Si usted firmó una hipoteca que no puede pagar, le vendría bien disponer de un pasaporte de Ecuador. Amparándose en la Convención de Viena, el gobierno de Rafael Correa inició a principios de 2012 un programa para proporcionar asesoría legal gratuita a inmigrantes con problemas hipotecarios en España. Según datos de la cooperativa de abogados que coordina el proyecto, hoy atienden a unas 100 personas al día, han ayudado a cerca de 8.300 familias y han resuelto «de manera satisfactoria» un total de 1.690 casos.

“Empezamos en Barcelona, Madrid, Murcia y Valencia, pero la demanda era tan alta que ahora atendemos en 21 ciudades, con 35 abogados que tardan una media de dos o tres días en dar cita a quienes solicitan ayuda”, dicen en la embajada, donde se sienten particularmente orgullosos de un dato: desde que arrancó la iniciativa, sólo ha sido desahuciada una familia ecuatoriana de las cerca de 18.000 en procesos de impago.

El único requisito para acceder al servicio es tener nacionalidad ecuatoriana. «Se nos acerca gente de otros países y nos pide que les ayudemos, pero no estamos capacitados para hacerlo», comenta una de las abogadas, Alejandra Jacinto.

En los últimos dos años se han producido «casos puntuales» de españoles casados con parejas ecuatorianas que fueron atendidos tras obtener la nacionalidad del país andino. Jordi es uno de ellos y nos relata su historia por teléfono, desde un pueblo cerca de Sabadell. «Yo era mecánico y me quedé sin empleo. Tenía firmada una hipoteca de 1.000 euros al mes y no la podía pagar. Fue una pesadilla, un acoso. Al principio intenté resolverlo por mi cuenta y no lo conseguí. Me engañaban todo el rato. Me acerqué a las plataformas y me enteré del programa del consulado de Ecuador. Gracias a ellos y a la PAH, en 2014 conseguí la dación en pago y el alquiler social», dice.

Los letrados del programa son españoles, profesionales en activo que pasan la minuta al ministerio de Exteriores de Ecuador. La embajada asegura que el coste es «totalmente asumible» y que no supone un desembolso importante, aunque no facilitan la cifra.

“No llegamos al punto de defender a los hipotecados en juicio, eso sería costosísimo y requeriría muchos más recursos. Nos limitamos a informar, asesorar y orientar durante el proceso legal de manera personalizada y, al mismo tiempo, trabajamos la vía extrajudicial, que es donde más éxito tenemos. Es decir, intentamos llegar a un acuerdo con el banco para que se paralice el procedimiento judicial. Cuando es necesario, acompañamos al afectado en la negociación”, matiza la coordinadora jefe del proyecto, la abogada Elena Marcello, de la Cooperativa Kinema.

¿Qué se puede conseguir de manera extrajudicial? «Un acuerdo satisfactorio para ambas partes», dice. Muchos inmigrantes ecuatorianos lo que buscan es la dación en pago para marcharse sin problemas legales a otro país europeo o a Ecuador. La mayoría, sin embargo, planean quedarse y necesitan una «solución habitacional», por utilizar la jerga del sector.

«En esos casos lo que se intenta es una quita, reestructuraciones de deuda o una dación en pago con alquiler social para que se puedan mantener como inquilinos», aclara Marcello. «Lo lamentable de todo esto», continúa, «es que seguimos atendiendo al mismo número de afectados que al principio, o incluso más. Aunque a veces de esa sensación, no se está acabando el problema».

Varios abogados y activistas consultados comentan que el programa de la embajada de Ecuador ha sido un modelo para iniciativas que han ido surgiendo después. «Ahora hay otras experiencias de intermediación hipotecaria, como la del Ayuntamiento de Madrid, pero la de Ecuador fue sin duda la pionera», reivindica Marcello, cuyos abogados trabajan codo con codo con las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH)

La primera sesión del programa de asesoría suele dedicarse a tranquilizar a las familias. «Mucha gente, sobre todo en su primera cita, te cuenta que han llamado a sus familiares amenazando con embargar sus bienes si no pagaba inmediatamente la cuota, con retenerlos en el aeropuerto, con arrebatarles a los niños, expulsarles del país o meterlos en la cárcel. Así que lo primero que hay que hacer es conseguir que pierdan el miedo y explicar que esas amenazas no son ciertas», comenta Jacinto. «Se enfrentan a situaciones de verdadero acoso».

Ligia Rojas, ecuatoriana casada con un alicantino, recuerda haber pasado momentos de «pánico» en el salón de casa. Al final, consiguieron que Caja Murcia aceptase la dación en pago. «Perdí el piso, pero me quité la deuda de 178.000 euros que teníamos. Primero nos ayudó una abogada que es prima de mi marido. Presentamos papeles por un lado y por otro, pero nos decían que era imposible y nos llamaban por la noche, a cualquier hora. Al final, con ayuda del consulado resolvimos el trámite en un año y llegamos a un acuerdo», dice.

Durante la «fiebre del oro» hipotecaria, en los contratos firmados por la comunidad ecuatoriana se hicieron comunes los avales cruzados, en los que muchas veces los intervinientes en la hipoteca ni siquiera se conocen. «Son trucos que usaban para dar más y más préstamos. Ahora deshacer esas madejas y llegar a soluciones es un problemón».

Pese a la tasa de éxito, se trata de negociaciones muy largas de las que muchas familias salen con secuelas importantes. «El mes pasado pusimos en marcha también un centro de atención psicosocial como complemento a la asistencia jurídica porque el impacto en la vida de estas familias a veces es incluso más grave que el problema hipotecario. Viven situaciones límite y quedan muy tocados, con cuadros serios de estrés y ansiedad. Es una pelea, una batalla», lamenta Marcello.

Los abogados de la Cooperativa Kinema dicen haber notado un importante cambio de actitud por parte de los bancos en los últimos meses. «Cuestiones que hace cinco años sonaban a utopía, como las quitas o la dación en pago, ahora están a la orden del día. Los desahucios han pasado de ser un problema individual a un problema de país y la sensibilidad es distinta ahora, además de que ha habido advertencias serias desde la Unión Europea», opina Jacinto.

El embajador de Ecuador en Madrid, Miguel Calahorrano, se siente parte de ese cambio «Hacemos más de cien asistencias diarias, estamos en una suerte de guerra y a los bancos no les gusta. Pero vemos que la actitud es ahora más positiva. Me he reunido personalmente con siete gerentes de bancos españoles y ellos, la verdad, me han agradecido la visita. Dicen que nuestra intermediación facilita las negociaciones y desbloquea procesos jurídicos que no interesan a nadie», dice.

Empleados bancarios consultados en zonas de Madrid con altas tasas de población ecuatoriana dijeron estar al tanto del programa de intermediación de la embajada. «Vienen mucho más preparados y mejor protegidos que otros inmigrantes. A nosotros también nos facilita las cosas, es más fácil negociar con quien conoce su caso».