El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado iniciar los procedimientos sancionadores a los farmacéuticos que cerraron sus farmacias para reclamar el pago del dinero que les adeuda la Junta de Comunidades, que asciende a 125 millones de euros.

Así lo ha indicado la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, al término del Consejo de Gobierno que se ha celebrado esta tarde en Ciudad Real, que ha aprobado la iniciación de los procedimientos sancionadores correspondientes “a los colegiados que en el día de ayer siguieron el cierre de oficinas de farmacias en Castilla-La Mancha”.

Cospedal ha justificado la medida porque según ha indicado: “lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir con su obligación y nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir la Ley”.

Ha añadido: “vamos a comenzar el procedimiento sancionador y lo que se derive del procedimiento sancionador se aplicará, que es un expediente contradictorio donde se les dará audiencia, como exige y garantiza la ley nacional y la ley en vigor en Castilla-La Mancha”.

En este sentido, el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, ha advertido de que el Ejecutivo autonómico aplicará “con toda la firmeza y con todo el rigor, como no puede ser de otra manera como autoridad sanitaria” la Ley de Farmacias nacional, y la Ley de Ordenación Farmacéutica de Castilla-La Mancha aprobada por el anterior Gobierno autonómico en el año 2005.

Echániz ha avanzado que para su aplicación “se abrirán las diligencias pertinentes, a través de los inspectores de farmacia, para realizar este procedimiento administrativo”.