En las últimas décadas el nacionalismo ha puesto las instituciones públicas catalanas al servicio de sus intereses políticos sin ningún tipo de límite ni disimulo, hasta el punto de llegar a confundirse, en muchas ocasiones, dichas instituciones con los propios partidos nacionalistas. De ahí que, en los contados casos en que algún organismo del Estado protesta ante esta utilización partidista de ayuntamientos, diputaciones o de la Generalidad, estos muestran su sorpresa.

Eso es lo que ha pasado este martes, cuando los alcaldes de Gerona y Figueras han recibido una citación judicial motivada por el recurso contencioso-administrativo presentado por la Delegación del Gobierno en Cataluña contra la decisión de estos consistorios de fletar dos trenes para acudir a la manifestación independentista celebrada la pasada Diada en Barcelona.

No es competencia municipal promover una ‘manifestación política’

La marcha secesionista del 11 de septiembre -que congregó a unas 300.000 personas- fue organizada por una entidad privada, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y contó con el apoyo de CiU, coalición a la que pertenecen los alcaldes de Gerona, Carles Puigdemont, y Figueras, Santi Vila.

Tras analizar el caso con la Abogacía del Estado, la Delegación del Gobierno en Cataluña, cuya responsable es María de los Llanos de Luna, ha llegado a la conclusión de que alquilar convoyes para promover “una manifestación política” supone una extralimitación “de las competencias municipales” y, además, no es “una cuestión de interés general”, según han señalado fuentes de la Delegación. Por ello, reclama anular las actas de los plenos municipales en los que se tomó esa decisión.

El escrito considera que los ayuntamientos incurrieron en un ‘desvío de poder’ al hacer un ‘uso indebido’ de sus atribuciones para la consecución de un objetivo ‘ajeno’ al ámbito de sus competencias, como es el de ‘facilitar la mayor afluencia de ciudadanos a la manifestación convocada por la ANC para reclamar la independencia de Cataluña’. La vista judicial está prevista que se celebre el próximo 14 de enero.

CiU considera que se trata de una “persecución política”

En una rueda de prensa conjunta, Puigdemont y Vila han defendido que la contratación de los trenes es “legal y legítima” y que no supuso ningún coste para las arcas públicas puesto que el precio del billete permitió pagar el alquiler e, incluso, se obtuvo un superávit que se destinó al Banco de Alimentos.

Según los alcaldes, el recurso del Gobierno es “inadmisible” porque, en su opinión, representa un uso “partidista” de los instrumentos del Estado y lo circunscriben en una supuesta “campaña del miedo” puesta en marcha por el PP. Para los ediles, se trata de una muestra de “persecución política” contra el nacionalismo.

Puigdemont, además, se ha mostrado muy preocupado porque el proceso judicial “le costará dinero al Estado”, y ha insistido en que “solo tiene una motivación de persecución ideológica”. Sorprendentemente, Puigdemont, conocido activista independentista, ha acusado a Llanos de Luna de “falta de lealtad” institucional. Vila, por su parte, ha calificado la posición del Gobierno de “innoble”, y ha pedido su reprobación.

El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad, Lluís Recoder (CiU), ha salido en defensa de sus correligionarios y ha calificado el recurso del Gobierno de “absurdo y ridículo”. “Desde la Generalidad ayudamos a movilizar estos trenes, pusimos 85 autobuses interurbanos más que un día festivo, movilizamos 18 trenes más en Ferrocarriles de la Generalidad y Renfe para garantizar el derecho a la movilidad de las personas. Por tanto, ánimo, alcaldes de Gerona y Figueras. Ni caso. Estamos con vosotros“, ha declarado.

Fuente: La Voz de Barcelona