La implantación del euro por receta a partir de este sábado en Cataluña ya ha provocado un aumento de entre el 15% y el 20% en la dispensación de fármacos durante el mes de junio respecto al mismo mes del año pasado.

En declaraciones a Europa Press, fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona (Cofb) han precisado que dicho aumento se ha producido principalmente porque la gente “ha avanzado la retirada de medicamentos” que tenían que adquirir en las próximas semanas.

Aseguran que el aumento no corresponde a recetas que se firmarán más allá de junio, ya que el sistema sanitario supervisa que no se cursen con demasiado margen, así que las personas simplemente se han adaptado “en la medida de sus posibilidades”.

Catalunya estrenará este sábado la tasa farmacéutica, bautizada por el Govern como “tique moderador”, una medida única en España que se solapará desde el 1 de julio con la entrada en vigor del copago farmacéutico aprobado por el Gobierno, y que prevé el aumento del porcentaje que pagan los ciudadanos por cada medicina, también los pensionistas.

El conseller de Salud, Boi Ruiz, ha insistido en que la medida es “plenamente legal”, ha reiterado que la intención es fomentar un consumo más responsable de las medicinas y un uso más eficiente de los recursos sanitarios, y ha calculado que con la nueva tasa se recaudarán unos 100 millones de euros cada año.

Asociaciones de usuarios y pacientes han criticado el proyecto e incluso han solicitado al Gobierno que la impugne para evitar su aplicación, una eventualidad que no se ha concretado ante la petición de la Generalitat de que se entienda que el objetivo final de reducir el déficit sanitario es compartido por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

Adicionalmente, los colegios de farmacéuticos y enfermeras han criticado el euro por receta, alegando que va contra la equidad del sistema y penaliza a los más enfermos, y el sindicato Metges de Catalunya (MC) ha lamentado la imposición de una tasa que ven injusta.

En 2011 el CatSalut cursó 155 millones de recetas en Catalunya que supusieron un desembolso de 1.692 millones de euros, lo que, junto con los 600 millones que costaron los medicamentos dispensados en hospitales, llevaron a la comunidad a que uno de cada cuatro euros gastados en salud se destinaran a pagar medicinas.

SALVEDADES EN EL PAGO

El Govern ha excluido a 127.000 personas del pago: los beneficiarios de una pensión no contributiva, y los incluidos en el programa de la renta mínima de inserción, en la Ley de integración social de minusválidos (Lismi) y en el Fondo de Asistencia Social (Fas).

La exclusión, sin embargo, no alcanza a los pensionistas del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, que no superan los 400 euros mensuales, y las cifras del aumento de la pobreza fruto de la crisis, que alcanza ya al 20% de la población, demuestran que las salvedades solo alcanzarán a un porcentaje mínimo de los catalanes.

Asimismo, para no penalizar excesivamente a los enfermos crónicos, Salud ha marcado un tope máximo de 61 euros al año por persona, una casuística que afectará a cerca de 800.000 personas cada año –el 30% de los catalanes no reciben ninguna receta–.

Los usuarios que se nieguen a pagar la tasa serán considerados “deudores” de la Generalitat, y por ello ésta les reclamará el pago y el consiguiente recargo por morosidad; además deberán rellenar un formulario con sus datos, y si se niegan el farmacéutico no les dispensará el medicamento.