El presidente de las Filipinas, Rodrigo Duterte, propone reducir la edad de imputabilidad penal de 15 a 9 años.

Duterte describió la ley que propone como una manera de detener a una «generación de delincuentes» en el mismo momento en que se inician en el crimen. A los ladrones y traficantes en edad escolar «hay que enseñarles responsabilidad», dijo. El borrador del texto menciona entre sus considerandos la manera en que las autoridades «miman» a los delincuentes juveniles.

«La guerra contra las drogas ha sido violenta», dijo Rowena Legaspi, del Centro de Derechos y Desarrollo de Niños, a The Washington Post. «Esto es un esfuerzo por extender la campaña criminalizando a los menores y legitimando la violencia estatal contra los niños». Para la directora ejecutiva del grupo que documenta el impacto de la violencia en la minoridad la perspectiva oficial está equivocada: «Sí, hay niños a los que las mafias usan para cometer delitos, pero destacamos que esos niños son víctimas». La nueva ley le otorgará a la policía espacio para encontrar sospechosos entre esas víctimas menores.

A Duterte no le interesaron esos puntos de vista ni los de otros grupos de derechos humanos que argumentaron contra el proyecto por contraproducente y cruel. «En mi país ninguna ley me prohíbe que amenace a los delincuentes», dijo en una entrevista con Al Jazeera. «No me importa lo que digan los tipos de los derechos humanos. Tengo el deber de preservar la generación. Si involucra a los derechos humanos, no me importa. Tengo que provocar miedo».

En esa ocasión el presidente filipino habló de dos niños muertos en dos semanas: una niña de cinco años, a la que dispararon asaltantes desconocidos que irrumpieron en su casa para buscar a su abuelo, sospechoso de tráfico, y un chico de cuatro años que recibió una bala inadvertidamente durante una operación para detener a su padre. «Son daño colateral», dijo Duterte. «Tenemos 3 millones de adictos, y en aumento. Así que si no prohibimos esto la próxima generación va a tener un problema serio».