Bebé abandonado en 2010 en la puerta de un establecimiento comercial.

Durante meses, el supuesto robo de bebés durante el franquismo ha sido uno de los asuntos recurrentes de los medios informativos al servicio de la izquierda.

Todo comenzó cuando alguien sacó del baúl de los recuerdos el supuesto robo de bebés para edulcorar el amargor de la crisis. Nadie dijo, porque hacerlo sería tanto como admitir que el franquismo hizo de la protección de la familia imperio moral, que aquellos supuestos bebés robados en realidad fueron concebidos de forma contraria a lo que aquella sociedad decente reconocía como aceptable y natural. Gracias a que las leyes franquistas garantizaban el derecho a la vida, lo que sin duda ha permitido que muchos de los actuales mandatarios estén vivitos y coleando, la salida para esas supuestas mujeres no fue el aborto fácil, sino permitir que sus supuestos hijos terminaran siendo provechosos hombres de bien, gracias al cuidado responsable y las atenciones que pudieron dispensarles las familias que los acogieron.

En la mayoría de los casos, esos supuestos niños que hoy se dicen robados fueron entregados en adopción a las supuestas monjas por las propias madres, aterrorizadas ante la perspectiva del repudio social y familiar que habrían sufrido.

Los desenterradores del pasado, porque no tienen un presente ni un futuro mejor que ofrecernos, simulan ignorar cuál habría sido el seguro destino de esos supuestos bebés ‘robados’ si sus embriones hubieran hallado acomodo en el vientre de una madre ‘educada’ bajo la hégira de éste y de otros gobiernos de la democracia. De nuevo se impuso el valor de la utilidad personal, en este caso política, sobre el bien social. Aunque sea a costa de faltar al supremo mandamiento de la verdad. Al fin y al cabo, desde que un descendiente de Fernando VII juró defender los principios del Movimiento en 1.969, la democracia española se fue edificando sobre los escombros de una gran mentira.

Bebés abandonados por la crisis

Lo que nadie o casi nadie cuenta es que no hace falta bucear hasta la década de los 40 y los 50 para encontrarnos casos de hijos que son separados de sus madres, incapaces de poder mantenerlos por la crisis. ¿Sería menos grave el perjuicio causado a estas madres por causas tan ajenas a su voluntad como la absoluta falta de medios de subsistencia? Hace dos años María se quedó embarazada. Tuvo que dejar su trabajo como limpiadora, su pareja se desentendió y su familia ni siquiera sabía que la joven iba a ser mamá. Desesperada, esta chica de 23 años decidió que iba a dar en adopción a su bebé. Llegó el día en el que María comenzó a sentir contracciones. Ingresó en el Hospital General de Valencia y dio a luz. Escuchar el llanto indefenso de su hijo le hizo cambiar de opinión. «No puedo hacerlo», espetó a las enfermeras. Decidió quedárselo y pudo sacarlo adelante con la ayuda de la Casa Cuna.

Sin embargo, en los últimos cinco años, más de 2.000 mujeres sí han optado por renunciar a sus bebés en toda España. Sólo en Valencia, a 24 de octubre, 13 madres han expresado su deseo de dar a su hijo en adopción a otra familia en lo que va de año, según datos facilitados por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social. La mayoría han sido en Alicante. Con este dato, se alcanza ya la cifra total de renuncias contabilizadas en todo 2010, cuando también hubo 13.

Las difíciles circunstancias socioeconómicas y la falta de apoyo familiar son las principales causas que abocan a muchas madres a tomar esta decisión. No se les pide explicación y siempre se mantiene su anonimato. Basta con que manifiesten expresamente su deseo de renunciar.

Para ello, estas gestantes pueden dirigirse a los trabajadores sociales del centro de salud donde son atendidas, a los equipos municipales de los servicios sociales o a los servicios de protección de menores de cada comunidad autónoma.

Desde el momento del alumbramiento, el neonato entra en el Sistema de Protección de Bienestar Social. A partir de ahí, se le hace un reconocimiento médico, se le declara en desamparo y se elige cuál es el mejor recurso.

La primera opción que se baraja es que el acogimiento por parte de la familia extensa. Cuando esto no es posible, el pequeño es asignado a una familia «declarada idónea».

Según explica Raquel, trabajadora social de Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, una de cada cuatro chicas que ingresan en la institución lo hacen con la idea de entregar al neonato. La renuncia no conlleva ningún delito civil ni penal. La legislación española prevé esta posibilidad sin consecuencias penales. En cambio, el abandono sí acarrea graves efectos. Por un lado, está la responsabilidad penal, que deriva en prisión de hasta tres años, y por otro, la puesta en peligro de la vida de un menor, con lo que el castigo total puede llegar a cuatro años de cárcel.

Abandonos

El número de abandonos en toda España ha aumentado desde el inicio de la crisis. En estos casos, se declara el desamparo y el Estado asume así automáticamente su tutela. La decisión final respecto al bebé se adopta cuando finaliza la investigación policial en relación a los hechos. También depende de si aparece o no la madre biológica, el padre o la familia extensa.

Si no es así, al menor se le asigna una familia educadora o va a uno de los centros de acogida residencial que existen en las comunidades autónomas. Dentro de las familias acogedoras, están las de urgencia, disponibles las 24 horas del día para recibir en su hogar a un niño en el momento menos pensado, como cuando se da un abandono. Los pequeños permanecen con ellos entre seis y nueves meses.

Los lugares donde se han hallado niños desamparados van desde estaciones de autobuses hasta jardines, aparcamientos y hasta en el campo.