Los investigados evitaron exhibir una actitud altanera ante el juez, no mostraron el menor arrepentimiento por la ejecución del plan que desembocó en la declaración unilateral de independencia y respondieron de forma similar a las preguntas preparadas por sus abogados para intentar demostrar que no se cumple ya ninguno de los tres supuestos que justifican la prisión incondicional. Así transcurrieron los interrogatorios de los antiguos integrantes del Gobierno de Carles Puigdemont y de los líderes de las asociaciones soberanistas ANC y Òmnium Cultural ante el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa por rebelión y sedición contra la cúpula secesionista.

Los ex consellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó, Dolors Bassa y Meritxell Borrás, y los presidentes de ANC y Ómnium Cultural -Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente- no sabrán hasta este lunes a partir de las nueve de la mañana si han convencido con sus argumentos al magistrado Pablo Llarena para que al menos decrete prisión eludible bajo fianza después de tomarles declaración este viernes durante casi cuatro horas y media. De momento no han logrado persuadir ni a la Fiscalía ni a la acusación popular, que siguen apreciando razones para que continúen privados de libertad y han pedido al instructor que confirme la prisión incondicional para todos los investigados.

Según han contado fuentes presentes en las comparecencias, el interrogatorio de las defensas siguió un esquema formado por cinco preguntas fundamentalmente que debían dar pie a las respuestas con las que el juez y las acusaciones vieran disipados el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de la reincidencia en el delito. Éstos fueron los tres motivos invocados por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para decretar prisión preventiva para los imputados.

‘¿Conoce el contenido de los recursos presentados, la resolución de prisión que se dictó contra usted y los hechos que se le imputan?’. De forma casi literal, ésta era la primera pregunta que formulaban sus abogados. La respuesta en todos los casos fue afirmativa. Con la segunda pregunta, las defensas pretendían que quedaría difuminado el riesgo de fuga: ‘Si se decretase la libertad provisional, ¿estaría a disposición del órgano judicial cuando le llamase?’ Ninguno de los investigados dejó la más mínima duda, alegando que ya lo habían demostrado cuando fueron citados por la Audiencia Nacional y no dudaron en acudir.

En este punto, según las fuentes consultadas, invocaron diversos motivos de arraigo para intentar demostrar que no se sustraerían a la acción de la Justicia, como tener hijos pequeños, concurrir a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre o estar todavía pagando las hipotecas de sus viviendas. En 48 horas se conocerá si el instructor considera suficientes estos argumentos.

Del riesgo de fuga a la eventual reiteración delictiva, el núcleo de la decisión que ha de adoptar Pablo Llarena. Es la incógnita a despejar, lo que marca la línea que separa la prisión incondicional de la prisión eludible bajo fianza. ‘¿Acata el artículo 155?’, preguntaban los letrados. “Lo que venían a decir es que discrepaban y rechazaban el hecho de que se haya acordado aplicar el 155 pero que lo acataban. Algo así como ‘No estoy de acuerdo con que el Gobierno haya aplicado este artículo pero lo acato’. Y todos añadían como prueba del acatamiento que ya habían sido cesados de sus cargos y que no habían intentado permanecer en ellos, es decir, que no habían mantenido una postura de fuerza”, relatan las fuentes.

Era la misma argumentación desplegada en el escrito con el que los ex consellers y los líderes de ANC y Òmnium habían pedido al magistrado Llarena que les oyese a fin de que pudiese valorar medidas cautelares menos severas. En ese escrito ya decían que “aceptaron y aceptan” la aplicación del artículo 155 de la Constitución “desde la más profunda discrepancia política y jurídica”, pero sin un acatamiento expreso de la Carta Magna. Y eso es lo que debe valorar ahora el instructor, si el hecho de que no opusieran resistencia a la aplicación de las medidas autorizadas por el Senado al Gobierno para restituir el orden constitucional en Cataluña tras la declaración unilateral de independencia el pasado 27 de octubre es garantía suficiente de que no van a reincidir en el delito por el que están siendo investigados y que, por la gravedad de las penas a las que se enfrentan, ya les ha llevado a pisar la prisión de forma preventiva.

Las fuentes señalaron que fue Dolors Bassa la imputada que más abiertamente reconoció que era consciente de la gravedad que suponía la ilegalidad de pretender la secesión de una parte del territorio y que se cometieron “graves incorrecciones el 1-O”. “Hubo otros que respondieron a esta misma pregunta saliendo por peteneras, diciendo que ya se ha aplicado el 155 pero sin llegar a reconocer que los hechos que han cometido son muy graves”, añadieron.

Acto seguido, la pregunta que se formulaba era la siguiente: ‘¿Descarta la vía unilateral de declaración de independencia?’ Ante esta cuestión, lo que venían a decir es que se entraba “en una nueva fase” que debe estar presidida por la negociación y por interpretar de forma más flexible la Constitución de lo que se ha hecho hasta ahora. “Utilizaban distintas palabras para decir básicamente que por la vía unilateral no lo van a intentar más, pero no descartan la vía de la negociación”, relatan las fuentes. Es por ello por los que los ex consejeros Romeva y Mundó invocaron la ‘vía escocesa’ como solución a la cuestión, es decir, mediante un acuerdo pactado de referéndum entre el Estado y el Gobierno autonómico.

El interrogatorio de las defensas terminaba con una pregunta para que los investigados dejaran claro que se desmarcaban para conseguir sus objetivos de la violencia, presupuesto que exige el delito de rebelión por el que fueron llamados al procedimiento los integrantes del Govern tras la querella interpuesta por la Fiscalía Superior del Estado.

El instructor, que no formuló una sola pregunta y se limitó a dirigir los interrogatorios y a escuchar, ha querido disponer de todo el fin de semana para revisar las grabaciones de las declaraciones y analizar los escritos de la defensa antes de redactar el auto que determinará si la cúpula independentista estará en prisión durante la campaña electoral.