LT.- En la siguiente entrevista, el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y miembro fundador del partido ‘Soluciona’, Luis Zapater Espí, desmenuza el alcance legal y social de la revocación de la llamada ‘doctrina Parot’ por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y lamenta las pocas herramientas efectivas con que cuenta España para hacer frente a la controvertida sentencia.

Pese al duro revés que esta resolución del TEDH supone para las víctimas del terrorismo, Zapater cree que el Gobierno de Mariano Rajoy “se limitará a protestar con la boca pequeña y a continuación a pasar página”.

-¿En qué consiste la Doctrina Parot?

La doctrina Parot es el nombre habitual con el que se conoce la jurisprudencia establecida a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 2006 (resolución a un recurso presentado por Henri Parot, miembro de la organización terrorista ETA) por la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios, tales como trabajo, estudios… se aplica respecto de cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión que, según el ya derogado Código Penal de1973, es de 30 años.1 Esta doctrina fue modificada en 2008 solo parcialmente por el Tribunal Constitucional de España en la conocida como doctrina del doble cómputo penal.

Con ocasión del recurso de casación presentado por Henri Parot, miembro de la organización terrorista ETA contra el auto dictado por la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estableció, en el fundamento de derecho quinto, y en lo que afectaba al cumplimiento de las condenas y su límite máximo, que la forma de cumplimiento de la condena total, será de la manera siguiente: se principiará por el orden de la respectiva gravedad de las penas impuestas, aplicándose los beneficios y redenciones que procedan con respecto a cada una de las penas que se encuentre cumpliendo. Una vez extinguida la primera, se dará comienzo al cumplimiento de la siguiente, y así sucesivamente, hasta que se alcanzan las limitaciones dispuestas en la regla segunda del art. 70 del Código penal de 1973. Llegados a este estadio, se producirá la extinción de todas las penas comprendidas en la condena total resultante.

-¿Cuál ha sido en síntesis la posición de la sentencia del TEDH?

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió definitivamente en un recurso presentando por una condenada de ETA, que la aplicación de la doctrina Parot con carácter retroactivo vulneraba el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El 10 de julio de 2012, la Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que la llamada doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo español en 2006y refrendada por el Tribunal Constitucional, cuya aplicación retroactiva violaba los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos respecto “al que establecen la irretroactividad de las leyes penales desfavorables”, por lo que instó al gobierno español a poner en libertad a Inés del Río Prada, miembro de ETA condenada a más 3.000 años de cárcel por varios atentados terroristas y que, después de 18 años de cárcel, tenía que haber sido puesta en libertad el 3 de julio de 2008 por haber obtenido los beneficios penitenciarios establecidos en el Código Penal de 1973 (redención de penas de hasta 12 años por trabajo o por estudios).

La respuesta del Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, fue discrepar “severamente” de la sentencia y anunciar el recurso ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo y que, en tanto se sustancia, no se pondría en libertad a la condenada porque existía riesgo de fuga “sin ningún género de dudas”.

El recurso presentado por España ha sido resuelto por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos compuesta por 17 magistrados, el pasado 21 de octubre de 2013, y ah establecido que la doctrina Parot, por su carácter carácter retroactivo vulneraba el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que el Tribunal Supremo aplicó de forma retroactiva jurisprudencia más desfavorable al reo, siendo que la Constitución española, en su artículo 9, prohíbe la retroactividad. En este sentido, el alto tribunal consideró “detención ilegal” la permanencia de la penada, Inés del Río, en prisión. El Tribunal Europeo recordó que su sentencia sentaba jurisprudencia, tenía carácter vinculante y que el Estado español se había comprometido, como firmante del convenio del propio Tribunal, a acatar la sentencia y cumplirla.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, compuesta por 17 magistrados, al día siguiente de la sentencia del TEDH de 21 de octubre de 2013, resolvió por unanimidad la puesta en libertad inmediata de la miembro de ETA, Inés del Río, lo que se cumplió por Instituciones Penitenciarias en la misma tarde del 22 de octubre, saliendo de la cárcel de Teijeiro en la provincia de La Coruña.

La sentencia podría afectar a más de 50 miembros de ETA condenados por terrorismo a los que también se les había aplicado la doctrina Parot y que recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para pedir su puesta en libertad, aunque en la resolución del caso en la Gran sala, se hizo mención a que se debería estudiar cada caso.

