“Mis experiencias con Bohórquez”: Las subvenciones del Ministerio de Trabajo (II)
Por Julio Liarte Parres.- Tiene gracia que fui, precisamente yo, una las personas más activas que cooperaron muy efectivamente para que el periódico ‘Melilla Hoy’ pudiera llegar a nacer, y, por consiguiente, para que Enrique Bohórquez pudiera asentarse en Melilla, y es que de estas paradojas del destino se nutre la vida misma.
Concretamente, en marzo de 1985 se había constituido en Melilla la Unidad Provincial para la Gestión del Fondo de Solidaridad para el Empleo, que era un nuevo instrumento de Política de Empleo que venía derivado de la firma del acuerdo tripartito (Gobierno-CEOE-Sindicatos) que fue llamado AES (Acuerdo Económico y Social) y que fue suscrito en 1984. En este documento las partes pactaron un pequeño aumento en las cuotas a la seguridad social, resultante de la aplicación de un tipo adicional del 0,56% a las bases de cotización, pagadera a partes iguales tanto por los empresarios, que veían cómo aumentaba el coste unitario del trabajo en un 0,28%, como por los trabajadores, que veían cómo el descuento por seguridad social a su cargo en cada nómina era ligeramente superior.
Con la recaudación adicional que conseguía el sistema de seguridad social se estableció un sistema de ayudas a la inversión generadora de empleo, a la contratación temporal de trabajadores, a la formación u orientación profesional y a la contratación de personas con especiales dificultades para acceder a un empleo. Este instrumento era, precisamente, un buen antecedente de las potenciales actuaciones de promoción económica y de creación de empleo que podrían ser financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional o por el Fondo Social Europeo, una vez España consiguiera entrar en la Comunidad Europea, ya que conviene recordar que nuestra entrada no se produjo hasta enero de 1986.
Pues bien, en esa Unidad Provincial me incorporé por primera vez a la Gestión Pública, desde que fue creada. Tenía veinticinco añitos recién cumplidos. Formábamos la Unidad una Abogada, una auxiliar y un Economista (que era yo). Precisamente, el mismo día de nuestra incorporación, el Director Provincial, el Sr. Torres de Olóriz, nos mandó a entrevistarnos con el representante de una empresa que quería presentar una solicitud de ayudas para poner un periódico y una imprenta en Melilla. Y así, acudimos los dos técnicos, textualmente como dos pardillos novatos, al Edificio Monumental, recientemente restaurado y rehabilitado para locales de oficinas, donde tenía la sede el futuro periódico.
Tuvo gracia también el hecho de que yo estaba entrando, por vez primera desde que se había vendido cuatro años antes, en el edificio que había sido de mi familia, y en el que tantas veces había jugado y donde mi padre pasó gran parte de su vida. Sentí una mezcla de extrañas sensaciones, que se disiparon en cuanto llegamos a lo que iba a ser la redacción del periódico. Tras hacernos esperar el tiempo de rigor, aunque en este caso más excesivo de lo normal, que muchos señores que se creen importantes consideran necesario estirar para así demostrar su poderío, pudimos entrar en el despacho y conocer al Sr. Bohórquez. Después de las presentaciones de rigor, entramos inmediatamente en materia y le explicamos todo el elenco de subvenciones posibles que nuestra Unidad iba a gestionar, y debo decir que, aún manteniendo la cara de póquer, se le pusieron los ojos como platos. Por fin encontraba una vía para lograr sacar adelante la empresa, cuya viabilidad, en ese momento, era aún más que dudosa, ya que dependía completamente de la financiación que pudiera aportar el Sr. Lalchandani, pero al que no quería permitir que detentara la mayoría absoluta en el capital de la empresa. Además, si era cierto lo que le acababan de contar, y que podrían conseguir dos millones de pesetas por cada puesto de trabajo a crear como subvención a fondo perdido, no haría falta ni siquiera el concurso de Ayu Lalchandani.
