Sede de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).

Tras la información aparecida en Alerta Digital el 29 de junio sobre la cesión de las instalaciones de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía para un negocio privado de miembros de la familia socialista de Aznalcázar, localidad donde se ubica la escuela policial, la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía se ha visto obligada a dar marcha atrás en las pretensiones de la alcaldesa de esta localidad de usar la ESPA como sede de un lujoso campamento de verano, donde los menores pagarían importantes cantidades a una empresa vinculada con una concejala de Aznalcázar y sobrina de la propia alcaldesa, Lola Escalona.

Dada la difusión que tuvo la noticia, donde también se puso de manifiesto el peligro que aparejaba el que niños a partir de siete años convivieran con policías locales que cursan su formación de ascenso a oficiales y el riesgo de unas instalaciones de una escuela policial que incluso tiene vulnerabilidades potenciales inherentes a su propia naturaleza, el consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, amonestó a su director general de Interior y Emergencias, José Saavedra, de quien depende el centro de seguridad y éste a su vez a la directora de la escuela, Reyes Pro, por el descabellado propósito de querer convertir la ESPA en una “guardería de pago”.

Por ese motivo, el lunes 4 de julio no se presentó en la ESPA ningún menor de la mano de la empresa Lagier Events, que organiza los campamentos infantiles de inmersión en lengua inglesa y donde uno de sus responsables es la pareja sentimental de la concejala Escalona, sobrina de la alcaldesa, desarrollándose las actividades formativas policiales con total normalidad y según lo programado.