A. Robles.- Bueno, no sé de qué nos extrañamos. Lo cierto es que entre el amplio muestrario de mermelada que los arúspices de lo políticamente correcto han dedicado a Santiago Carrillo, el más empalagoso es el que lo retrata como una beatífica ursulina. Hasta el ABC lo dibuja como un dechado de virtudes pacifistas y uno de los artífices de la reconciliación entre los españoles. ¿A qué reconciliación se estarán refiriendo cuando lo que observamos estos días es a unos nacionalistas cegados por el odio y a un país más polarizado que nunca? Los panegíricos que se dedican a estas horas a Santiago Carrillo constituye uno de esos episodios simbólicos que retratan indeleblemente a sus autores, la izquierda y el PP. Una casta capaz de sorprendernos cada día con nuevas vilezas.

A estas alturas del cuento no debería sorprendernos el desenlace que sus autores suelen darle en base al papel principesco o brujeril que la corrección política haya conferido a sus protagonistas. Aquí han muerto ilustrísimos españoles del bando contrario al de Carrillo y la oficialidad sólo fue capaz de dedicarles una gama retórica que fue desde la injuria a un cierto menosprecio y vituperio, singularmente entre los ponderados cronistas liberales. Observen ustedes lo que se dice del asesinato de García Lorca  en los colegios, en las televisiones, en los libros de historia… y comparenlo a continuación con lo que no se dice del asesinato en Paracuellos de Muñoz Seca, dramaturgo de fama mundial. Comparen las loas al primero con las pocas veces que se menciona al segundo, salvo que sea para derechizarlo, exorcizarlo o vituperarlo.

Y la cuestión es que ya aburren, si es que el sopor y el hastío que nos provocan las vitriólicas crónicas españolas sobre el papel desempeñado en la guerra civil por unos y por otros no nos aburrieran ya bastante.

Aunque los intentos de la casta dirigente y sus terminales mediáticas por distorsionar el capítulo de la guerra civil en el ánimo de los españoles les dé cada vez peores resultados, conviene no caer en la trampa de esa visión unidireccional de nuestra historia. Ya que no lo estamos leyendo ni entre ayer ni hoy, una vez más tendremos que recordar a los cientos de víctimas de Santiago Carrillo simplemente por sus creencias religiosas o ideológicas, víctimas inocentes de una de las mayores matanzas que se recuerdan en Europa. Sólo que las víctimas de Santiago Carrillo no interesa a la prensa ni a los políticos tradicionales españoles. Por eso alguien tiene que recordarlos.

Miles de creyentes fueron asesinados por el simple hecho de sus creencias. Otros tanto fueron torturados. Sobre los creyentes católicos recayó el peso de los expedientes más simples, a base de sentencias improvisadas y fusilamientos inmediatos. La prensa al servicio de la casta nunca nos contará historias de las terribles sacas de la cárcel Modelo, de Porlier o de San Antón, de Madrid, o de las sacas de Barbastro, de la cárcel de Lérida, o de Málaga, o de Bilbao, donde decidía la suerte de los creyentes un trágico juego de azar o el sadismo de los milicianos.

Esto en los mejores casos porque ocurría no rara vez la incitación por la autoridad republicana a organizar poco menos que una cacería de clérigos. La clave del odio a la Iglesia estuvo en la acusación, hábilmente adobada por la prensa de izquierda, de que el clero y sus adictos eran los culpables de todos los males que venían pesando inveteradamente sobre las masas humildes. Basta acudir a las hemerotecas y ver la prensa anticlerical en las fechas posteriores al 14 de abril de 1931, y sobre todo, a partir del 18 de julio de 1936. Es curioso que especies tan burdas como el supuesto enterramiento en iglesias y cementerios conventuales de supuestas víctimas de la crueldad de sus moradores, dieran pie a desenterramientos macabros por todos los puntos de la geografía republicana.

En la prensa de Madrid, y sólo en los tres primeros meses posteriores al alzamiento, pueden leerse, casi a diario, aparatosos relatos de las requisas efectuadas en palacios episcopales y casas religiosas, con hallazgos de millones en cifras casi astronómicas. A las Hermanitas de los Pobres, por ejemplo, se les daba por descubiertos nada menos que 200 millones de pesetas, entre títulos de propiedad y cuentas corrientes. No mejor parado salió aquel episcopado español, que había tenido que acudir a cuestaciones y ahorros angustiosos para sostener a su clero en los años republicanos. Según cifras de la ‘democrática’ prensa de la época, al obispo de Madrid le habían sido hallados 18 millones de pesetas, y 12 al de Tarragona, ocultaba 31 el de Tortosa, 10 el de Badajoz, 20 el de Gerona, y así otras personas físicas o moralmente pertenecientes de algún modo al ámbito eclesiástico. Había que dar soporte moral a las matanzas. ¡Y bien que lo hicieron personajes del bando de Carrillo!