Tras esta reunión, acudimos a la Dirección Provincial a contarle lo sucedido a nuestro Jefe, que nos felicitó por el trabajo realizado y nos pidió que lo mantuviéramos informado conforme la empresa fuera presentando la documentación requerida. Al día siguiente nos mandó a hacer un tour por las radios de la ciudad para explicar el contenido de las ayudas. ¡Joroba!, Pensé, trabajar en este sitio es como aprender a nadar después de que te hayan tirado súbitamente al agua por vez primera en tu vida: O te ahogas, o aprendes. Y aprendí: ¡Vaya que si aprendí!
Era el señor Torres de Olóriz un tipo peculiar: impresionante por su altura, seriedad y fortaleza; educado en el trato y en la relación mutua; cumplidor y efectivo en su trabajo y buen conocedor de la realidad melillense, que seguía muy de cerca a través de algunas personas clave que lo visitaban. Su cargo podría ser político, pero él no se comportaba en ningún momento como tal. Con referencia al trabajo, aplicaba continuamente los principios de delegación efectiva y “empowerment”, palabreja actualmente de moda que proviene de la literatura empresarial anglo-sajona, y que consiste en autorizar (darle poder) al subordinado para que pueda solucionar los problemas en el momento en que se producen, aunque usando las competencias exclusivas del superior, si bien lógicamente de acuerdo a unas prescripciones del mismo, para así evitar ineficiencias a la empresa e incomodidades al cliente (contribuyente) tales como el tiempo de espera y los “cuellos de botella” que se producen al acudir a la resolución del Jefe.
Y no es que los aplicara por la lectura de tales manuales, que tal vez aún no habían sido escritos, sino que lo hacía por convicción y por supervivencia. Convicción, porque comprendía que él, aunque Inspector de Trabajo Superior, no podía saber de un tema en concreto más que un técnico especialista en esa materia determinada; supervivencia, porque bastante tenía el pobre cada día: entre las visitas derivadas de las sanciones de la Inspección de Trabajo, las conciliaciones previas a los juicios en el Juzgado de lo Social; los permisos de trabajo para empleadas de hogar extranjeras, con las consiguientes visitas de decenas y decenas de amas de casa que acudían a contarle su problema particular; los permisos de trabajo a los trabajadores extranjeros, con la misma cohorte de empresarios de la construcción argumentando que no existían entonces, como siguen diciendo ahora, trabajadores locales para cubrir su demanda. La verdad es que guardo un buen recuerdo de esta persona. Era serio, y parecía antipático, hasta que comprendí que simplemente era la coraza que llevamos los tímidos cuando nos enfrentamos al mundo, y que puede derribarse muy fácilmente, a veces basta un simple gesto o una sonrisa.
Unos días más tarde, recibimos la documentación de Editora Melillense. A simple vista, la documentación era abundante, y, a priori, todos los puntos requeridos estaban cumplimentados. Nos la quedamos y empezamos a estudiarla. Era un proyecto complejo. Desde el punto de vista económico, eran, en realidad, dos empresas. La primera, un periódico, con dos principales fuentes de ingresos: las ventas de ejemplares y la publicidad. La segunda, una imprenta, que aunque actuaba de soporte de la primera para imprimir la tirada diaria, debería obtener además sus propios ingresos por los trabajos de imprenta a conseguir en el mercado en directa competencia con la otra empresa existente en el sector. Desde el punto de vista jurídico parecía aún más enrevesado, ya que la titular de la cabecera y editora era Editora Melillense, S.A., en cuyo capital aparecía, con un porcentaje considerable aunque inferior al 50%, otra sociedad que tenía un objeto social bastante similar, que era Prensa de Melilla.
Para complicar aún más el asunto, la empresa matriz, Editora Melillense, era propietaria de otra sociedad, en este caso, limitada: Imprenta La Hispana, SL, en lugar de haber incorporado directamente los activos y pasivos de la misma, puesto que era una empresa anteriormente en funcionamiento que pertenecía a otro propietario. Supongo que influirían cuestiones como la sucesión de empresa en los contratos de trabajo y los derechos de arrendamiento y, por tanto, de traspaso, del local de negocio donde se ubicaba.
