El anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, establece por primera vez un marco legal para las medidas de investigación tecnológica dentro del proceso penal y fija plazos de instrucción para las causas simples y complejas -de seis y 18 meses, respectivamente-, que se podrán prorrogar por esos periodos de forma indefinida.

Estas son dos de las grandes novedades del texto presentado por el Ministerio de Justicia y que supone una importante modificación de la norma que data de 1882 y afectará de lleno al marco legal que utilizan los juzgados y tribunales de lo penal del país. La regulación de los requisitos para la investigación tecnológica, un campo arduo por las características del delito y la colisión en ocasiones con derechos fundamentales como la intimidad, permitirá a partir de ahora que las fuerzas de seguridad cuenten con la cobertura necesaria para intervenir correos electrónicos y mensajes de móvil, los SMS o los ‘whatsapp’.

Hasta la fecha, la interceptación de estas comunicaciones discurría por aguas movedizas, sin una cobertura legal articulada. Una circunstancia que ha sido objeto de críticas continuas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también hace unas semanas del Tribunal Constitucional, que emplazó al legislador a abordar la reforma por afectar a la esfera más íntima de las personas. Hace pocas fechas, la corte de garantías invalidó como prueba de cargo la grabación de las conversación en un calabozo de una comisaría a un condenado por asesinato. Esta sentencia provocó un efecto cadena en causas de narcotráfico, por ejemplo, que tienen su origen muchas veces en ‘pinchazos’ telefónicos.

La reforma del proceso penal permitirá, asimismo, que el juez pueda acordar en resolución motivada y durante tres meses prorrogables por iguales periodos, hasta un máximo de dos años, la interceptación de las «comunicaciones postales y telegráficas» de las personas sobre las que hay indicios de responsabilidad criminal. Un matiz importante es que, «en caso de urgencia» y cuando el delito sea de «especial gravedad», podrá ordenarla el ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad, quienes deberán comunicarlo de inmediato y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 24 horas, al juez. Éste revocará o confirmará la actuación en un periodo de 72 horas.

Grabar en los domicilios

De igual forma, la Policía Judicial podrá intervenir las comunicaciones de forma autónoma durante un periodo máximo de 24 horas cuando, por razones de urgencia o del delito, ya sea terrorismo, que afecte a menores o que sea de especial gravedad, sea necesario en el marco de una investigación.

El nuevo marco legal permitirá colocar dispositivos electrónicos para grabar conversaciones o imágenes en el domicilio de la persona investigada. La medida deberá ser autorizada por el juez competente, de la misma forma que lo tendrá que ser la entrada en esa vivienda «o en alguno de los espacios destinados al ejercicio de la privacidad».

Otra pata de la reforma son las medidas de agilización procesal. Una de las soluciones planteadas pasa por limitar los plazos de instrucción a seis meses en los asuntos simples, y a 18 meses prorrogables sin límite para las investigaciones complejas, como las de terrorismo, banda criminal o ‘macrocausas’ con múltiples delitos. También regula la posibilidad de juzgar de forma separada piezas que corresponden a un mismo procedimiento, de forma que la conexidad que la ley exige no opere de forma tan rígida.

El anteproyecto de ley pasará ahora los pertinentes informes consultivos, como el del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, antes de llegar al Parlamento convertido en proyecto. Se espera para febrero.

Principales medidas

-Fin de los macrojuicios. En principio, cada delito debe dar lugar a una instrucción independiente para evitar las grandes y largas causas.

-Causas sin detenido. Las causas menores sin autor conocido no se judicializarán hasta que exista un sospechoso o detenido.

-Límite de instrucción. La instrucción penal tendrá un límite de 6 meses para asuntos simples y de 18, prorrogables por igual tiempo, para investigaciones complejas.

-Comunicaciones. La reforma amplía la posibilidad de escuchas y pinchazos con micrófonos, en internet y móviles, así como el uso de instrumentos de seguimiento.

-Conformidades. Facilita que el fiscal y el acusado alcancen acuerdos sin llegar a juicio en delitos menores, como en tráfico.

-Nuevos recursos. Se crea la segunda instancia penal para los procesos juzgados en primera instancia en audiencias provinciales y Audiencia Nacional.

-Traslación de fallos. Será el Tribunal Supremo el órgano que decida cómo se aplica una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que afecte a España.

-Comiso. Se facilita la recuperación de los bienes que corruptos y bandas han ocultado o transferido a terceras personas y se crea una oficina para ejecutar la medida.