-Dejando al margen el escándalo que supone que cientos de delincuentes comunes y terroristas vayan a salir a la calle, ¿Cómo valora desde un punto de vista estrictamente jurídico la sentencia?

La sentencia parte de una interpretación que entiendo jurídicamente posible al aplicar un principio de prohibición de la retroactividad contra reo, pero en una interpretación que estimo demasiado legalista, más favorable al reo que lo que la propia Ley establece, por lo que la entiendo jurídicamente discutible, dado que no está claro que haya una aplicación retroactiva de la Ley, porque lo que ha entendido contrario a los derechos Humanos la Gran Sala del Tribunal es la interpretación que la Jurisprudencia española ha hecho de la aplicación de la legislación penal y penitenciaria, luego se podría decir estrictu sensu que no hay una aplicación de una Ley retroactiva, sino que es un problema de mera interpretación jurisprudencial, de manera que no operaría la retroactividad de la Ley en perjuicio de reo, dado que no es una nueva Ley la que diga que los beneficios penitenciarios de las penas deban computarse a la manera de la sentencia del caso Parot, sino que son los jueces (que no son legisladores porque el poder judicial no crea las leyes sino que las interpreta), los que han establecido esta interpretación.

En resumidas cuentas, entiendo que si el Parlamento español hubiera modificado el Código Penal endureciendo la aplicación de las penas por delitos de terrorismo aplicándose estas nuevas penas más duras a casos ya juzgados por sentencia firme, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tendría al 100% razón en el FALLO de su sentencia, pero no es el caso, por lo que sospecho que además de razones jurídicas han pesado razones políticas.

-¿A qué se refiere cuando menciona razones políticas que hayan influido en la resolución del caso Parot por el TEDH?

Porque en temas judiciales de gran trascendencia política yo no creo en las casualidades. Resulta un tanto extraño que el Magistrado Luis López Guerra fuera destinado al TEDH pocos meses antes de la presumible votación en la Gran Sala de la doctrina Parot, un Magistrado que siempre se ha opuesto a esta doctrina, hasta el punto de que la Asociación de Militares Españoles (AME) ha reclamado que “sea juzgado bajo fuero militar como reo de conspiración y traición consumadas a España”, por haber apoyado con su voto en el Tribunal Europeo al terrorismo, al igual que esta asociación de militares pidió que fuera juzgado por terrorismo el ex presidente Rodríguez Zapatero o los dirigentes del PNV o la Esquerra.

Es evidente que el Magistrado López Guerra, nombrado a dedo por el PSOE para formar parte del Tribunal Constitucional, uno de los máximos responsables de la politización de la justicia en España, (de hecho el antes de acceder al TC nunca había ejercido de Juez, sino que era Catedrático de Derecho Constitucional y militante del PSOE), es evidente, digo, que este Magistrado iba a votar contra la doctrina Parot una vez llegara al TEDH porque se había opuesto a la misma como Magistrado del Constitucional. Curiosamente, Zapatero deseaba que formara parte del TEDH y así se hizo, por lo que, como muy bien dijo la periodista Isabel San Sebastián en un programa de Televisión, la llamada tregua de ETA que vendió como gran éxito personal el ex presidente de la ceja tenía como parte del precio la derogación de la doctrina Parot.

¿Y por qué, podemos preguntarnos, pese a tener mayoría absoluta el PP no cambio la presencia española en el TEDH ni hizo nada al respecto? Pues según la citada periodista, porque Rajoy y Zapatero pactaron no tocar el tema a cambio de la famosa tregua de ETA, de la misma manera que sospecho va en el mismo paquete que no vuelva a ser delito la convocatoria ilegal de referéndums, delito establecido a instancias del gobierno Aznar para frenar el plan Ibarreche, pero que Zapatero derogó, derogación que ha sido confirmada por Rajoy porque al respecto no ha movido ficha.

-¿Qué posibilidades tiene el estado español a la hora de afrontar esta sentencia tan desfavorable para las víctimas del terrorismo?

Dados los antecedentes políticos del caso Parot y lo que supongo ha pactado el Gobierno, pienso que Rajoy, como ha hecho, se limitará a protestar con la boca pequeña y a continuación a pasar página. Esto ha motivado una serie de protestas e iniciativas ciudadanas, pero que creo que no irán a ninguna parte.