Una vez analizada, comprendí que la documentación económica presentada era, sencillamente, manifiestamente mejorable: incompleta e inconsistente. Las inversiones estaban documentadas mediante un listado escrito a máquina que las relacionaba, la mayoría de ellas sin ningún otro soporte documental. La consecución de los objetivos de ventas parecía el cuento de la lechera, ya que el número de ejemplares diarios a vender parecía de imposible consecución. Tanto los ingresos por publicidad como los beneficios de la imprenta se predeterminaban para cuadrar las cuentas, sin existir fundadas hipótesis de base que los sustentasen.
Lo normal habría sido devolverle la documentación para que acudiera a una asesoría privada ara que se la realizasen y luego presentarla de nuevo. Pero no lo hicimos, sino todo lo contrario: le preparamos toda la documentación nosotros, en el caso de la económica, directamente yo, motivo por el que tuve que estar en contacto telefónico con Bohórquez prácticamente todos los días, hasta que conseguimos darle forma a todo aquello. Observé que, conforme lo iba llamando para hacerle más y más preguntas y solicitarle nueva documentación, su amabilidad inicial se iba transformando en otra cosa. Al principio no lo entendía, porque no podía entender que a una persona bien intencionada que está haciendo un trabajo gratuito por encima de sus obligaciones profesionales y solamente para sacar adelante el proyecto de empresa en la manera más inmediata posible y con las mayores subvenciones aplicables, encima pueda molestar. Pero, ¡Qué iluso e inexperto de mí! Molestaba, y cada vez más: no quería preguntas ni cuestiones y sólo le interesaba que pasara rápido y sin que pudiéramos hacer las comprobaciones que el uso de dinero público exige.
El paso siguiente era que debíamos hacer una propuesta de resolución, que firmaría el Director Provincial, para enviar al Ministerio, que adoptaría la Resolución final. Lo hablamos con el Director, y los tres teníamos muy claro que el informe debía ser favorable, porque se trataba de una importante creación de empleo en una Melilla que, entonces como ahora, sufría un enorme desempleo. Sin embargo, había cosas que no cuadraban, por lo que deberíamos exigir algunos condicionantes previos a cumplir antes de la entrega de la subvención. Los condicionantes eran, principalmente, que la sociedad debería aumentar su capital en una importante cuantía, de forma que llegara a ser, aproximadamente, de un 35% del volumen de inversión previsto. Esta ampliación debería realizarse y hacerse efectiva antes de percibir la subvención.
Además, fuimos por todos los quioscos de Melilla preguntando por el número de ejemplares que podían vender en un día normal, así como en sábados y festivos, acumulamos el dato y lo estimamos al alza mediante una hipótesis de un buen número de suscripciones en centros oficiales. A pesar de manejar una proyección optimista, ni de lejos se acercaba al número medio que planteaban en sus cuentas, por lo que retocamos el dato en nuestras propias estimaciones. Para lograr la empresa su supervivencia y alcanzar el umbral de rentabilidad, la imprenta debería, al menos, cubrir sus costes, que ya era mucho aunque no imposible; y la editora debería lograr un volumen de publicidad contratada, proveniente de empresas privadas y entidades oficiales, que era muy importante. Consultamos el dato de Publicidad en los registros del antiguo Telegrama de Melilla, recientemente cerrado tras la clausura de los medios de comunicación del estado. El histórico de ingresos de publicidad estaba muy alejado del mínimo necesario para la supervivencia de la nueva empresa.
No obstante, aumentamos considerablemente el dato, porque consideramos que una empresa privada podría generar más publicidad que otra, de carácter público, cuya supervivencia no dependía de sus ingresos sino del presupuesto del estado. Ahí está la clave: era, y sigue siendo, necesario generar un volumen muy importante cada año por ingresos de publicidad, y como el sector privado es de reducido en tamaño en Melilla, muy limitado en extensión, y no muy activo en medidas de publicidad, la única solución sería la publicidad proveniente de medios públicos, y dado que la Administración Central contaba con unos procedimientos más rigurosos y unos presupuestos más estrictos, la administración contratante no podría ser otra que el Ayuntamiento de Melilla, que entonces estaba gobernado por el PSOE, en concreto por don Gonzalo Hernández.
