ND.- Boliviano. Inmigrante ilegal en el Reino Unido. Y ladrón. Detenido tras robar ropa en unos almacenes de Londres. Las autoridades iniciaron los trámites para deportarlo. Pero el boliviano respondió que ya tenía una “vida familiar” en el país. Y, además, una gata. Y que la deportación podría tener “consecuencias” para la calidad de vida del animal. Un juez aceptó sus argumentos y dejó sin efecto la orden de expulsión.

La Ley de Derechos Humanos vigente en el Reino Unido desde que un gobierno de Blair la instauró hace trece años fue uno de los temas discutidos a cara de perro en la reciente conferencia del Partido Conservador británico.

A diferencia de lo que sucedió pocos días después con la insulsa y alegremente vacía convención de los conservadores españoles del Partido Popular, en la reunión de Manchester se abordaron algunos de los pilares de la democracia británica. Que la sostienen, o que, corroídos, no hacen más que amenazar con su desmoronamiento. Entre ellos, nada menos que los Derechos Humanos.

Las intervenciones provocaron un duro y agrio enfrentamiento entre miembros del gobierno británico, que no sólo se saldó con el cuestionamiento de uno de los cimientos de las sociedades occidentales contemporáneas, sino que, además, tendrá consecuencias en la estabilidad del propio ejecutivo de Londres. Entre las cosas que allí se dijeron al máximo nivel se encuentra que las leyes de protección de los Derechos Humanos “impiden la deportación de terroristas y criminales condenados”.

Un gato con poder

Todo comenzó con el discurso de la responsable de Interior en el gobierno de Cameron, Theresa May. En él, anunció su propósito de cambiar las leyes que impiden la deportación de extranjeros puesto que, de ser expulsados, se conculcarían sus inalienables Derechos Humanos, entre ellos, el “derecho a una vida familiar”. Puesto que todo el mundo tiene una “vida familiar”, en la práctica resulta casi imposible librarse incluso de los peores sujetos, los cuales aprovechan la coartada para mantener su impunidad.

“Todos conocemos ‘historias’ sobre la Ley de Derechos Humanos: las del violento traficante de drogas que no puede ser expulsado porque su hija, a la que no paga pensión, vive aquí; la del ladrón que no puede ser echado porque tiene una novia; la del inmigrante ilegal que no puede ser deportado porque -y no estoy exagerando- tiene un gato como mascota”, dijo May.

No ya la crítica sobre cómo se implementa la legislación sobre ‘Derechos Humanos’ -cuestionados de forma abierta por el propio David Cameron en su función de permanente coartada para todo tipo de conculcadores de la ley-, sino la alusión a que un gato había impedido la expulsión de un inmigrante ilegal y ladrón fue lo que desencadenó la tormenta.

Acusaciones “ridículas e infantiles”

Y fue precisamente otro destacado miembro del ejecutivo, Kenneth Clarke, éste liderando la cartera de Justicia, y quien un día se postulara para líder del partido frente a Cameron, quien sacó la artillería pesada de la ironía británica contra su propia compañera de gabinete. Clarke acusó a May de realizar acusaciones “ridículas e infantiles” puesto que nadie en el Reino Unido ha dejado de ser expulsado porque tuviera un gato.

El Guardian, como faro y portavoz de la oposición laborista, se frotaba las páginas con el tema y, sin disimular el placer por el insólito choque, hablaba de “cat fight”, una expresión de argot aplicada a las peleas -generalmente de mujeres- que se caracterizan por los gritos y el escándalo más que por la efusión de sangre y las lesiones graves. Sólo que, esta vez, sí hubo graves lesiones políticas en la refriega interna conservadora.

Clarke llegó a hablar del “malestar de los jueces” sobre cómo se estaba describiendo por el propio gobierno la consistencia de sus dictámenes. Y las primeras informaciones, sin duda urdidas y manejadas por el responsable de Justicia, consiguieron hacer calar la idea de que en ningún caso ningún gato tuvo ningún papel en la abortada expulsión del boliviano, sino que, por el contrario, habían pesado “otras” consideraciones.

“Graves consecuencias emocionales”

Pero resultó al final que sí, que el gato sí había jugado su papel en la impunidad del boliviano. En realidad, se trataba de una gata cuyo nombre era Maya. Fue un juez de inmigración, James Devitte, quien permitió continuar al inmigrante ilegal y ladrón en el Reino Unido amparándolo en el articulo 8 de la Ley británica de Derechos Humanos que garantiza el derecho de las personas -humanas- a una “vida familiar”.

