La Consejería de Empleo no cortó hasta este mismo año el grifo de las subvenciones a dos empresas de Archidona (Málaga) y Sevilla que contrataron a un tetrapléjico para repartir prensa y a un sordo para atender el teléfono, entre otros casos igual de paradójicos, como destapó ABC en su edición de ayer.

Desde octubre de 2010, sin embargo, la Junta conocía la existencia de un cúmulo de irregularidades laborales en las sociedades Centro de Trabajo Andalucía Centro SL y Editorial Andaluza de Prensa y Revistas SL, que gestionaban Juan Jesús Cruz Sánchez y su esposa, María de Gracia Ábalos Jiménez.

En dicha fecha extrabajadores presentaron ante la sede de la Consejería en Sevilla denuncias avisándole de ceses injustificados, impago de nóminas e incumplimientos de contrato. Un mes después, en noviembre de 2010, las anomalías incluso se plasmaron en una sentencia firme. El Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla dictó la primera condena por despido improcedente.

Ambas firmas, que se dedicaban a la edición y reparto de un semanario en pequeños municipios andaluces y estaban homologadas como centros especiales de empleo, recibieron entre 2006 y 2010 en torno a 3 millones de euros a través de fondos europeos gestionados por la Junta para estimular la inserción laboral de discapacitados.

Lo que pretendía ser una vía de escape laboral a un colectivo en serio riesgo de exclusión social se convirtió pronto en un nuevo foco de fraude, pues antes de que concluyera el período de pruebas y tras recibir como anticipo el 75 por ciento de los salarios, despedían a los discapacitados, que tenían asignadas tareas impropias de su minusvalía. Luego los repescaba a través de la otra sociedad sin abonarles finiquitos y dejándoles a deber las nóminas. En otras ocasiones, les pagaban en especie, con lo que sacaban a través de la venta de los periódicos en la calle, que no llegaba al Salario Mínimo Interprofesional. Según la norma reguladora de las ayudas, estaban obligados a mantener los contratos indefinidos durante al menos tres años. A cambio, recibió 12.021 euros por cada uno. Rara vez lo cumplía.

Empleo hizo oídos sordos a las quejas de los trabajadores, y entre enero y febrero de este año siguió dando subvenciones a los dos centros para financiar la mitad del salario de los trabajadores y el cien por cien de las cuotas a la Seguridad social. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recoge tres resoluciones de ayuda por importes de 8.866, 9.038 y 10.064,15 euros (27.968 en total), que fueron firmadas el 19 de enero, el 1 de febrero y el 18 de febrero de 2011 por los delegados de Empleo de Almería, Córdoba y Huelva, respectivamente. Tales subvenciones tenían como destino financiar parte de las retribuciones del personal de Editorial Andaluza de Prensa y Revistas SL, que se creó en 2009 en parte con personal traspasado de la firma donde figura como administrador su marido. La Consejería reaccionó después.

En julio pasado, impuso a ésta una sanción de 100.006 euros por «infracción en materia de empleo». En marzo, un mes después de la última ayuda, el Servicio Andaluz de Empleo de Málaga le abrió un expediente reclamándole la devolución de fondos. Demasiado tarde. Los empresarios se declararon insolventes y la Junta aún no ha recuperado ni un euro del quebranto infligido a sus arcas. Tampoco los discapacitados a los que contrataron.

Mano de obra gratis en su salón de boda

Las irregularidades no acaban en los citados centros especiales de empleo. Algunos empleados, discapacitados físicos, relataron que fueron utilizados como «mano de obra» gratuita en tareas que nada tenían que ver con su contrato, que estaba subvencionado por la Junta. En concreto, se encargaron del montaje de eventos o ejercieron de camareros en un salón de bodas que explota Cruz Sánchez en Archidona. También tuvieron que hacer encargos para la hermandad del Dulcenombre del pueblo, de la que su mujer es hermana mayor.