En este sentido he leído que la organización Hazte Oir pretende recabar firmas para que el Estado Español incumpla la resolución del TEDH porque dicen que las sentencias del TEDH ni son vinculantes ni de obligado cumplimiento, pero creo que esta afirmación es salirse por la tangente no afrontando un problema real que ahora tiene el Estado por la cesión de soberanía a favor de la UE. Efectivamente, es cierto que las sentencias del TEDH no son directamente vinculantes a diferencia de las directivas comunitarias o las decisiones de obligado e inmediato cumplimiento si el Estado no las aplica pasado el plazo previsto para ello, pero no lo es menos que como dice el art. 96 de la Constitución Artículo 96

Primero, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

Segundo, para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Como España firmó el Tratado de adhesión al TEDH no tiene más remedio que acatar su sentencia. Isabel Sansebastián en un programa de TV dijo que no es obligado acatarla inmediatamente, y ello es cierto, pues puede pedirse alguna consulta jurídica a la Abogacía del Estado, pero antes o después se tendría que cumplir, salvo que el Gobierno entendiera que por interés nacional no debiera ser ejecutada, pero esto, dejando al margen el tema del desprestigio que causaría en organismos internacionales, cosa que después de la pérdida de peso de España en el ámbito internacional desde los últimos 40 años me preocupa bien poco, esto podría dar lugar a algún tipo de sanción por parte del Tribunal contra España por incumplimiento del Tratado, de manera que el Gobierno, si fuera coherente con el interés nacional de España, debería haber denunciado el Tratado ya desde El 10 de julio de 2012, cuando la Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que la llamada doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo español en 2006y refrendada por el Tribunal Constitucional, violaba los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos. De manera que el Gobierno, que tanto nos exprime a impuestos y recortes aprobados mes a mes, ha estado un año sin mover ficha en un asunto que era previsible que acabara en escándalo, pero dado el más que probable pacto sobre el futuro de ETA con Zapatero, es lógico que no moviera nada.

De otro lado, Hazte Oir pide firmas para conseguir que se incumpla una Sentencia que ha sido dictada por un Tribunal que procede de un Tratado Internacional, de manera que indirectamente esas firmas afectarían a la denuncia de un Tratado, lo que no permite la Constitución Española de 1978 pues el artículo 87.3 que regula la iniciativa legislativa popular, dice que no procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Esto es un ejemplo más del “encanto” democrático de nuestra Constitución, que no permite que el pueblo decida en referéndum ni materias regulables por Ley Orgánica,, ni materias tributarias, ni Tratados internacionales, ni tampoco la polémica prerrogativa de gracia que graciosamente ha ejercitado el Sr. Ministro Gallardón indultando a delincuentes con delitos de sangre.

-¿Qué debería hacer el Estado?

Para proteger la dignidad de las víctimas y evitar nuevas víctimas y otros casos de escándalo habría que denunciar el tratado por el procedimiento que establece la constitución en el art. 94, lo que podría suponer que en la práctica España fuera expulsada de la UE, cosa que ninguno de los partidos del sistema aceptaría.

También hay que decir que si se ha llegado a esta situación escandalosa de rebaja de penas es por el sistema penitenciario que combina la reducción de penas por trabajo con el principio de la reinserción proclamado como fin principal de las penas en la Constitución en el artículo 25.2, y que debería ser sustituido por otros principios de Dcho. penal como la justicia conmutativa, el resarcimiento del daño o la prevención general o especial.

Resulta curioso que estos días hemos descubierto que el culpable de todo este escándalo, ¡cómo no iba a faltar! es Franco. Sí Franco. El otro día un herido del atentado de Hipercor decía que la culpa la tenía el Código Penal de 1973 porque establecía la redención de penas por el trabajo. Ello es cierto, pero es una media verdad. Es cierto que hasta los peores criminales podrían acogerse con el Código Penal de Franco a la redención de penas por el trabajo, pero no lo es menos que era un instrumento para atenuar el rigor del Código Penal, porque en aquella época, en época de la llamada “oprobiosa dictadura” existían dos instituciones muy saludables para la Justicia y la defensa de la sociedad frente al crimen, que eran la cadena perpetua y la pena de muerte. Luego los que dicen que la culpa es de Franco son unos tergiversadores de la realidad, que no quieren afrontar el hecho de que la Constitución de 1978 al establecer en su artículo 25 como principal principio en ámbito penal y penitenciario la resocialización, veda cualquier ley que establezca la pena de muerte o la cadena perpetua, de manera que en España a partir del tercer asesinato sale gratis matar.

-¿Es entonces partidario de la cadena perpetua y de la pena de muerte?

