Pedro Sanchez, secretario general del PSOE, en el acto de presentación de candidatos al Congreso de su partido

Si Pedro Sánchez, líder del PSOE, es presidente del Gobierno revisará toda la economía que atañe a la Iglesia Católica para que paguen por los inmuebles que no dedica al culto.

Así figura en el borrador de su programa electoral en el apartado de laicidad en el que se ha decidido “la reclamación de la titularidad del dominio de los bienes que desde 1998”la Iglesia Católica inmatriculó  sin tener títulos que justificaran su propiedad.

El avance hacia “la autofinanciación de las confesiones religiosas” y la “revisión de los acuerdos con el Vaticano”, son otras de las propuestas, junto a la elaboración de “un protocolo para la organización del actos de Estado de carácter civil”, para que los homenajes no siempre sean religiosos.

El texto base del programa de Pedro Sánchez, en el apartado de laicidad, aborda el siempre delicado asunto de las relaciones con la Iglesia Católica. Si llega al Gobierno”revisará los acuerdos de España con la Santa Sede”, compromiso que ya figuraba con el anterior candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, de imposible cumplimiento al perder las elecciones.

En todo este largo epígrafe se desprende el objetivo de eliminar privilegios a la Iglesia católica desde la perspectiva económica. Se alude al resto de las iglesias pero, en puridad, el trato desde el Estado a la católica, absolutamente mayoritaria en España, es de gran deferencia.

“Avanzaremos en la autofinanciación de las confesiones religiosas y estableceremos una fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones religiosas que no están afectos a uso de culto”, dice el borrador.

Actualmente la Iglesia no paga impuestos por los templos donde ejerce el culto, pero tampoco por los inmuebles que no están dedicados a ese uso. La polémica por la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles tiene años de antigüedad, y ningún Gobierno lo abordó; tampoco el del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Ahora Pedro Sánchez abre el debate, muy demandado en su partido, sobre las relaciones con la Iglesia en un Estado aconfesional como es España constitucionalmente.

Además de la exigencia del pago de impuestos, el PSOE aborda otro asunto pendiente en el que no ha tenido una actitud siempre lineal. “Reclamaremos la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, si no hay un título material que lo justifique”.

Se trata de revertir la “apropiación masiva de la Iglesia Católica sobre bienes públicos”, según denunció el PSOE el pasado año. La Iglesia ha tenido la capacidad de poner a su nombre edificios, locales, tierras y templos sin necesidad de demostrar los títulos de propiedad de los mismos.

Eso ha sido factible durante muchos años en virtud de la Ley Hipotecaria de 1946 que no exigía a la Iglesia ningún título acreditativo. El PSOE fue criticado en octubre de 2014 por Izquierda Unida y por las plataformas ciudadanas que le pedían acudiera al Tribunal Constitucional para denunciar esta situación, lo que no hizo.

El Partido Socialista Canario abrió una nueva etapa ayer al presentar un acuerdo con Nueva Canarias, un partido que se define como “nacionalista y progresista”. José Miguel Pérez, secretario general de los socialistas canarios, explicó que cuentan con el aval de Pedro Sánchez: “Nos ha apoyado en todo momento en este proceso”, dijo.

Y lo rubricó con un “ahora empieza todo, otra vez”. Para el presidente de NC, Román Rodríguez “es muy importante que Pedro Sánchez sea el próximo presidente, compartimos con el PSC algo esencial: una reforma constitucional que dé a Canarias una posición distinguida”.

Un cambio en la Ley Hipotecaria impedirá que la Iglesia siga con esa práctica, pero del pasado nada dice. Esta es la razón por la que Pedro Sánchez va “a reclamar” a la Iglesia los bienes cuya propiedad no pueda demostrar.

Otro debate nunca zanjado en el PSOE ha sido sobre el papel de la iglesia en los llamados funerales de Estado“Elaboraremos un protocolo para organizar actos de Estado de carácter civil”, se lee en el borrador del programa.

No va más lejos, pero el fondo está en si es razonable en un Estado aconfesional que el homenaje a españoles muertos por accidentes, actos militares o catástrofes, tengan que hacerse con una misa de rito católico.

En el apartado de Renovación Democrática se endurecen las condiciones para que un cargo público pueda incorporarse al sector privado, la llamada “puerta giratoria”. La incompatibilidad de quien sale de la Administración para relacionarse con empresas del mismo sector se ampliará de dos a cinco años si gobierno el PSOE. Se prohibirá también la concesión de indultos por delitos de corrupción.

El debate sobre cómo afrontar la prostitución no está zanjado. De entrada, en el borrador del programa electoral los socialistas han escrito que “se sancionará el uso y demanda de la prostitución”. Habrá sanción, pero en el borrador del programa no figura en qué consistirá la pena.

Las fuentes conocedoras de las deliberaciones señalan que ha habido un intenso debate sobre la legalización o prohibición de la prostitución pero sin solución final de momento, salvo que hay que castigar al usuario por una ley nacional. Así lo hacen en algunos países europeos y también hay reglamentaciones municipales que lo sancionan.