El Estado de Derecho requiere, por parte de los poderes públicos, el respeto a la legalidad vigente.

Dentro de la legalidad vigente se encuentra el principio procesal de “motivar”, tanto las resoluciones administrativas como las judiciales.

Motivar suficientemente, y con rigor. No basta una mera referencia, superficial a las razones por las que se adopta una determinada decisión, y no otra, o incluso la contraria. Es necesario extenderse en los fundamentos de derecho para dar respuesta a los hechos y circunstancias.

Y esta motivación adquiere su máximo valor y exigencia, cuando se trata de resoluciones administrativas o judiciales que sean limitativas o restrictivas de derechos fundamentales.

Es muy habitual, yo diría una práctica consuetudinaria, las motivaciones de una sola línea, del estilo siguiente: “No han variado las circunstancias”, por ejemplo, para mantener a una persona en prisión como si fuera el Conde de Montecristo, o “las alegaciones no desvirtúan los hechos”, sin molestarse en explicar porque el juzgador a quo o ad quem así lo considera.

En definitiva, son auténticas burlas al ciudadano y contribuyente que les paga el sueldo, y a quien se trata como a un auténtico borrego o besugo, igual –o peor- que se trataba a los súbditos en el siglo XVI, por ejemplo.

Es así muy fácil para el órgano administrativo o judicial la “motivación”, mediante resoluciones estereotipadas, de formulario, en las que únicamente se cambia el nombre del “beneficiario”, y lo digo con sorna, es decir, del destinatario.

Este uso abusivo y contrario al Estado De Derecho deja al ciudadano en una total indefensión y frustración, pues es imposible recurrir contra una resolución de la que se desconoce la ratio dicendi, es decir las razones que han llevado al órgano judicial o administrativo a adoptar una determinada y concreta resolución.

Obviamente, contribuye, y mucho, al deterioro de las autoridades judiciales y administrativas, cuya actuación se asocia en estos casos, que por desgracia son cada vez más habituales, con el despotismo y la arbitrariedad.

Un buen funcionamiento de los poderes públicos debe conllevar que las resoluciones administrativas y judiciales se ajusten a la legalidad vigente para el ciudadano, aunque por fuerza una resolución desfavorable para el interesado, si está suficientemente razonada y argumentada, debe ser aceptada –aunque no estemos de acuerdo con ella-, como la expresión del poder coercitivo del Estado.

Me estoy refiriendo no a las Sentencias, que generalmente están bastante bien motivadas, aunque podamos no estar de acuerdo con ellas, sino a la infinidad de resoluciones tipo autos, providencias, etc., que muchas veces se tira de formulario, y realmente no se sabe por qué se adopta una decisión y no otra.

El respeto al estado de derecho debe ser garantizado, precisamente, por aquellos que son garantes del mismo.

*Jurista y secretario General del sindicato Manos Limpias.