La estrategia a seguir por la nueva empresa estaba clara, pero ¿cómo podría lograr que el Ayuntamiento contratase cada vez más y más publicidad?
En concreto, la inversión fija a realizar prevista era de unos 40 millones de pesetas, y la propuesta del Sr. Torres de Olóriz fue de una subvención de 34 millones de pesetas, precisamente la cuantía máxima que, de acuerdo con las normas, podría alcanzar. Diecisiete puestos de trabajo a crear por dos millones de pesetas por cada uno. Si percibían los 34 millones, el cuento de la lechera empezaría a cuadrar.
Aunque dependíamos directamente del Director Provincial, existía una coordinación nacional en la sede del Ministerio. Para todo lo relativo a la financiación de inversiones el encargado era el señor Fernández, con el que tenía que hablar por teléfono bastante a menudo. Una vez que en el Ministerio de Trabajo en Madrid recibieron la propuesta de nuestro Director Provincial, el señor Fernández nos anunció que vendría a realizar una visita de trabajo en unos días.
Estuvimos juntos una mañana, primero junto al Director, y luego reunido con el equipo técnico. Nos demostró que había leído el proyecto y lo conocía bastante bien. Era un señor bajito, apocado, poquita cosa y muy sencillo. Tan sencillo que solamente al final logré sacarle que tenía un Master en administración de empresas por la Universidad de Harvard, la más prestigiosa del mundo en este campo. Lo cierto es que la vida me ha enseñado que las personas más sabias son, precisamente, las más sencillas.
Principalmente porque saben que todo conocimiento es relativo y que, por mucho que pueda abarcar una persona con su estudio o experiencia, es imposible saberlo todo, y siempre hay muchas cosas que se escapan. Estaba el señor Fernández muy preocupado con el proyecto del periódico en Melilla. Conocía bastante bien el mercado de la prensa escrito, porque había trabajado en la gestión del Diario ABC. Sabía el número de ejemplares que, como media, un periódico local podría vender, en función del volumen de población y de otros factores, y no le cuadraban ni siquiera mis previsiones, que eran muy inferiores a las del señor Bohórquez.
Conocía los precios de la maquinaria, y nos llamó la atención sobre el hecho de que la documentación probatoria del precio de la maquinaria principal y más costosa del proyecto, la rotativa, se documentaba mediante una factura pro forma extendida por un accionista, que la vendía a la Editora. Nos comentó que conocía la máquina, y que el precio consignado podría ser de conformidad si fuera de nuevo estado, pero que no era sí, sino que provenía de un periódico de Granada, que había vendido o subastado sus activos.
Por tanto, calculaba que el precio debería ser, como máximo, la mitad del consignado. También nos explicó que era muy extraño que una empresa de carácter industrial y de una dimensión como aquella no acudiera al sistema bancario para complementar la financiación propia y las subvenciones. Añadió que para los gestores públicos de subvenciones, como éramos todos, el mejor indicador de la bondad de un proyecto era si era capaz de obtener financiación bancaria, puesto que ello implicaba una apuesta de unas personas, que se jugaban su puesto de trabajo, por el futuro de tal nueva empresa.
A pesar de que le conté todas las características del sistema financiero en Melilla, me siguió diciendo que eso era muy extraño y que, al menos una parte del proyecto debería haber sido financiado externamente. Lo que más me dejó helado es cuando comentó que conocía al Sr. Bohórquez, ya que este había tenido relación profesional con un periódico de Málaga capital. Nos pidió que le comentásemos esta última cuestión.
