De nuevo el buenismo exasperante de la progresía cristiana catalana. El pasado martes tuvo lugar en Barcelona el acto “Qué son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y qué está pasando”, convocado por la Plataforma de entidades cristianas con los inmigrantes, para presentar su posicionamiento y denunciar la realidad que se vive en los CIE de España.

La sala se llenó de cristianos progres para escuchar las experiencias de Cristina Manzanedo, coordinadora del Informe “Mirada tras las rejas” de la ONG Pueblos Unidos, sobre el CIE de Aluche (Madrid), y Cristina Fernández, miembro del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB, que ha participado en la elaboración del Informe de la red Migreurop sobre 4 centros españoles, entre ellos, el CIE de la Zona franca de Barcelona.

Cristina Manzanedo explicó que Pueblos Unidos es una entidad que trabaja desde hace muchos años con población inmigrante y conoció la realidad del CIE de Aluche a través de lo que les explicaban los familiares de las personas que estaban retenidas. “Sus historias hablaban de unas condiciones de vida sin ninguna garantía, así como de la vulneración de derechos fundamentales. Ante estas informaciones, decidieron contactar con el CIE para poder comprobar la situación de los internos”.

Durante el año 2009, miembros de la entidad pudieron entrar y lo que vieron era tan grave que, en 2010, pidieron al Ministerio del Interior permiso para poder entrar como entidad social. Varias veces se les denegó pero, finalmente, aquel mismo año recibieron una buena noticia: se habían constituido unos juzgados que tenían la función de vigilar y controlar las deficiencias de estos centros. El año 2011, uno de estos juzgados pidió al Ministerio del Interior que cumpliera la ley y dejara entrar a las organizaciones sociales.

Durante su exposición denunció que en estos centros estaban recluidas personas con un perfil más amplio y heterogéneo que el que define el marco legal de los CIE, puesto que además de personas sin permiso de residencia y trabajo, gente con condenas penales y sin arraigo social, había personas con hijos menores, arraigadas a la sociedad de acogida, que no habían cometido ningún delito ni ninguna acción que comportara daño social o a terceros, y que simplemente aspiran a vivir mejor o con dignidad.

Explicó que son unos espacios gestionados por el Cuerpo Nacional de Policía donde prevalecen los criterios de control y seguridad, frente a los derechos y necesidades de las personas, y donde las personas recluidas no reciben ningún tipo de información sobre cómo está su caso, no saben si las expulsarán o no, ni cuándo, por lo tanto, no saben cuál será su futuro. Esta desinformación les genera mucha angustia y sufrimiento.

Cristina Manzanedo también explicó que se respiraba “miedo de los internos hacia la policía, tensión y violencia”, y algunos de ellos les explicaron los maltratos que habían sufrido. En estos casos nunca se ha aplicado un castigo al agresor porque muchos policías llevan las placas identificativas poco visibles, hecho que imposibilita que la víctima pueda identificarlos y, además, la fiscalía muestra muy poco interés para aclarar los hechos.

Ante lo que consideró que son “vulneraciones de derechos de las personas internas”, Cristina Manzanedo expuso los cambios que piden para mejorar estos centros, como es aplicar un modelo de gestión mixta entre el Cuerpo Nacional de Policía y funcionarios que dependan del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La elaboración de un reglamento garantista, en el que también pueda participar la sociedad. Que se potencie la figura de los juzgados de vigilancia y control para asegurar una verdadera tutela judicial. Y la eliminación de la Circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que “ampara las redadas según el perfil racial de las personas y no vinculadas a actos violentos”, hecho que abre las puertas de los CIE a personas que no tendrían que estar allí.

El acto continuó con la intervención de Cristina Fernández, quien presentó la situación del CIE de la Zona franca y explicó que, a diferencia de lo que ha conseguido Pueblos Unidos en Madrid, “ninguna entidad social ha obtenido permiso para entrar en este CIE, por lo tanto, la única vía de acceso es realizar visitas como hacen los familiares, con las restricciones que esto comporta”. Continuó explicando que las visitas se tienen que hacer a través de mamparas, sin contacto físico y, si hay presencia de menores, estos se pueden acercar o no a su familiar dependiendo del criterio del policía. Ante estos hechos, Cristina Fernández denunciaba que “no hay ningún juez encargado de suplir la carencia de un reglamento sobre los CIE, por lo tanto, esto provoca que los espacios de impunidad en estos centros sea la norma”.

Después de las intervenciones de las dos ponentes, se leyó el manifiesto elaborado por la Plataforma de entidades cristianas con los inmigrantes, en el que hicieron un llamamiento a la sociedad para exigir al Gobierno español que se cierren estos Centros de lnternamiento o, en su defecto, se apruebe un reglamento regulador que corrija todas sus deficiencias, tal como exige la Ley, y que se tomen todas las medidas adecuadas a fin de que en estos centros se respete plenamente la dignidad y los derechos de las personas que están internadas. Por último, las entidades miembros de la Plataforma mostraron su disponibilidad para ofrecer atención social, humana y religiosa en el CIE de Barcelona.