2012 no está siendo el mejor año para Joaquín Cortés. El bailaor, al que a principios de año Hacienda reclamó dos millones de euros, se enfrenta hoy a un nuevo juicio por la supuesta apropiación indebida de 600.000 euros, destinados a la apertura de un local de flamenco en Madrid.

Los hechos se remontan a 1998, cuando un grupo de inversores argentinos firmó un contrato con diferentes empresas en las que figuraba el nombre de Cortés para la puesta en marcha del negocio. El proyecto no llegó a buen puerto y los socios del otro lado del charco denunciaron al bailaor, a su hermana y al apoderado de las compañías por quedarse con la inversión.

Ya en 2010, se les condenó a un año de cárcel y a pagar 175.000 euros cada uno, una sentencia que se recurrió y quedó anulada. Pero los argentinos no se dieron por vencidos e iniciaron un nuevo proceso. No obstante, en esta ocasión no contarán con el apoyo de la Fiscalía, que consideró que el proyecto fracasó por factores externos y que en ningún caso quedaba demostrado que los 600.000 euros fueran a parar a otros fines.

Una preocupación más para Cortés, a quien en enero el fisco le exigió dos millones de euros para sufragar sus deudas con la Seguridad Social, el IRPF y otras obligaciones, como los gastos de comunidad. La situación ha puesto al artista con el agua al cuello. Cuenta una persona cercana a él que «de cada treinta actuaciones que tiene, diez son para pagar a sus acreedores».