La verdad es que fue una reunión muy instructiva y tranquilizadora. Instructiva, porque, al menos yo, aprendí lo que no está escrito de una persona tan experta; tranquilizadora, porque me di cuenta que había gente muy seria en Madrid vigilando todo lo que hacíamos, detectando cualquier error que pudiéramos tener y corrigiéndolo. Además, fue también una forma de llamarnos la atención, de manera muy educada y respetuosa, sobre un proyecto de empresa que presentaba algunas cuestiones raras, y que habíamos despachado muy rápidamente creyendo demasiado en la buena fe del solicitante.
Días más tarde, le comenté al señor Bohórquez que había conocido a alguien que decía conocerle. Me dijo que no sabía nada de él, y cuando le pregunté sobre lo del diario de Málaga, ni siquiera me contestó y cambió el tercio.
Además, a consecuencia de la entrevista con el señor Fernández, requerimos a la empresa para que presentara otro presupuesto diciéndole que el anterior no era aceptable.
Hay que mencionar la cuestión que, hasta la Ley General de Subvenciones de 2003, y como documentación justificativa de haber realizado las inversiones, valía una factura, firmada y sellada por el proveedor en la que declarara, asimismo, que había recibido el dinero. No eran necesarias más comprobaciones, lo cual podía llegar a ser una posible vía para engordar el importe total de la inversión y, por tanto, conseguir una mayor subvención al final. Hoy en día, a situación ha cambiado, y es necesario presentar, junto a la factura, los extractos bancarios que justifiquen el pago de cada uno de los elementos que componen un proyecto de inversión.
Cuando ya estaba el expediente tramitado, se produjo un hecho muy curioso. Se personó en nuestras oficinas una secretaria del periódico para presentar, de nuevo, todos los impresos y documentación necesaria para obtener la subvención, pero en este caso a nombre directamente de Prensa de Melilla, SA, la empresa controlada por Bohórquez, en lugar de a favor de Editora Melillense, SA, en la que tenía la mayoría el Sr. Lalchandani. Corrimos a contárselo al Director Provincial, que solucionó el asunto llamando a Bohórquez, y argumentándole que el expediente estaba en Madrid y que, sencillamente, ya no era posible empezar de nuevo su tramitación. Mal que bien, Bohórquez tuvo que conformarse, pero, sin lugar a dudas, había dejado claras cuales eran sus intenciones,
La cuestión era que si finalmente iban a recibir en breve plazo una subvención a fondo perdido y al contado de 34 millones de pesetas, que representaba casi el 100% de la inversión a realizar, el Sr. Lalchandani y, por consiguiente, su capacidad financiera, no era necesario.
Una vez que el expediente estaba ya en Madrid, después de solventados todos los flecos existentes en Melilla, Bohórquez ya no querría saber nada de nosotros, los esbirros, a partir de entonces y tampoco del Director Provincial, que había firmado su informe sin someterse a consignas de su partido sino sólo pensando en la creación de los 17 puestos de trabajo que el proyecto de empresa implicaba. No nos dio ni las gracias, aunque ni falta que nos hacía. Desde ese momento, su acción se dirigiría al ámbito político: a la Delegación del Gobierno, al Ayuntamiento y al PSOE local.
Bueno –miento- no nos dio las gracias él, pero sí otra persona:
Una mañana sonó el teléfono en nuestra oficina. Lo cogió la auxiliar, y me dijo: Julio, tienes una llamada de Lalchandani.
¿Sí? –dije, cuando me pasaron la llamada.
-Un momento, le paso una llamada del Sr. Lalchandani –me contestó su secretaria.
Al cabo de un buen rato esperando, se puso al final Ayu Lalchandani, y dijo: ¿el señor Liarte?
-Sí, soy yo, le respondí.
-¿Tú eres el hijo de Juan?, me preguntó.
-Sí, señor Lalchandani, no sé si recuerda que nos presentó hará unos dos años.
-Bueno, Liarte, te llamo para darte las gracias. Me han dicho que habéis hecho un gran trabajo.