Sí. Por muchos que hoy lloren la abolición de la doctrina Parot por el TEDH, yo encuentro insuficiente esa doctrina en la medida en que con ella los terroristas a lo sumo pasarían unos cuantos años más de prisión, pero nunca más de los límites que establece el Código Penal actual, y que son 40 años con rebajas. Por ello creo que tampoco satisface el resarcimiento del daño causado, lo que sí se conseguiría con la pena de muerte o la cadena perpetua.

Entiendo, como el gran filosofo español Gustavo Bueno, que la pena de muerte es un gran instrumento de eugenesia procesal, que permite salvar a la sociedad de la amenaza de sus peores enemigos que la quieren destruir, además de ser instrumento de justicia (no de venganza como dicen los abolicionistas, porque se practica sobre el autor de los peores crímenes, no sobre otros). Es justicia porque es proporcional al daño causado, e incluso podemos encontrar casos como los de los etarras que han matado decenas de de personas que ni con la pena de muerte pagarán bastante el daño, pero al menos equipara el daño producido al que se recibe como respuesta del orden penal. Ha probado ser instrumento eficaz con poder de tremenda disuasión en todas las épocas de la historia. Pensemos en el ejemplo de los reyes Católicos, que con el recurso a la misma acabaron con un siglo de desmanes, tropelías y crímenes patrocinados por los nobles que se lucraban de participar en organizaciones criminales.

Coincido con el penalista alemán Günther Jackobs que aquel que voluntariamente se aparta de la sociedad para poder atentar contra ella y usa los instrumentos que la sociedad le permite, en particular la falsa teología de los derechos humanos, para beneficiarse de un orden penal benigno y continuar atentado contra la sociedad debe perder la condición de ciudadano y exponerse a ser privado de todos sus derechos incluida la vida. No me gusta Rousseau, pero si los liberales fueran coherentes le darían la razón cuando dice que el que atenta contra la voluntad popular lo hace no como ciudadano sino como enemigo, y al ser enemigo de la verdadera libertad, debe ser eliminado para que la sociedad prevalezca. Lo curioso es que los progres aceptan de Rousseau lo que dice para destruir el orden de valores tradicional, pero no para defender la sociedad y el Estado.

-Ha criticado el principio de resocialización que establece la Constitución Española como fin principal de la pena. ¿Hay algún otro principio de Derecho Procesal Penal que crees debiera revisarse o superarse?

Sí, en concreto el mismo principio de prohibición de la retroactividad en el ámbito penal. No soy partidario por principio de seguridad jurídica de que exista una retroactividad contra reo que permita que una persona responda penalmente por hechos que no estaban penados cuando los cometió, porque ello sería una gran injusticia, pero sí entiendo que si unos hechos son considerados delito por la ley actual, el delincuente debe afrontar sus consecuencias, de manera que si la reforma del Código Penal establece menos pena para ese hecho, deberá beneficiarse de la misma, pero en caso de que imponga más pena por ley posterior, deberá afrontar las consecuencias de que la pena sea mayor, pues de lo contrario la Ley Penal está a la carta del delincuente en detrimento de la sociedad que sufre por ello indefensión.

Para mí el principio de irretroactividad de la Ley Penal es exponente de filosofía liberal burguesa, lógica consecuencia de una clase política económica, la burguesía liberal, que después de haber armado y alzado en armas al pueblo llano como carne de cañón para la conquista del poder, quiso blindarse del cambio legislativo en ámbito penal que pudiera perjudicar sus intereses con el principio de irretroactividad, de la misma manera que evitaron que el pueblo les amenazara democráticamente al proclamar el sufragio censitario.

Como decía el ilustre catedrático de Derecho Penal Don José Ramón Casabó, si el reo se beneficia de la retroactividad favorable de la Ley penal, debería en compensación pechar con las consecuencias de que la ley penal futura le fuera desfavorable. Es decir, no tiene sentido que las leyes penales sean sólo pro reo, porque por los mismos argumentos que son pro reo pueden justificarse contra reo a partir del principio de defensa social.

Sé que esto escandalizará a muchos juristas, pero lo veo lógico y justo; el problema es que las Facultades de Derecho crean una mentalidad leguleya que impide adecuar la Ley Penal a las necesidades de la defensa de la Sociedad, y por eso la mayoría de los abogados defienden la irretroactividad de la Ley Penal. Pero yo además de jurista he sido otras cosas y tengo otros puntos de vista valorando el interés de la sociedad en su conjunto, de manera que soy una persona legal pero no leguleya.