Frontera de Melilla.

E.E.- La Unión Europea se enfrenta a una etapa crucial para su supervivencia, pese a los mensajes de tranquilidad que se multiplican en los pasillos de Bruselas. Las discrepancias sobre la gobernación económica de la Unión, que dilatan la puesta en marcha del rescate portugués y cuestionan si conceder más préstamos a Grecia, son una de tantas diferencias en el seno del club comunitario.

Esas divergencias socavan también el principio de la libre circulación de personas, consagrado en los acuerdos de Schengen. Y al que se suele apelar como principal pilar del espíritu comunitario, cuya vigencia se discute hoy más que nunca, después de que los responsables de Interior acordaran el jueves revisar la naturaleza del tratado con la intención de restablecer controles en casos excepcionales.

Algo que de facto abriría la puerta a una mayor autonomía de los gobiernos en materia de inmigración y reduciría sobremanera el ámbito de actuación del Ejecutivo comunitario, al que sólo se acudiría para justificar la suspensión una vez adoptada.

Bruselas se esfuerza por intentar acercar las posturas de los Estados, a la vez que empieza a asumir que podría quedar relegada a un segundo plano, dado que la potestad de interrumpir Schengen bajo condiciones extraordinarias se sumaría a las competencias nacionales de los países. Tal y como quiere Alemania, de la que depende el éxito de cualquier acuerdo en suelo europeo. Y al contrario de lo que desea la Comisión Europea, que va a tener que redoblar esfuerzos si quiere calmar el gallinero en que se ha convertido la Unión.

Artífice de la última polémica, Dinamarca lucha por aplacar los ánimos del resto de socios europeos, a los que irritó tras adoptar unilateralmente la decisión de restablecer controles aduaneros con Suecia y Alemania, incidiendo en que sólo afectarían a las mercancías, nunca a las personas, y achacando la iniciativa a su intención de frenar la delincuencia en general y el tráfico de drogas y seres humanos en particular. “Mucho ruido y pocas nueces”, aseguran los nórdicos, quienes persiguen rebajar el alcance de una medida que, sin duda, supondría una verdadera suspensión de los acuerdos.

Los suecos, envueltos colateralmente en la polémica, abogaron ayer por secundar la intención de los vecinos daneses. “Claro que es bueno que Dinamarca quiera adoptar medidas para garantizar que no tenemos tráfico de drogas, actividad criminal, tráfico de personas u otras cosas entre Suecia y Dinamarca. Nosotros ya tenemos un control fronterizo similar”, declaró el ministro de Finanzas del país escandinavo.

Francia e Italia, en cambio, se sirven de una retórica algo menos explícita. Defienden también revisar las normas para introducir inspecciones fronterizas en circunstancias aún por clarificar. Al mismo tiempo que París y Berlín sacan los colores al Gobierno de Berlusconi por los permisos de residencia temporal que concedió a aproximadamente 20.000 inmigrantes.

La UE no ayuda a sus miembros

El ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, volvió ayer a criticar el papel de la UE en la gestión de la crisis migratoria al asegurar que no hace aquello que prometió. Maroni, a propósito de la afluencia masiva de inmigrantes tunecinos a Lampedusa, sugirió que su país debía abandonar la Unión ante la escasa ayuda que Italia recibía.

Otros países como España, Malta y Bélgica se niegan en rotundo a modificar el tratado, lo que considerarían una involución, si bien el último de los tres planeó en plena Semana Santa la sospecha de que se empezaba a reforzar la presencia policial en los aeropuertos.

A pesar de las posturas enfrentadas, Europa acaba de dar cobijo a alrededor de 850 refugiados, que huyen casi en su totalidad de los conflictos armados del norte de África. Un gran número se encuentra ya en Malta mientras que Noruega albergará a otra gran cantidad, al igual que Suecia. España, Francia y Alemania, a otro tanto. Una nueva muestra de la ambigüedad de los políticos, que por una parte socavan la Europa sin fronteras y por otra se esfuerzan en demostrar su disposición a trabajar por la integración de los inmigrantes.

