jamás aceptaría apoyos independentistas para alcanzar el poder. José Luis Ábalos, hoy ministro de Fomento, lo enfatizó el 22 de enero de este mismo año: «Los independentistas no pueden ser en ningún caso aliados nuestros ni para una moción de censura». A la vista está que el PSOE ha mentido y engañado a los españoles. Por su parte, el presidente Sánchez también mintió cuando aseguró en su investidura que pronto convocaría elecciones, pues una vez instalado en el poder se desdijo y ahora pretende agotar la legislatura.

Ofrendas a los separatistas a cambio de nada. La desalentadora experiencia de la democracia española ha probado que las concesiones a los nacionalismos solo sirven para que se envalentonen y construyan estructuras de poder orientadas a la ruptura. Con enorme deslealtad, Sánchez ha roto unilateralmente el pacto de los partidos constitucionalistas, con los que rubricó la aplicación del 155, y ha pasado a invocar un diálogo imposible con quienes solo aceptan la fractura de España. Para sostenerse en el poder ha hecho ofertas tan disparatadas como poner en solfa las sentencias del Tribunal Constitucional, o establecer un diálogo bilateral con Cataluña que discrimina al resto de las regiones. Pero todo ese entreguismo no ha dado fruto. Su oferta de reponer el Estatut y sus guiños al nacionalismo a costa de la Constitución han sido airadamente desdeñados por los separatistas. El PDECat, dominado ya al completo por Puigdemont, lo amenazó el lunes a las claras con retirarle su apoyo parlamentario. Los aliados de Sánchez solo se conformarían con un referéndum para romper España, algo que un presidente no puede conceder sin cometer un delito.

Un Gobierno abusivo. Es inadmisible que un Gobierno tan débil como el de Sánchez intente asaltar la televisión pública para someterla a su dictado y el de Podemos; que lance un programa de ingeniería social que atenta contra el 68% de españoles que se declaran católicos; que comprometa el equilibrio presupuestario; que suba los impuestos; que rompa frívolamente la unidad de los partidos constitucionalistas. Su ocupación abusiva del poder se ha reflejado muy simbólicamente en su uso picaresco del avión oficial para disfrutar de un concierto de rock con su mujer. La manera en que lo ha justificado la vicepresidenta Calvo, afirmando que se trataba de un acto cultural institucional, supone, una vez más, engañar los españoles, pues el pasatiempo musical no figuraba en la agenda oficial.

No es razonable seguir así. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, afirmó ayer que el Gobierno no piensa en elecciones, pero acto seguido añadió que el Ejecutivo «no va a resistir más allá de lo razonable». Lo razonable era no haber gobernado jamás con los separatistas, comprometiendo la unidad y necesidades de la nación española. Lo razonable es no mantener ni un día más la ficción de un Gobierno cosmético, instalado en la gestualidad sectaria y que en realidad no gobierna. Padecemos un Ejecutivo estéril, cuya única función es servir de maquinaria de propaganda para los intereses personalistas de Sánchez. Los españoles tienen derecho a expresar en las urnas si quieren o no que les gobierne un presidente no electo en coalición con separatistas y proetarras. Es inadmisible comprometer la unidad nacional y la progresión económica que se legó al capricho de un presidente no votado. No hay salida al final del túnel de Sánchez. AD demanda elecciones.