Siete víctimas directas de atentados de ETA, todos ellos policías y guardias civiles, han decidido iniciar una huelga de hambre en protesta por la concesión del tercer grado a Iosu Uribetxeberria Bolinaga, condenado por el secuestro de José Antonio Ortega Lara y enfermo de un cáncer terminal. Uno de ellos es Alfonso Sánchez, guardia civil víctima de ETA, militante del PP y concejal en un pueblo de la sierra madrileña. “Me siento traicionado por mi partido”, asegura en una entrevista con Terra.

ETA atentó utilizó por primera vez en Madrid el método del coche-bomba para atentar el 1 de septiembre de 1985. El objetivo, un autobús de guardias civiles a su paso por la Plaza de República Argentina. La inexperiencia del ‘comando Madrid’ en el ‘modus operandi’ evitó una masacre: la mayor parte de la onda expansiva se desplazó por debajo del autobús. Aún así, murió un ciudadano estadounidense que hacia footing y 16 guardias civiles resultaron heridos, algunos muy graves, que salieron del vehículo envueltos en llamas. En ese momento, los miembros del ‘comando Madrid’ ametrallaron a los agentes.

Alfonso tenía 19 años. Aún hoy está en tratamiento psiquiátrico, con metralla incrustada en el cuerpo y sin el tímpano del oído izquierdo. Hoy dice encontrarse abatido por la concesión del tercer grado a Uribetxeberria y su probable excarcelación. “Si ponen a Bolinaga en libertad, que secuestró y torturó a Ortega Lara durante más de un año y medio, estoy dispuesto a ponerme en huelga de hambre y que sirva al menos para que al Gobierno se le caiga la cara de vergüenza”, asegura.

Socio de la AVT, ex delegado de la asociación en Madrid, ni él ni los otros seis policías y guardias civiles tienen el apoyo de la dirección para adoptar una medida tan drástica. “Ya hemos sufrido demasiado. Vamos a movilizarnos y a presionar al Gobierno de otra forma”, defiende la presidenta, Ángeles Pedraza. Pero Sánchez está dispuesto a seguir adelante. “Hace 27 años estuvieron a punto de quitarme la vida sólo por ser guardia civil, defensor de la libertad, de la democracia y por representar al Estado español. No me duelen prendas en hacer un acto así en defensa de la dignidad de todas las víctimas del terrorismo”, afirma a pocos metros del Ayuntamiento de Puebla de la Sierra, una pequeña localidad del norte de Madrid donde ejerce de concejal de Asuntos Sociales “de manera altruista”, según él mismo describe. “Si a ellos les ha servido (ponerse en huelga de hambre), por qué no lo vamos a hacer las víctimas del terrorismo”, se pregunta.

“Los responsables son Rajoy y Fernández Díaz”

Sánchez apunta con precisión a los responsables de su indignación: “el presidente del Gobierno y el ministro del Interior, que están por encima del director de Instituciones Penitenciarias”. Sobre su futuro en el Partido Popular asegura que se ha planteado “de manera seria y consecuente” romper el carnet, aunque dice comulgar con la postura de algunos dirigentes de la formación en relación con terrorismo, principalmente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. “Este Gobierno está siguiendo la hoja de ruta que pactó el anterior Gobierno de Zapatero con ETA”, afirma.

El sentimiento de “traición” que siente es doble, dice, “por ser concejal del PP y por ser víctima del terrorismo”. “Este Gobierno –continúa- tenía que recordar a Miguel Ángel Blanco, a Gregorio Ordoñez, lo que pasó con cargos del PP que fueron vilmente asesinados en la calle. Hay que hacer cumplir la ley. No digo que no los excarcelen (a los presos de ETA) por enfermedad terminal, pero en sus últimos días, no tres o cuatro años antes”. “En 2008, una huelga de hambre trampa del cobarde de De Juana Chaos sirvió para que huyera y burlarse de las víctimas y este Gobierno no lo debería consentir”, añade.

Ayer, el ministro del Interior aseguró que la concesión del tercer grado a Uribetxeberria Bolinaga ha sido una decisión “dolorosa”, pero ha señalado que si el Gobierno no hubiera adoptado esta medida hubiera incurrido en prevaricación. “Todos estamos sometidos al imperio de la ley”, remarcó. Para Alfonso Sánchez, el Gobierno “ha cedido al chantaje de ETA”.

La AVT anunció ayer que iniciará el próximo 29 de agosto una serie de marchas a prisiones españolas para entregar un manifiesto a sus directores. La última pretende ser “una marcha nacional” que acabe en la cárcel de Soto del Real, en Madrid. Serán las primeras movilizaciones en la calle de la AVT desde que el PP está en el Gobierno, a pesar de que la legalización de Sortu o el plan de reinserción de presos ya habían provocado duras críticas de la asociación mayoritaria de víctimas.