He aquí que se nos presenta la ocasión de poner en entredicho una ley, de proclamar en voz alta su consumada arbitrariedad y naturaleza sectaria, de poner en entredicho a un sistema a través del cual se aprueban normas que distinguen el alcance penal de un mismo delito en base al sexo al que pertenezca el delincuente. No necesito ser jurista para comprender lo que un espíritu normal jamás entendería. Un supuesto maltratador es siempre visible, mientras que algunos juristas tratan de convencernos de que si el maltratador es una mujer, la parte maltratada sólo es un accidente, una entidad abstracta que no merece la pena humanizarla a los ojos de la opinión pública.

Los malos tratos, reiterados y de una crueldad vesánica, infringidos por una lesbiana a su compañera no causa alegría, pero tampoco llega a encolerizar a las feministas y a muchos jueces de igual forma a si el suceso lo hubiese protagonizado supuestamente un varón. Las feministas radicales aceptan que en las parejas formadas por lesbianas, una de ellas reproduzca el rol del hombre y que ese rol tenga todas las ventajas legales y económicas que se les niega a los varones en casos de conflicto matrimonial. Lo ocurrido no me extraña ni crea en mí una sensación de injusticia mayor a la del bochorno, tanto más cuanto que las juristas que se han pronunciado a favor de los distintos raseros legales no se les escuchó nunca una palabra de denuncia contra la ineficiencia de las leyes actuales en casos como el de los asesinos de Marta. Pero este es el sistema, y la inutilidad de sus fundamentos se hará más visible a medida que la sociedad española sea un espacio cada día más irrespirable. Todo se andará.

Ninguno de ustedes ignora el mal trato institucional que sufren los hombres separados cuando se enteran, por ejemplo, de que sus derechos son menores que los que tenía un paria en la antigua India. Conozco casos de hombres separados que, tras el farragoso trámite de la repartición de bienes (es un decir), se quedaron con lo puesto y sin ninguna instancia a la que acudir. Entre las taras de este sistema ninguna como su ensañamiento con los hombres, la criminalización del hombre ante cualquier denuncia por malos tratos presentado por cualquier esposa cruel y resabiada. Ni siquiera tienen el derecho a la misma presunción de inocencia que tienen los asesinos de Marta. En los casos de presunto maltrato, el sistema no necesita de más base indiciaria que el formalismo de una denuncia para que la honra del denunciado pase por su trituradora.

Hace años, en un programa televisivo, conté con el testimonio inédito de varios representantes de una asociación de hombres maltratados. Franqueando tabúes y cadenas sociales, decidieron contar sus casos, en muchos casos estremecedores. Entre ellos habían funcionarios, abogados, empresarios de éxito, un profesor universitario y hasta un político en ejercicio. Las feministas radicales montaron en cólera y pidieron incluso a la Junta de Andalucía que tomara cartas en el asunto. Durante semanas me convertí en el blanco dilecto de esa farándula greñosa. Dí a las feministas la oportunidad de que refutaran los testimonios de los maltratados enfrentándose a ellos frente a las cámaras. Ninguna quiso. Todo estaba preparado por los que conciben la crónica oficial de una de las dos España quitándole la palabra a la otra media. Cierto que los casos de maltrato que sufren las mujeres por parte de sus parejas son más, pero les aseguro que el otro también existe, además de forma creciente, y parece que lo aconsejable no sea otra cosa que aminorar sus efectos, ridiculizarlos o incluso negar que existan.

La aberración es aún mayor en el caso de la lesbiana agredida. Se nos está diciendo que este sistema niega el derecho a la tutela jurisdiccional a las mujeres que son maltratadas física y pisicológicamente en el caso de que la agresora sea otra mujer. Hay otros casos igual de graves, como el de la estafadora que se sirvió de Internet para estafar a un pobre hombre y que, al ser descubierta, denunció a su víctima por acoso. En este caso, el acoso consistió en la pretensión del pardillo de recuperar su dinero. Y cada día son más las mujeres despechadas que, al amparo de las normas, pueden presentarse ante una comisaría a denunciar que han sido maltratadas, solas o acompañada por dos compinches encargadas de prodigar a la ‘maltratada’ toda clase de atenciones llenas de circunspección, como si se tratara de José de Arimatea y de Nicodemo sosteniendo el cuerpo de Cristo después del descendimiento de la cruz . Les aseguro que tras esta secuencia no hay marido en España que se libre del Vía Crucis. Y si tiene la desgracia de ser el cónyuge o el novio de alguna famoseta, el linchamiento mediático está servido.

Algunas mujeres juristas ya han montado en cólera por la ‘osadía’ de un juez de condenar a una agresora lesbiana. Una tal Altamira Gonzalo es la cabecilla de la cosa. Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, señaló que es de “una ignorancia supina” aplicar esta norma a las parejas homosexuales, porque fue creada específicamente para “erradicar la violencia que se ejerce por los hombres a las mujeres en las relaciones de pareja”. Dice también esta sectaria que la sentencia podría haber tenido ese sentido por “motivos personales” del juez contra la norma. Da por hecho que el juez mantiene actitudes homofobicas por no dejar sin castigar la perpetración de un delito.

Supongo que si ese mismo juez hubiese dictado una sentencia condenatoria contra un hombre acusado de poligamia o de alentar la mutilación genital de su hija, la tal Altamira le habría acusado de tener motivos islamófobos. Se da por hecho que este tipo de debates dentro del estamento judicial no abarcan casos como el de los delitos contra menores, ni contra la corrupción en amplias zonas de la geografía española, sino sólo los que afectan a los derechos y libertades de determinados grupos. No se puede sin embargo culpar a esta jurista de lo que el Estado no ha previsto. Es un problema de autoridad moral. Por eso siguen en lo de siempre.

Y si ha sido creada una ley para ser aplicada arbitrariamente en la supuesta protección de la parte más débil, ¿por qué no otra que aplicase todas las eximentes posibles al pobre de solemnidad que decidiera atracar pacíficamente una de las sucursales de Emilio Botín? O al padre de Marta si buscase la mediación de la mafia marsellesa para lograr lo que el Estado no ha sido capaz de conseguir: que los asesinos de su hija canten de una vez.

La maltratada que habría sido condenada a pasar por el olvido si las resoluciones judiciales dependiesen de Altamira Gonzalo sufrió daños físicos y psicológicos pavorosos. Se pretende borrar de las crónicas de sucesos casos como éste, más aún si la maltratada confiesa que nunca más volverá a convivir con una mujer. Y por supuesto quieren cruxificar al portentoso juez que se ha atrevido a rebasar dogmas y prejuicios y por cuyo valor tendría que estarle agradecido toda la gente decente de este país.

Poca defensa tiene el español del siglo XXI cuya vida puede ser literalmente destrozada por una mujer fría, cruel y calculadora. Es el sistema, amigos, en cuyo nombre el Estado niega protección a los maridos y en cambio se prodiga en atenciones y cuidados a psicópatas sexuales, sin papeles, asesinos reincidentes y toda esa gama de delincientes que crecen como hongos al abrigo de nuestras ineficientes normas. No se puede uno imaginar peor instinto ciudadano que el de estos ignaros y resentidos legisladores al servicio de las feministas radicales.

Lo anterior se resume en tres principios políticos y legales: Desprecio a los hombres en cualquier contencioso con sus parejas, desprecio a la presunción de inocencia y desprecio al espíritu de esa Constitución de 1.978 que nos habla de igualdad de todos y todas ante la misma ley. Comprenderán ustedes que mi desafección a este sistema no haga sino alimentarse cada día hasta alcanzar la gula.