-No hay de qué, señor Lalchandani, estamos aquí para eso, aunque realmente a quien debería agradecérselo es al Director Provincial.
-Sí, voy a llamarlo para darle las gracias. Por cierto, ¿De cuánto dinero va a ser la subvención?, me preguntó.
-Nuestro Director ha propuesto la subvención máxima aplicable, es decir: 2 millones por cada puesto de trabajo o, lo que es lo mismo, 34 millones de pesetas. Le contesté.
-¿Tú crees que al final la subvención va a ser de tanto dinero?, volvió a preguntarme.
-Bueno, esa ha sido la cantidad propuesta por nuestro Director Provincial, y es lo que ha enviado a Madrid. No sé qué decirle, porque se trata de nuestro primer expediente, y no sabemos si desde Madrid respetarán la propuesta.
-¿Y cuánto tardarán en contestar y en pagar?, me preguntó de nuevo.
-Exactamente no lo sabemos, Sr. Lalchandani. Pero en el curso de formación que hicimos en Madrid nos dijeron que los fondos estaban disponibles, ya que se cobraban cada mes a los empresarios y trabajadores, y que la intención del Ministerio era conseguir ser muy ágiles para así llegar a dinamizar la economía. O sea, que supongo que no tardará mucho.
-Bueno, lo dicho, Liarte, muchas gracias de nuevo, y dáselas también a tus compañeros. A José Miguel Torres de Olóriz voy a dárselas también personalmente. Dale recuerdos de mi parte a tu padre. Adiós.
La propuesta de resolución fue enviada a Madrid durante el mes de mayo de 1985 y la visita del Sr. Fernández a Melilla se produjo en los dos meses siguientes. El periódico había empezado a salir a la venta en los quioscos a mediados de abril de ese mismo año y la necesidad de Editora Melillense de percibir la subvención era perentoria desde ese momento. Pero la pelota estaba en el tejado del Ministerio de Trabajo en Madrid, que tendría que aprobar, en su caso, la ayuda financiera final.
La presión, por tanto, se trasladó al ámbito político, y dado que el Gobierno tenía a su representante en Melilla, directamente sobre este señor. Era entonces Delegado del Gobierno en Melilla, desde el mes de julio de 1984, D. Andrés Moreno Aguilar, que después llegaría a ser recordado en la memoria colectiva de los melillenses por otro tipo de cuestiones.
Empezó entonces Bohórquez a acudir a la Delegación del Gobierno a exigir/implorar la concesión/recepción de la subvención. La cuestión es que, sinceramente, no sé aún si sirvió de algo o no.
Y no sé si sirvió de algo, puesto que, al final, cerca de año y medio más tarde, la subvención que se aprobó fue la que desde la Dirección Provincial en Melilla habíamos propuesto, aunque dividiendo por dos el importe final, es decir, la ayuda fue de diecisiete millones de las antiguas pesetas (una fortuna en esa época). Y es que, en el Ministerio, el Sr. Fernández logró imponer sus muy fundamentados y expertos criterios. También lo digo puesto que en Melilla está muy extendida la percepción de que los políticos pueden hacer lo que les de la real gana sobre un asunto determinado, pero no es siempre así, porque existen procedimientos y normas aplicables.
Por mucho que le gustara eso al señor Bohórquez, que vería sus oponentes reducidos a meros comparsas para ganar sus batallas mediante una invitación a comer o una mera llamada de teléfono, gracias a Dios, en nuestra Democracia, no es siempre así. O, mejor dicho, no era así en la Administración del Estado en el año 1985 y 1986, cuando trabajé en ella, y, por cierto, tampoco en el Ayuntamiento en los años 1987-1991, cuando me incorporé a trabajar en el mismo.
No obstante, el mentado individuo siguió, erre que erre, dándole a la matraca contra los políticos en el poder. La estrategia era presionar todo lo que podía para así lograr su objetivo. El Delegado del Gobierno, por su parte, le trasladó los datos que conocía: el resultado de la propuesta del Sr. Torres de Olóriz y el procedimiento previsto, que consistía en esperar la resolución formal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como a final del año 1985, esta aún no se había producido, supongo que se interesaría, mediante llamadas de teléfono, ante los servicios centrales del Ministerio para preguntar sobre el expediente.
