Se denunció el 1 de agosto y aún sigue en su puesto. No se entiende que las medidas de austeridad anunciadas por el presidente popular de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, no hayan alcanzado aún a uno de los arquetipos de la cultura del despilfarro socialista. Hablamos del Defensor del Ciudadano, cargo dependiente de la institución y que asumió el ex líder provincial de Comisiones Obreras Francisco Gutiérrez por decisión del anterior presidente del ente supramunicipal, el socialista Salvador Pendón.

Gutiérrez, de acrisolada trayectoria como dirigente sindical a la vieja usanza, fue nombrado Defensor del Ciudadano a dedo tras dejar la secretaría general de Comisiones Obreras, una etapa caracterizada por los continuos enfrentamientos entre el sindicato y los empresarios malagueños. Muchos de ellos recuerdan esa etapa con desazón y tristeza. “Tuve que cerrar mi negocio debido a las presiones de ese sindicato”, recuerda Lorenzo Almagro, expropietario de una empresa de papel que llegó a contar con una veintena de trabajadores vinculados al sindicato comunista.

Su sorpresa está siendo grande estos días al ver a Gutiérrez disfrutando aún de las socaliñas de un cargo concebido para que continuara haciendo carrera política a la sombra de los presupuestos públicos. Pese a la esterilidad de un puesto sin poder decisorio ni ejecutivo, Gutiérrez ha convertido la oficina del Defensor del Ciudadano en un ruidoso altavoz de las reivindicaciones de inmigrantes e ilegales, en muchos casos contra decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol, en manos del PP.

“Ese señor nunca ha sido el defensor de los ciudadanos sino de una parte de ellos”, se queja amargamente un empresario del sector audiovisual que aún espera ser recibido por Gutiérrez para exponerle su caso, similar al de otros muchos empresarios andaluces que tuvieron que echar el cierre a sus televisiones locales tras el reparto de licencias TDT a grupos afines a la izquierda por parte de la Junta de Andalucía.

El presidente de la Diputación aún no ha decidido cuál será el futuro de la Oficina del Defensor del Ciudadano, pese a su inutilidad y su carácter partidista. Las críticas, entre tanto, arrecian dentro del PP para que se ponga fin a la actividad laboral del exlíder de Comisiones Obreras a costa de las exánimes arcas públicas y en contra de la orientación marcada por los votantes el pasado 22 de mayo. Sólo hay una salida para este representante de la Andalucía umbrosa del PSOE: finiquito y manta. Para cuentos ya tenemos bastante con los de Saturnino Calleja.