Un político hará cualquier cosa para sacar votos. A veces, incluso, puede llegar a decir la verdad. Eso es lo que le ha ocurrido a Erkoreka, el portavoz del PNV en el Congreso, al lamentar que uno de los males de la democracia española sea la aceptación social de la corrupción. No es cosa ajena a muchos de nosotros. Vemos así cómo las noticias sobre corrupción política no tienen el mismo impacto emocional sobre el ciudadano que si escuchara la noticia de la detención del atracador de una sucursal bancaria. ¿Por qué esa asunción general de la corrupción política entre gente a la que, por ejemplo, le sobrecogería el ánimo estar en presencia de un simple carterista?

¿Por qué un caso flagrante de corrupción política en nuestro municipio no es percibido con la misma severidad que un supuesto caso de irregularidad contable en nuestra comunidad de vecinos? Y sobre todo, ¿por qué los casos notoriamente graves de corrupción política, salvo que los grandes medios se hagan eco y lo conviertan en asuntos de discusión y debate, no provocan el rechazo de los ciudadanos al sistema ni la voluntad de éstos de castigar a los partidos corruptos cuya supervivencia está ligada a la suerte de ese mismo sistema? Tal vez porque los ciudadanos no tengan ese sentido de la pertenencia sobre los recursos públicos robados que tienen, por ejemplo, sobre la radio de sus coches, pero en cualquier caso este doble rasero moral nos muestra la adulteración semántica del término ‘Civis’ desde los romanos hasta nuestros días.

Veremos cómo pese a los abusos y corrupciones en el ejercicio de la función política por parte de socialistas y populares, ambos partidos seguirán repartiéndose el botín electoral (y el otro) en los próximos años, salvo que algunos lo impidan. Al final, la constatación de que esta sociedad ha sido inoculada con el virus de la abstención moral para que no responda con criterios éticos a los permanentes desafíos de una clase política mayoritariamente cleptómana.

Al ser preguntado Jesús Gil por qué quería ser alcalde de Marbella, su respuesta fue un derechazo al mentón de quienes concebían aún la política como un arte pretendidamente noble: “Estoy cansado de que los concejales me roben y me pidan comisiones hasta por respirar. El concejal de Urbanismo (socialista) no tenía donde caerse muerto y hoy tiene más millones que Julio Iglesias. Así que, a partir de ahora, el que robará voy a ser yo” (Diario Costa del Sol, 13 de abril de 1.991). La experiencia de Gil en Marbella nos debería haber enseñado que cuando lo legal no es siempre lo más justo, ocurren las cosas que ocurren en nuestro país.

Pero no sólo Marbella. Puedo contar por decenas los casos de alcaldes y concejales que se han enriquecido tras su paso por las corporaciones locales. Pese a la notoriedad de algunos de estos casos, no crean ustedes que el prestigio ni el ascendiente social de esos golfos han sufrido menoscabo alguno. Por eso el derecho moral de veto sobre las actividades corruptas de los políticos ha sido socialmente erradicado. Por lo demás, salvo alguna honrosa excepción, la mayoría de los jueces se deben antes a sus carreras profesionales que a la erradicación de los hábitos corruptos tan frecuentes entre los políticos, de tal forma que lo más rentable para ellos sea mirar para otro lado.

No es extraño pues que, frente al clima de impunidad legal y social que disfrutan, animados por su masa de votantes lanares y por un sistema jurisdiccional hecho a su medida, algunos políticos terminen haciendo un uso cortijero de los bienes públicos. El ‘caso Bárcenas’ es el último gran ejemplo.

Permítanme describir la absurdidad de la cleptocracia española con esta parábola: El ladrón vulgar le roba a usted el reloj, la cartera, el teléfono móvil y hasta el coche. El político le roba la salud, la vivienda, la felicidad, la pensión, el trabajo, el futuro y hasta la conciencia.

El ladrón vulgar le elige a usted. Al político lo elige usted.

Moraleja: El pueblo es mayoritariamente imbécil.