En el PSOE local, que ocupaba entonces todos los resortes del poder local, no existía unanimidad sobre el asunto. Por un lado, estaban los legalistas, representados por los altos cargos de la administración periférica del estado en la ciudad, que entendían que las ayudas deberían aprobarse y llegar al destinatario porque este cumplía los requisitos aplicables.
Por otro lado, se encontraba el grupo más político, representado por el secretario general de tal partido en Melilla y los gerifaltes del Ayuntamiento, que no lo veían tan claro, porque, desde los primeros días de comenzar a distribuirse el periódico ya habían observado las peculiares maneras del editor, primero editorializando sobre la necesidad, a su juicio, de distribución del periódico en todas las oficinas públicas locales, luego en los aviones y en cualquier otro sitio. Encontronazos que continuaron con los primeros roces en relación a la publicidad que contrataba el Ayuntamiento, que ya era abundante en la época, con la pretensión de que el nuevo periódico debería obtener la práctica totalidad de la misma en su consideración de medio local propiamente dicho, y dado que el otro medio escrito existente, la edición de Melilla del Diario de la Costa del Sol, a pesar de llamarse Diario Melilla Costa del Sol y tener una portada propia con noticias e imágenes locales, no estaba impreso en la ciudad y tenía que recibirse en el primer avión de la mañana para que pudiera estar en los quioscos a partir de las 9:30 aproximadamente. Otro tanto ocurría con las páginas dedicadas a Melilla del Diario Sur.
Este tipo de conductas agresivas, fundamentadas o no, nunca son del agrado de los políticos en el poder, ni entonces ni ahora, por lo que surgieron los primeros roces. En este sentido, podría decirse que este grupo empezó a verle las orejas al lobo. Sin embargo, unos muy importantes sucesos en la historia de Melilla, cuyas consecuencia no habían sido previstas en modo alguno, se cruzaron en el camino y alteraron todo el escenario político y mediático de Melilla.
En Julio de 1985, el Parlamento español había aprobado la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, conocida como la Ley de Extranjería, cuya puesta en vigor tenía unas importantes implicaciones en Melilla, dado que exigía que una parte significativa de la población de la ciudad, prácticamente en su totalidad de religión musulmana y proveniente de Marruecos, si bien con una importante parte de ellos nacidos en Melilla tras una o varias generaciones, y que no tenían en ese momento la nacionalidad española ni, por tanto, el DNI, deberían legalizar su residencia en Melilla de acuerdo con la nueva Ley, mediante unos permisos gubernativos de residencia o trabajo, que debían tramitar y obtener de la Delegación del Gobierno, declarándose extinguida y sin valor la documentación que detentaban, conocida como la “tarjeta verde” o tarjeta de estadística, que había sido impuesta por los últimos gobiernos de Franco para tener un medio de control sobre la referida población, que no era considerada como población española de derecho, al tiempo que les permitía a los portadores de la misma unos limitados derechos, como el de residencia en Melilla, así como viajar, trabajar, comerciar y residir en el resto del territorio nacional aunque con algunas limitaciones.
La entrada en vigor de tal Ley, al menos en Melilla y Ceuta, y su gestión inicial por el Gobierno de España, deberían figurar en los manuales de historia como una de las mayores colecciones de torpezas cometidas por políticos en el poder en España.
