Hubo una época en que los políticos eran ricos o, al menos, unos privilegiados. Por definición. Se les exigía un patrimonio que garantizaba un buen pasar y, de esa manera, podían dedicarse tranquilamente a discutir sobre la vida y milagros de la ‘cosa pública’ que se reducía a cómo conseguir que unos pocos tuvieran mucho y los demás siguieran como siempre: analfabetos y satisfechos si es que lograban que los hijos comieran caliente una vez al día. A unos los llevaban de aquí para allá en carruaje de caballos y otros, los más, iban a pie sin pretensiones de llegar muy lejos. Así era la vida.

Mucho hemos cambiado afortunadamente y, por eso, entre otras cosas ya no hay que inclinar la cabeza al ver que se acerca un alto mandatario, con levita, reloj de leontina y botines. ¡Vaya cuadro! Eso era en el siglo XIX, ahora pueden pasar desapercibidos, si no fuera por los famosos coches oficiales. De riguroso color oscuro, suaves como la seda, que circulan por las carreteras pisando fuerte. Muchas veces demasiado: más de 1.300 automóviles de matrícula reservada -entre ellos, los de cargos públicos- hicieron méritos suficientes en 2009 para ganarse una buena multa. Es lo que tiene el poder. Abre puertas y autovías de par en par. Sin complejos, con autoridad.

Asunto delicado, sobre todo en tiempos de vacas flacas. No existe un censo del parque móvil asignado a los políticos pero muy probablemente debe de superar las 6.000 unidades. Hagamos cuentas: la Administración del Estado dispone de más de 780, los gobiernos de las comunidades autónomas tienen 1.177, mientras que las diputaciones y ayuntamientos seguro que engordan muy generosamente el total. Por no hablar de la miríada de empresas públicas y organismos autónomos (desde RENFE a una orquesta sinfónica) cuyos directivos también recorren España sobre cuatro ruedas, con un chófer que lleva pinganillo y les deja tranquilos mientras ellos hablan por teléfono, ven la televisión en el iPAD o… trabajan con el portátil sobre las rodillas en beneficio del interés general. ¡Que de todo hay!

Si damos por acertada la aproximación de los 6.000, la partida del presupuesto que se llevan puede rondar los 290 millones de euros al año. Y esto es así porque se calcula que el gasto de un automóvil de alta gama, en ocasiones blindado, llega a los 48.000 euros anuales. Una friolera que se atraganta a gran parte de la población, a la vista de cinco millones de parados, banqueros a cara de perro cuando se pide un préstamo y una tasa de desempleo juvenil que se acerca al 45%. Con este telón de fondo, no resulta plato de buen gusto ver tantísimos Audi A8, Volkswagen Passat y Peugeot 607 delante de las instituciones públicas, donde todo el mundo se llena la boca con los ‘planes de austeridad’.

El tema de los coches se ha convertido en la comidilla de la opinión pública, sobre todo a raíz de la iniciativa de los concejales de UPyD en Madrid, que han renunciado al automóvil que cada uno tenía adjudicado. «¡Es que es increíble! En el consistorio de Barcelona tienen 23 vehículos oficiales y aquí hemos llegado a disponer de 160… Da igual que nuestra deuda pública alcance los 7.200 millones de euros, siete veces más que ellos», detalla David Ortega, portavoz del partido de Rosa Díez en el ayuntamiento que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón.

En la capital de España se han tolerado en los últimos años nada menos que 77 coches de ‘incidencias’, aptos para imprevistos que surgieran a cualquiera de los 57 ediles o al secretario del pleno. A David Ortega todavía le dura la indignación y está dispuesto a seguir presionando hasta reducir al máximo la flota municipal. Sigue la táctica de la gota malaya: insistir e insistir a base de ruedas de prensa y titulares. Por cierto, el parque móvil del ayuntamiento madrileño pasará de 134 a 40 a propuesta del grupo popular.

Otros consistorios liderados por el partido de Rajoy se han subido al carro. Dos ejemplos: Córdoba, donde José María Nieto quiere prescindir de la mitad de coches (de 8 a 4); y Vitoria, con Javier Maroto, que desechará 8 de los 10 que tiene para conformarse con 2.

Eso sí, más vale empezar con los coches de los ediles, sin tocar las jubilaciones doradas de los parlamentarios del Congreso y Senado, que dan derecho a la pensión máxima con apenas once años de cotización, ni las aportaciones a cuenta de las arcas públicas que garantizan a sus señorías un fondo de previsión social. Ahí nos metemos en harina de otro costal. Son intocables, a pesar de un clima social cada vez más hostil: según el último barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), los españoles consideran a los políticos como su tercer mayor problema (22,1% de la población), solo por detrás del paro (84,1%) y la crisis económica (46,6%).

Con todo, hay expertos que no dudan en romper una lanza en favor de los parlamentarios, al recordar que «cobran muy poco si los comparamos con sus colegas europeos», en palabras de Fernando Vallespín, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid y expresidente del CIS. En Francia, Reino Unido y Alemania reciben un sueldo de unos 7.000 euros al mes, por no hablar de Italia donde superan los 11.000. Nuestras señorías, en cambio, tienen una remuneración base de 2.300 que, con los pluses, apenas supera los 6.000 si residen fuera de la capital. Se ven obligados a viajar todas las semanas y, encima, no todos tienen coche oficial propio. Conclusión: se les deja tranquilos.

La diputada de UPyD, Rosa Díez, el líder del PP, Mariano Rajoy, que propone el uso compartido, y el ministro de Industria, Miguel Sebastián -que ya anunció un recorte de los coches oficiales en marzo- solo prestan atención al volumen «desmesurado» del parque móvil. Da igual que la parte del león se la lleven las nóminas del personal: en Madrid hay 107 chóferes (la mayoría funcionarios) que en su conjunto cobran 4,5 millones de euros al año. ¿Y el coste de los vehículos? Unos 350.000 euros.

Mientras tanto, hay compañías como Arval, especializada en ‘renting’, que no desperdician la oportunidad de promocionarse a bombo y platillo. «Si todas las administraciones alquilaran los automóviles en lugar de comprarlos, ahorrarían 225 millones de euros», aseguran con total convencimiento. De acuerdo con sus cálculos, hay 100.000 vehículos a disposición de los empleados públicos, incluidos guardias forestales y barrenderos. Una cantidad que les pone los dientes largos, máxime porque saben que se adquieren habitualmente en modalidad de ‘renting’ o ‘leasing’ para los cargos públicos (con el ‘renting’, el precio incluye tanto el mantenimiento como las reparaciones y el seguro).

Llegados a este punto, conviene echar la vista hacia atrás: en los ayuntamientos, la generalización de los coches oficiales (con escolta incluido) se impuso por una necesidad imperiosa de protección. Nada más lejos de una prebenda o regalo. Cuando ETA asesinó al concejal sevillano del PP Alberto Jiménez-Becerril y a su mujer, Asunción García, el Ministerio de Interior tomó cartas en el asunto y recomendó a los consistorios de las principales ciudades el uso de vehículos conducidos por personal de seguridad.

Dicho y hecho. José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid entre 1991 y 2003, otorgó un coche a cada edil en Madrid, algo que también se aplicó en Valencia por iniciativa de Rita Barberá, donde todavía se dispone de 33. Los dos nuevos concejales de Esquerra Unida -y los del resto de la oposición- ya han anunciado que renuncian a ese derecho.