La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento autonómico de Cataluña ha rechazado este miércoles una propuesta de resolución para instar al Gobierno autonómico a acatar las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a reintroducir el castellano como lengua vehicular escolar junto al catalán, y a realizar los cambios legislativos necesarios para ajustar las normas afectadas a la legalidad.

La iniciativa ha sido presentada por el PP y ha recibido el voto contrario del resto de formaciones (CiU, PSC, ERC, ICV-EUiA y Solidaritat -Ciudadanos no tiene representante en esa comisión-). La moción no tiene valor legal ni jurídico y pedía que se pidiera a la Generalidad que cumpla la ley.

“Las sentencias de los tribunales no se interpretan, se cumplen”

María José García Cuevas (PP) ha recordado que la acción de cualquier gobierno está limitada por las leyes y las sentencias de los tribunales, y que estas deben ser cumplidas “de buena fe, y respetando el espíritu y la letra” de las mismas. Además, ha destacado que “las sentencias de los tribunales no se interpretan, se cumplen”, y en este caso, “hablan con claridad de un cambio de modelo educativo que afectaría a todos los escolares catalanes para ajustar este modelo a la legalidad vigente”.

La diputada autonómica popular ha subrayado que el Tribunal Supremo ha advertido de que “la atención personalizada no es válida para garantizar la presencia vehicular del castellano, y que enseñar el castellano como materia curricular no es estudiar en castellano”. “Las sentencias especifican que la inmersión lingüística es un sistema contrario al espíritu y la letra de la Constitución y, por tanto, de no modificarse la Ley de Educación de Cataluña en cuanto a lenguas vehiculares esta sería una norma inconstitucional”, ha añadido.

CiU asegura que la inmersión “no excluye el castellano como lengua docente”

García Cuevas ha lamentado que “desde el primer momento, el Gobierno [autonómico] haya mantenido una actitud pública y manifiesta contraria al cumplimiento estricto de estas sentencias”, y ha calificado esta posición como “una escandalosa dilación por parte de la Generalidad para evitar cumplir unas sentencias judiciales que contrarían su proyecto identitario; una muestra de insumisión y lealtad institucional”.

Dolors Batalla (CiU) ha respondido asegurando que el actual modelo lingüístico escolar “no excluye el castellano como lengua docente” y que la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán es “un modelo de éxito” que no ha generado “ningún conflicto social”, pese a las más de 500 demandas presentadas solo en un año ante la Consejería por parte de padres que exigen bilingüismo en las aulas. “Un modelo que hay que mantener y proteger de los ataques de unos sectores minoritarios, porque hay un déficit respecto a la lengua catalana”, ha concluido.

ERC: el Tribunal Supremo “se ha extralimitado” en sus funciones

Por parte de ERC, Anna Simó ha señalado que el Tribunal Supremo “se ha extralimitado” en sus funciones al emitir estas sentencias porque, en su opinión, “no puede impedir la aplicación de una ley vigente aprobada por un paralmento soberano”. Además, ha considerado que acabar con la inmersión supondría que el catalán “quedaría reducido a la nada, arrinconado y en peligro de desaparición”.

Jaume Bosch (ICV-EUiA) ha defendido que la inmersión “es un modelo que funciona” y “contribuye a la cohesión social” de Cataluña. Mientras que Uriel Bertran (Solidaritat) ha instado a desacatar las sentencias porque estas “no se pueden imponer a la voluntad mayoritaria del pueblo catalán”.

El PSC acusa al PP de tratar de “boticotear un modelo mayoritario”

Sin embargo, la intervención más agresiva ha sido la del diputado autonómico del PSC Daniel Font, que ha acusado a García Cuevas de “mentir” y contar “patrañas” para “buscar la agitación lingüística sobre la base de una falsedad”. Ha asegurado que en Cataluña hay “paz y tranquilidad social” en el ámbito lingüístico, y ha acusado al PP de presentar “un mapa cataclísmico” inexistente, de utilizar “un lenguaje más propio de otros regímenes ya superados”, y de tratar de “boicotear un modelo mayoritario”.

Font ha citado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación a que “la determinación de la proporción” del uso de las dos lenguas oficiales en la enseñanza corresponde a la Generalidad, pero ha olvidado que, el propio Alto Tribunal ha establecido un límite: el español también debe ser lengua vehicular y la distribución de uso de ambas lenguas debe ser ‘proporcional y equitativa’.

Las diputadas autonómicas María José García Cuevas (PP) y Laia Bonet (PSC) durante sus intervenciones de este miércoles (fotos: Parlamento autonómico de Cataluña).

La Generalidad ofrece la versión inconstitucional del texto del Estatuto

Por otra parte, la misma comisión ha rechazado otra propuesta de resolución -también presentada por el PP- que instaba al Gobierno autonómico a ofrecer el texto “legal y vigente” del Estatuto de Autonomía de Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional, tanto en la web de la Generalidad como en las publicaciones oficiales que edita. De hecho, en la librería de la Generalidad se limitan a ofrecer junto a cada ejemplar del Estatuto una hoja fotocopiada donde indexan ‘las afectaciones operadas’ por la sentencia.

García Cuevas (PP) ha calificado de “incomprensible” el hecho de que la Generalidad siga manteniendo el texto inconstitucional bajo la denominación incorrecta de Estatuto de Autonomía de Cataluña 2006, “cuando ese texto no es legal” y ha solicitado su modificación para ajustarlo a la legalidad. En su opinión, esta situación solo pretende “tergiversar la realidad y confundir a la ciudadanía”.

CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC y SI, en contra de ofrecer el texto estatutario legal

Todas las formaciones han rechazado la propuesta popular. Anna Simó (ERC) ha calificado la iniciativa de “insidiosa” y ha considerado “insultante” que se hable de versión inconstitucional del Estatuto, a pesar de que lo es. Jaume Bosch (ICV-EUiA) ha considerado que eso supondría un coste elevado y ha asegurado que lo que el PP busca es “provocar una humillación” de la Generalidad. Mientras que Uriel Bertran (Solidaritat) ha propuesto evitar el coste de ajustar los textos editados a la legalidad y destinarlo a la defensa de la inmersión lingüística. David Bonvehí (CiU) ha considerado suficiente que en la web de la Generalidad, tras el texto del Estatuto, también esté disponible la sentencia del Tribunal Constitucional.

Al igual que en la anterior proposición, la representante del PSC ha sido la más beligerante. Laia Bonet ha calificado la intervención de García Cuevas como propia de una “clase de Derecho Político de otras épocas” y ha acusado al PP de ser los “responsables” de la sentencia del Tribunal Constitucional por haber presentado el recurso. Además, ha negado que se pueda tildar de inconstitucional la versión inicial del Estatuto, y ha estimado que basta con una versión consolidada del texto que se ofrece en la página web del Parlamento autonómico.