Un grupo de policías patrulla los Campos Elíseos de París después del ataque terrorista del 21 de abril de 2017, en el que murió un agente y otro resultó herido. (Jeff J Mitchell/Getty Images).

Soeren Kern.- El presidente francés, Emmanuel Macron, ha firmado oficialmente una nueva ley antiterrorista que confiere amplios poderes a los prefectos, la policía y las fuerzas de seguridad, sin necesidad de autorización judicial, para efectuar registros en domicilios, practicar arrestos domiciliarios y cerrar lugares de culto. La medida también autoriza a la policía a llevar a cabo controles de identidad en las fronteras francesas.

La nueva ley, aprobada por el Senado francés el 18 de octubre, convierte en permanentes muchas de las medidas excepcionales que antes sólo se aplicaban en un estado de emergencia de dos años, introducidas tras los atentados yihadistas de París en noviembre de 2015. Ese estado de emergencia iba a expirar el 1 de noviembre.

En el acto solemne de la firma en el Palacio del Elíseo el 30 de octubre, Macron dijo que la medida acordada logra un equilibrio entre la seguridad y el respeto por las libertades civiles. Los más críticos reponen que la nueva ley no es suficientemente dura, mientras que las organizaciones de defensa de los derechos humanos se quejan de que pondrá a Francia en un estado de emergencia permanente.

La nueva ley —Ley para el Refuerzo de la Seguridad Interna y la Lucha contra el Terrorismo (Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme)— consiste en siete puntos principales:

Zonas de seguridad. La nueva ley confiere a los prefectos, los altos funcionarios de cada departamento o región de Francia, el poder de designar áreas públicas y eventos deportivos o culturales, conciertos incluidos, que se consideren en riesgo de atentado, como zonas de seguridad. La ley autoriza a la policía a efectuar registros a personas o vehículos que intenten acceder a dichas áreas o eventos. A quien se niegue a someterse a dichos registros se le negará el acceso.

Cierre de lugares de culto. La nueva ley autoriza a los prefectos a ordenar el cierre de mezquitas u otros lugares de culto durante un periodo de hasta seis meses si se considera que los predicadores expresan “ideas o teorías” que “inciten a la violencia, el odio o la discriminación, provoquen la comisión de actos de terrorismo o ensalcen dichos actos”. Las infracciones son castigables con seis meses de cárcel y una multa de 7.500 euros. Los detractores de la ley sostienen que las “ideas” y las “teorías” son subjetivas y por lo tanto que la ley da pie a abusos.

Arresto domiciliario. La nueva ley autoriza al ministro del Interior a confinar a islamistas sospechosos, incluso aunque no estén acusados de un delito específico, al pueblo o ciudad de su domicilio. Cualquier individuo sobre el que haya “serios motivos para creer que su conducta constituye una amenaza particularmente grave para la seguridad y el orden públicos” podría ser sometido a arresto domiciliario —sin previa autorización judicial— durante un periodo de tres meses, renovable por periodos adicionales de tres meses hasta un periodo máximo de un año. Se exigirá a los individuos en confinamiento que informen en las comisarías locales una vez al día. Alternativamente, estas personas podrían ser sometidas a vigilancia electrónica móvil. El ministro del Interior también podría prohibir a los individuos establecer contacto directo o indirecto con ciertas personas, identificadas por sus nombres, de las que se cree que representan una amenaza para la seguridad pública. La infracción de estas medidas es castigable con tres años de cárcel y una multa de 45.000 euros.

Registro y confiscación. La nueva ley autoriza a un prefecto a solicitar al juez una orden de registro del domicilio de cualquier sospechoso que represente una amenaza para la seguridad pública. El individuo al que se le realiza el registro puede ser detenido hasta cuatro horas si representa “una amenaza de particular gravedad para la seguridad y el orden públicos” y tiene “contacto habitual con personas u organizaciones con propósitos terroristas” o apoya o se adhiere a ideas que inciten a dichos actos. La ley también autoriza a la policía a confiscar cualquier documento, objeto o dato electrónico que se encuentren en el lugar del registro.

Funcionarios radicalizados. Un funcionario que trabaje en los ámbitos de la seguridad nacional o la defensa puede ser transferido e incluso despedido del servicio público si se considera que tiene creencias que son “incompatibles con el ejercicio de sus deberes”. También se puede licenciar a soldados por motivos similares.

