V.B.- La metódica discriminación de los castellanohablantes por parte de la Generalidad de Cataluña es una constante que no solo se plasma en la prohibición del español como lengua vehicular de las escuelas públicas, en contra de las sentencias de los tribunales, sino que también se ve reflejada en las órdenes y resoluciones que día a día emiten las diferentes consejerías.

En los últimos meses, el Gobierno autonómico de Cataluña ha vetado el acceso a las subvenciones a todo tipo de empresas y entidades que no utilicen, al menos, el catalán en sus comunicaciones internas y externas, lo que incluye las consultorías para empresas culturales y para la gestión ambiental; los proyectos de cooperación al desarrollo y los festivales musicales; los profesionales del mundo creativo y artístico; la integración laboral de personas con discapacidad; la lucha contra la pobreza; las empresas de los sectores del comercio, los servicios, la artesanía y la moda, las casas regionales; la promoción del periodismo; las productoras de dibujos animados y las asociaciones de vecinos, entre otras actividades.

Subvenciones a las entidades de fomento de la salud

Este martes, el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) ha publicado la convocatoria de subvenciones a ‘entidades de carácter no lucrativo’ para la financiación de actividades de prevención y tratamiento de las drogodependencias (resolución SLT/1109/2012), de prevención de la infección por el VIH/sida (resolución SLT/1110/2012), y de fomento de la salud (resolución SLT/1111/2012) a lo largo de este año. En total, la Consejería de Salud repartirá 2.732.247,84 euros.

Las entidades que quieran optar a recibir las ayudas deben cumplir los requisitos establecidos en la orden SLT/250/2010, que, entre otras cosas, exigen ‘dar cumplimiento’ a lo indicado en los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley de Política Lingüística.

Estos artículos obligan a las entidades a que ‘la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán’.

También ordenan que ‘los rótulos e informaciones de carácter fijo y que contengan texto que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en catalán’.

En contra de lo establecido por el Tribunal Constitucional

De esta forma, la Generalidad sigue exigiendo la aplicación de unas disposiciones que, en realidad, quedaron modificadas de facto por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su fundamento jurídico 22 dictaminó lo siguiente:

‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.

La citada sentencia también determinó que es ilegal dar un trato preferente al catalán sobre el español, tal y como ocurre a la hora de conceder estas subvenciones. En concreto, el fundamento jurídico 14 decretó lo siguente:

‘La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña’.

Documentales televisivos

Sin embargo, estas no son las únicas resoluciones que ha emitido el Gobierno autonómico en los últimos días en contra de la doctrina del Alto Tribunal en materia lingüística. Este martes, el DOGC también ha publicado la convocatoria de una nueva ronda de subvenciones por parte del Instituto Catalán de las Empresas Culurales (ICEC), dependiente de la Consejería de Cultura, para ‘la realización de documentales televisivos, a fin de que se creen productos de alta calidad destinados a los mercados nacionales e internacionales’ (resolución CLT/1103/2012).

Las ayudas podrán alcanzar hasta 24.000 euros por proyecto y, de igual modo que en los casos anteriores, las empresas que quieran optar a las subvenciones deberán cumplir con los citados artículos de la Ley de Política Lingüística.