Para empezar, no se trataba de una pareja de hombre y mujer la que veía amenazada su estabilidad, sino la de dos gays, uno de ellos, el boliviano. En un largo dictamen de seis páginas, el juez argumentó: “En 2005, el apelante (contra su deportación, esto es, el boliviano) y su compañero se hicieron con un gata, a la que llamaron Maya, y que ha vivido con ellos desde entonces”.

El asunto del felino era crucial para el juez Devitte porque mostraba la “fuerza y calidad de la vida familiar que el apelante y su compañero disfrutan”. Y añadía: “En Canadá, y en mucha menos extensión, en Estados Unidos, se está produciendo un creciente reconocimiento de la importancia que las mascotas ocupan en la vida familiar, y sobre las potencialmente graves consecuencias emocionales que los propietarios de las mascotas pueden sufrir cuando algo desafortunado liquida su vinculación con una mascota”.

“Peligra el bienestar del gato en Bolivia”

El boliviano había llegado incluso a argumentar que el bienestar de su gata se vería amenazado si ambos eran expulsados a Bolivia, a lo que el departamento de Interior se vio obligado a contestar no sólo que la gata “sería capaz de adaptarse a la vida allí (en Bolivia) con sus dueños”, sino que “mientras la calidad de vida material de la gata en Bolivia quizás no tenga los mismos estándares que en el Reino Unido, esto no le da derecho (al boliviano) a permanecer en el Reino Unido”.

No lo entendió así el juez: el boliviano tenía el derecho a la “vida familiar” que ya “disfrutaba” en el país, y, además, su estabilidad emocional se podría ver seriamente comprometida si la situación llevaba a que el deportado debiera separarse de su gata, lo que acarrearía “un significativo impacto en su dueño”.

En el Reino Unido, la veda se abrió hace tiempo en torno a la legislación sobre Derechos Humanos. Y fueron precisamente algunos de los más destacados jueces británicos quienes advirtieron de que, amparándose en ella, los más brutales terroristas no sólo conseguían mantenerse en el país, paralizando cualquier orden de deportación, sino que, además, lo hacían ocultos tras una capa de anonimato. En otras palabras, para no perjudicar la imagen de procesados y condenados, el público ni tan siquiera sabe quiénes son porque los tribunales esconden sus identidades.

Terremoto en la coalición

“La Ley de Derechos Humanos introducida por los laboristas en 1998 ha sido criticada por ofrecer más protección a criminales y terroristas que a los miembros del público que cumplen con la ley”, recordaba el Telegraph destacando cómo, en efecto, los peores y más brutales terroristas campaban a sus anchas por el país en pleno anonimato para no perjudicar sus ‘derechos humanos’.

Interior contra Justicia, Justicia contra Interior, con Cameron concediendo nada menos que “el derecho a la vida familiar no es inalienable”, al final el incendio se propagó por la coalición y alcanzaba a los demócrata liberales.

En medio de un incesante juego de palabras en la prensa con el término ‘cat’ -“cat figth”, “cat-astrophe”, “claws-4 moment”…-, Nick Clegg, viceprimer ministro y demócrata liberal, aparecía en escena con una declaración no menos agria que la polémica que la había originado. Su posición era clara “en palabras de una sílaba”: “La Ley de Derechos Humanos está aquí para quedarse”.

Los saqueadores y sus prestaciones sociales

Ken Clarke volvió a aparecer “lamentando” sus furibundos ataques a su compañera de ejecutivo, la secretaria de Interior, pero su destino parece entonces ya más que decidido: saldrá del gobierno más pronto que tarde.

De hecho, Cameron ya estaba muy caliente con su responsable de Justicia antes incluso del asunto del gato y de los Derechos Humanos. Clarke había venido bloqueando las iniciativas que el propio primer ministro había propuesto para privar de sus beneficios sociales a quienes habían participado en los disturbios y saqueos de hace unas semanas.

La situación creada iba mucho más allá de un simple ‘cat fight’: crisis de gobierno, crisis entre conservadores, crisis dentro de la coalición entre liberales y conservadores, y, sobre todo, crisis de legislaciones cruciales en el desarrollo del último siglo en Occidente, legislaciones que, como la de Derechos Humanos, cada vez más gente ve que se han vuelto contra ella.