El Ejecutivo comunitario, no obstante, se muestra dispuesto a jugar sus bazas y ayer amenazó con abrir un expediente a Dinamarca en caso de que el gobierno del país nórdico siga adelante con la medida de instaurar controles “permanentes y visibles”. Según la comisaria de Interior, Cecilia Malmstrom, vulnerarían la legislación de la UE. Malmstrom confirmó que el Ejecutivo comunitario “utilizará los instrumentos de que dispone con la intención de garantizar que se respete el derecho europeo”.

Bruselas quiere además saber si esta iniciativa formará parte de un paquete más amplio destinado a controlar la delincuencia y preguntará a Copenhague por la “base legal” y las fuentes de información que manejará cuando introduzca los controles. En la misma línea se mostró el presidente de la Comisión, Durao Barroso, quien incidió en que corresponde a Dinamarca probar que las acciones previstas resultan “proporcionadas y aptas para garantizar el cumplimiento de la legislación e indispensables para ese objetivo”.

Queda por ver en qué medida la Comisión influye en la postura danesa, teniendo en cuenta que el control de las aduanas forma parte de las competencias de los Estados y que los procesos disciplinarios pueden dilatarse años y años.

Precisamente uno de los Estados que acogerá a parte de la nueva ola de refugiados procedente del norte de África, Francia, abrió la caja de los truenos cuando hace aproximadamente tres semanas decidió, por “razones de orden público”, interrumpir la circulación de trenes procedentes de Italia para evitar una avalancha de inmigrantes que huían del norte de África.

Desde entonces hasta hoy, y tras debates, anuncios, amenazas y correspondencia con acuse de recibo entre Sarkozy, Berlusconi y Barroso, lo único cierto estriba en que los socios comunitarios miran hacia otro lado después del peligroso anuncio de Dinamarca. En suma, los artífices de la Europa sin Fronteras continúan emplazando a nuevas reuniones, con lo que retrasan todo lo posible la adopción de una decisión definitiva sobre la interrupción del tratado, si bien Malmström debe presentar a principios de junio su propuesta para esclarecer las condiciones excepcionales bajo las que presuntamente se podrá suspender Schengen.

Y no sólo abrió la caja de Pandora, sino que Francia sigue recrudeciendo su política migratoria al promulgar la quinta ley que regula la materia desde 2003. Desde el Elíseo se insiste en que se trata de una norma tendente a impedir la afluencia de extranjeros ilegales a territorio galo, aunque los partidos de izquierda inciden en que “de hecho” se endurecerán las condiciones de acogida a inmigrantes por parte del país francés.

Y todo ello cuando aún resuenan los ecos de la tan criticada decisión del presidente francés, Nicolas Sarkozy, que decidió comenzar a expulsar a la raza gitana de territorio francés, y que todavía hoy constituye un arma arrojadiza que los adversarios del presidente de la República siguen utilizando contra sus propuestas.

España y Canarias

España, uno de los países históricamente más afectados por las oleadas de inmigrantes que llegan a las Islas Canarias, mantiene una postura de rechazo absoluto a la modificación del tratado de Schengen. Incluso, aunque Europa no siempre se muestre sensible con sus necesidades.

La misma Alemania que hoy aboga por reintroducir los controles bajo el arbitrio de los gobiernos nacionales, en 2006 denegó la ayuda que solicitó nuestro país a la UE como consecuencia de las oleadas de inmigrantes que arribaban a las costas del archipiélago. La locomotora europea achacó su rechazo a los más de 340.000 inmigrantes que se vio obligada a acoger sin ningún tipo de apoyo tras la desintegración de los Balcanes. Entonces, Europa tuvo que hacer frente a más de 600.000 refugiados procedentes de la extinta Yugoslavia, con el apoyo en aquel momento de Dinamarca.