La monótona repetición en todos los casos de idénticos detalles, lo mismo en el terreno del acaparamiento que en el de los abortos sacrílegos, prueba que los exportadores de este material informativo apenas se cuidaban de enriquecer con adornos de su propia cosecha la especie prefabricada de la consigna oficial. ¡Ese es el pobre concepto que tenían de su clientela!

Claro que ninguno de esos bulos propalados es comparable al de los caramelos envenenados, e incluso la prensa republicana llegó a acusar formalmente a un religioso de envenenar con tabaco a los soldados; o a toda una comunidad de querer arrojar sobre la población civil una piedra enorme desde el campanario.

Políticos republicanos sublimados hoy como ursulinas dictaron disposiciones oficiales y vertieron litros y litros de gasolina sobre parroquias y conventos. El respaldo legal para detener curas y apropiarse de los bienes eclesiásticos supuso dar carta blanca para todos los desmanes de la época. Salvo algunas entregas de bienes artísticos a la sospechosa custodia de los milicianos o del gobierno de Madrid, lo demás caía de lleno en los fueros de la rapiña o del incendio. Prevalecieron los métodos expeditivos, en los que los incontrolados pudieron sacar a su antojo los instintos de destrucción en iglesias, imágenes, casas religiosas y cuanto tuviese un tinte más o menos aproximado de objeto sagrado. Y lo peor es que no faltó la legalidad de estas tropelías, que respondieron en multitud de casos a disposiciones del municipio o de los comités. Las alcaldías republicanas cuidaban de acordar en el pleno municipal la demolición de la iglesia o de los monumentos religiosos, y hasta señalaban puntualmente el sitio donde se había de hacer la hoguera pública para la quema de imágenes y objetos sagrados.

Sería interminable la lista de localidades republicanas donde quedaron pruebas documentales de estos autos de fe al revés. A la hora de hacer balance total de las destrucciones, fue más fácil contar con los dedos de la mano los edificios o enseres religiosos que escaparon al exterminio.

¿Por qué en Ciudad Real, Valencia, Jaén, Lérida y la mayor parte de las ciudades donde el alzamiento no llegó siquiera a brotar fueron asesinados tantos sacerdotes y destruidos tantos templos? ¿Qué metralla habían disparado las imágenes de santos, cuadros, reliquias y estampas que ardían en las plazas públicas? ¿Qué delitos militares pesaban sobre las monjas fusiladas? ¿Por qué no se ha llevado al cine siquiera una sola de estas trágicas historias?

Sobre este clima, enconado por políticos como Santiago Carrillo, se presentaba al clero como asesino del pueblo desde las iglesias convertidas en fortalezas, y señalaban cada recinto eclesiástico como arsenal de armamento y nido de facciosos. Fue éste el más socorrido recurso que manejaron en su defensa los responsables de la zona republicana, cuando vieron que la desolación producida por sus huestes pedía a voces una justificación ante la opinión extranjera. Un grupo de observadores franceses, cuando todavía operaba en el país vecino una eficaz propaganda del gobierno de Madrid, dedica largas páginas a probar lo evidente: que el asesinato de los sacerdotes acaeció en la mayoría de los lugares controlados por los republicanos. Y ni siquiera pudieron urdir un proceso en forma para algunas de las iglesias que decían servir de reducto faccioso.

La desolación producida por las milicias republicanas obligaron a los políticos a dar alguna explicación ante la atónita opinión extranjera. El 5 de octubre de 1936, las Juventudes Socialistas de España, organización liderada por Santiago Carrillo y a la que pertenecían esas 13 rosas llevadas al cine por Fernando Martínez Lázaro, sostenía en la prensa una descarada incitación al crimen: “el Gobierno confirmó que casi todas las iglesias se habían convertido en fortificaciones; que casi todas las sacristías se habían convertido en depósitos de municiones, y la mayoría de los párrocos, curas y seminaristas en francotiradores de la rebelión. ¿Qué se le puede exigir al gobierno ante estas anomalías?”.

En Solidaridad Obrera, el 30 de julio de 1936, bajo el título “La pasión exacerbada tiene la palabra”, otro compañero de Santiago Carrillo escribió un ‘pacífico’ alegato en favor de la convivencia y de la paz: “Que sea el tribunal del pueblo quien, a plena luz, con plena responsabilidad, depure lo que la depuración necesita. Y si ha de caer sangre, hay que matar, que todos vean y comprendan que tales muertes las necesita la laboriosidad del pueblo laborioso”.

Por lo tanto, tras el dato global de estas matanzas, de las que la Iglesia, en sus ministros y en sus fieles, fue la primera víctima, surgen estas preguntas: ¿quién condenaba? ¿con qué ley? ¿qué motivos alegaban? ¿Extraña pues, a la luz de estos hechos, que haya decidido honrar hoy a sus inocentes víctimas al mismo tiempo que la prensa espaola prefiere el enfoque unidireccional de una guerra provocada por personajes que, gracias a Dios y no a lo que hubiese querido el PP de Mariano Rajoy, ya no se encuentran entre nosotros?