Los investigadores escucharon durante meses las atrocidades que soltaban por teléfono. Hablaban de secuestrar a niños y someterlos a «prácticas sádicas». Incluso, llegado al caso, acabar con sus vidas. La policía decidió intervenir al detectar que había tres menores españoles en peligro y arrestó a ocho hombres como presuntos integrantes de la red.

Una de las detenciones se llevó a cabo en Málaga. El sospechoso, que en las conversaciones telefónicas intervenidas se hacía llamar Diego, resultó ser un religioso que trabajaba en el centro asistencial de San Juan de Dios en la capital, que está situado en la carretera de Casabermeja (Málaga). El fraile imputado -se encuentra en libertad con cargos- era «superior» de Málaga, esto es, el responsable de la comunidad de hermanos en la provincia, que hasta ahora eran cinco.

Tras declarar ante el juez, el religioso, F. G. C., de 48 años, fue apartado de todas sus funciones por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y no se halla en ninguno de los centros que ésta regenta. Consultada al respecto, la institución mostró su completa disposición a colaborar con la Justicia en todo lo que sea necesario y lanzó un mensaje de transparencia.

El fraile fue uno de los ocho arrestados en la ‘operación Arkángel’, dirigida por el Cuerpo Nacional de Policía y coordinada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez contra una red que intercambiaba, además de material pedófilo a través de Internet, supuestas experiencias personales de abusos a niños.

El resto de las detenciones se reparten por las ciudades de La Coruña (2), Pontevedra (2), Madrid (2) y Gijón (1). Se les imputan, según los casos, presuntos delitos de proposición para el homicidio, agresión sexual, abusos, corrupción de menores, trata de seres humanos y tenencia de pornografía infantil, según informó días atrás la Dirección General de la Policía.

La investigación se inició hace más de un año cuando una persona alertó a los agentes de que había contactado a través de Internet con uno de los imputados, quien le había propuesto que formase parte de una trama en la que se compartía pornografía infantil y se hablaba de prácticas sexuales «aberrantes» con menores.

Los agentes lograron identificar a las personas que participaban en estas conductas presumiblemente delictivas y pincharon sus teléfonos. Las escuchas, que se prolongaron durante más de seis meses, revelaron entonces que, además de compartir archivos de contenido pedófilo, algunos de los acusados confesaban haber cometido abusos sexuales.

Pero las conversaciones que mantuvieron varios de los imputados iban aún más lejos. Según la policía, supuestamente planeaban secuestrar a niños y someterlos a prácticas sádicas. Llegaron a hablar de usar a menores en orgías o someterlos a encierros en condiciones infrahumanas, o de iniciar en prácticas sexuales a niños a los que previamente drogarían para que no pudieran recordar los abusos, según recoge la nota policial.

Tras analizar los contactos mantenidos por los supuestos pedófilos, los investigadores averiguaron que sus intenciones eran, presuntamente, seleccionar a sus víctimas en su entorno. Aunque también barajaban la posibilidad de traerlos del extranjero de familias marginales.

Los agentes identificaron a tres niños españoles que podrían estar en situación de riesgo, por lo que la operación policial se precipitó. La redada se coordinó en distintos puntos del país y concluyó con los registros de los domicilios de los implicados.