Vigilancia electrónica y recopilación de datos. La nueva ley autoriza al ministro del Interior, al ministro de Defensa y al ministro de Transporte a recopilar las comunicaciones telefónicas o los correos electrónicos de sospechosos “para prevenir, detectar, investigar y perseguir los delitos terroristas y otros delitos graves”. La ley también permite a los servicios de seguridad a acceder a información sobre viajes, incluida la que tienen las agencias de viajes, sobre los pasajeros que viajen en avión y barco. La recopilación de datos “deberá excluir todos los datos personales que puedan revelar el origen racial o étnico e una persona, las creencias religiosas o filosóficas, las opiniones políticas, la pertenencia a sindicatos, o datos relacionados con la salud o la vida sexual de la persona concernida”.

Controles fronterizos. La nueva ley autoriza a la policía a realizar sin previa autorización controles de identidad en más de 118 áreas fronterizas y 373 aeropuertos, puertos y estaciones de ferrocarril, así como en las zonas colindantes hasta un radio de 20 kilómetros. Esto abarca el 28,6% del territorio francés y el 67% de la población urbana, según Le Monde. Los críticos dicen que esto incluye muchos suburbios de inmigrantes y podría dar lugar a un acoso contra las minorías étnicas.

Macron insistió en que la nueva ley permitirá a las autoridades combatir el terrorismo “sin abandonar nuestros valores o principios” y que consagrará “el pleno y permanente respeto por el orden y las tradiciones de libertad en Francia”. También se comprometió a revisar la ley al cabo de dos años y hacer cualquier cambio que se considere necesario.

Marine Le Pen, líder del Frente Nacional, partido anti establishment, criticó la ley por ser demasiado débil: “Esta ley es una estafa, un subestado de emergencia, no vamos a votar a favor de este texto dañino. Será menos eficaz incluso que el estado de emergencia, porque es menos aplicable. Este texto ni aborda la dimensión específicamente islámica del terrorismo o la ideología islamista que nos ha declarado la guerra”.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, en cambio, se quejaron por lo que han descrito como una “normalización de los poderes de emergencia”. Human Rights Watch escribió:

“La ley toma elementos de las prácticas de emergencia —poderes de registro intrusivos, restricciones a personas que bordean el arresto domiciliario, cierre de lugares de culto— que se han utilizado de manera abusiva desde noviembre de 2015, y los convierte en una práctica penal y administrativa normal. Todo esto se hace de una forma que debilita el control de los jueces y el control de los abusos en cómo utilizan estos nuevos poderes antiterroristas los prefectos, los delegados nombrados por el Ministerio en cada región”.

Amnistía Internacional expresó las mismas preocupaciones: “En vez de marcar el inicio de un periodo de restauración de las libertades y derechos civiles, las leyes amenazan con hacer lo contrario incorporando una serie de medidas represivas a la ley ordinaria”.

La nueva ley se ha encontrado con pocas resistencias de la opinión pública. Una encuesta del 26 de septiembre realizada por Le Figaro reveló que el 57% de los encuestados dijeron estar a favor de la nueva ley; el 62% de los encuestados dijeron que la medida infringiría las libertades civiles; y el 85% dijo que mejoraría su seguridad.

Más de 230 personas han sido asesinadas en atentados yihadistas desde que en Francia, en enero de 2015, los radicales islamistas atacaron las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo en el centro de París.

Las últimas tragedias ocurrieron el 1 de octubre, cuando un inmigrante ilegal tunecino de 29 años mató a puñaladas a dos mujeres en la estación central de trenes de Marsella. El hombre, identificado como Ahmed A., estaba utilizando siete identidades diferentes y tenía un largo historial de delitos menores. Había sido arrestado tan sólo días antes del ataque por robar en una tienda, pero se retiraron las acusaciones contra él por falta de pruebas. Aún se desconoce por qué nunca fue deportado.

La policía y los servicios de inteligencia franceses están vigilando a unos 15.000 yihadistas que viven en suelo francés, según informó Le Journal du Dimanche el 9 de octubre. De ellos, unos 4.000 están “en lo más alto del espectro”, con una mayor probabilidad de llevar a cabo un atentado.

De los 1.900 yihadistas franceses que están combatiendo con el Estado Islámico, nada menos que una quinta parte ha recibido hasta 500.00 euros en prestaciones sociales del estado francés, según reveló Le Figaro el 26 de octubre.