Prácticamente fue aprobada súbitamente, sin conocimiento de la mayoría de la población afectada, y luego, ni salió nadie a explicarla y a tranquilizar a la población y ni siquiera lo intentaron al principio. Cuando pretendieron reaccionar, lo hicieron tarde y demasiado mal. Deberían haberse previsto especificidades para la población de Melilla. Deberían haberse ofrecido medidas para intercambiar automáticamente, incluso ofreciéndola de oficio, la nueva documentación. Deberían haberse explicado las ventajas, para tal población, de los nuevos documentos de cara a sus derechos de obtención de la nacionalidad española, pero no se hizo nada de eso; y tal inacción e ineptitud no hicieron más que sembrar la discordia, el resquemor, la intranquilidad y el miedo entre los melillenses, y no sólo entre los afectados, sino también en el resto de la población de Melilla, que vio renacer y tomar forma súbitamente su peor pesadilla, consistente en la marroquinización de la ciudad y su final anexión por Marruecos.
Los sucesos empezaron a endemoniarse a principios de 1986. Surgió, desde dentro de las filas del PSOE local, un líder que capitalizó, política y personalmente, las aspiraciones del colectivo al que decía representar. Empezaron a sucederse manifestaciones y concentraciones, llamadas por este señor y sus acólitos, que consiguieron llevar a su máxima expresión la llama de la inquietud y la desconfianza mutua. Frente a las reacciones del líder se contraponían las contra-reacciones de prácticamente todos los políticos locales y del resto de la población de la ciudad. Melilla se estaba convirtiendo en un polvorín.
Y, ya se sabe, en tiempos revueltos, ganancia de pescadores. El periódico del editor, el Melilla-Hoy, se convirtió, desde el primer momento, en el principal promotor de la imagen pública del líder del colectivo, Aomar Mohamedi Dudú, al que cobijó y mimó hasta la extenuación, y después al final dejó tirado como una colilla, como tantas veces ha hecho con otros tantos personajes. Una vez que el líder consiguió auto-afirmarse en Melilla, poco a poco comenzó a traspasar las fronteras de la ciudad, llegando el interés de la prensa y televisión nacionales, por lo que Melilla se convirtió en un foco de la atención nacional.
Conociendo, como creo que conozco, al personaje, me atrevo a suponer que el apoyo editorial a tal líder y a tal movimiento no derivaba de idealismos ni convicciones de justicia social, que, por otra parte, sí podrían compartir varios de los periodistas de la plantilla del periódico en tales fechas. En su lugar, creo que sus motivaciones provenían de su intención de luchar contra la cúpula del PSOE local, sus odiados Julio Bassets y Gonzalo Hernández, a los que intentaba desprestigiar mientras se apoyaba en el sector oficialista de Andrés Moreno y del Sr. Morata, entonces Delegado de Cultura en Melilla y principal valedor de Dudú. En cualquier caso, ahí tiene un activo, unas cuentas a cobrar figuradas, que ha agitado ya alguna vez y que agitará cada vez que le convenga en el futuro.
Estos meses revueltos llevaron a unas elecciones generales en Junio de 1986, en las que, sorpresivamente, la Coalición Popular de Manuel Fraga derrotó ampliamente al PSOE en Melilla, obteniendo los tres escaños en liza, cuestión que los propios populares ni siquiera imaginaban que podrían conseguir sólo unos meses antes, dada la gran diferencia en votos entre ambos partidos en las anteriores elecciones celebradas.
Y este vuelco electoral desencadenó un conjunto de efectos políticos. En primer lugar, el PSOE local hizo acto interno de contrición y penitencia, evaluando las pérdidas y planificando la forma de salvar los muebles en las elecciones locales del año siguiente. Si existía algún tipo de reticencia sobre el abono final de la subvención al periódico, esta fue obviada. Más o menos, que cobre la subvención y luego a gestionar la publicidad del ayuntamiento con la política del palo y zanahoria.
En segundo lugar, fue designado oficialmente un cabeza de turco de todo lo acontecido, que no pudo ser otro que el Delegado del Gobierno, Andrés Moreno, que fue cesado y sustituido por un conocido melillense, el Comisario Manuel Céspedes, que había sido Jefe de Seguridad de Felipe González en el Palacio de la Moncloa, y que conocía, de primera mano, todos los entresijos y las catacumbas de Melilla, y contaba con todos los recursos necesarios para manejar sagazmente toda la cadena de despropósitos.
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