Jorge Skibinsky.- La muerte de una mujer embarazada de 19 años a manos de su pareja no puede dejar indiferente a nadie. La violencia contra la mujer se ha convertido en el estandarte del gobierno socialista durante las dos legislaturas de Rodríguez Zapatero y toca ahora hacer un balance sosegado y realista de la situación actual.

Después de la proclamación por unanimidad de la ley de violencia contra la mujer en 2004, conocida como ley de violencia de género, y las modificaciones que impuso sobre el código penal cabe preguntarse a la hora de recoger los datos si ha sido una ley efectiva o, por el contrario, ha empeorado la situación. Hay que recordar que a la sombra de aquella ley, se crearon los juzgados específicos de violencia contra la mujer (no se ocupan de ningún otro asunto). También se promovieron la denuncia indiscriminada contra el hombre, la compensación económica de 250 euros y la mejora del régimen fiscal a las maltratadas, la facilidad para conseguir trabajo con sólo presentar la denuncia de maltrato y hasta conceder ventajas para obtener la ciudadanía española a las extranjeras denunciantes. Todas estas medidas han sido propiciadas por un organismo creado ad hoc por el propio gobierno que se llamó Ministerio de Igualdad y que actualmente, como una secretaría bajo el paraguas protector de Sanidad, aún sigue gastando 100.000 euros de presupuesto público en ridículas e inútiles campañas como la de “sacar la tarjeta roja al maltratador” de efecto nulo.

A la vista están los resultados obtenidos. El número de mujeres muertas aumenta o se mantiene año a año, las denuncias son muchísimas pero sin evidencias terminan cada vez más en absolución y los planes de prevención brillan por su ausencia. Además, muchas de las denuncias podrían ser falsas al favorecer la picaresca popular de denunciar por el simple hecho de beneficiarse de los privilegios que se le otorga a la mujer por ser oficialmente una “maltratada” como expliqué antes. Por el contrario la aplicación de medidas de alejamiento cautelares con la sola denuncia, el alejamiento del padre de sus hijos en casos de divorcio y la diferencia de trato judicial en caso de maltrato al hombre (que también existe pero que no tiene juzgados especializados como el maltrato a la mujer), ha generado un fuerte malestar en no pocos sectores de la población que ven esta diferencia de trato del hombre y la mujer ante la ley como una discriminación de género a la inversa, tan repugnante como injustificable constitucionalmente.

Por último diré que la enorme cantidad de órdenes de protección – que también se han demostrado ineficaces – han derrochado y dispersado esfuerzos institucionales que no han servido para proteger efectivamente a las verdaderas mujeres maltratadas, generando mayor desprotección de la mujer en general lo que incrementa la inseguridad que éstas experimentan y por ello muchas no se atreven a denunciar. Es hora de propugnar una cambio profundo en todo lo actuado empezando por abolir la nefasta ley de violencia de género que tanto daño ha hecho a muchas familias en toda España para seguir con una reunión de todos los sectores implicados con el fin de encontrar la solución más adecuada y eficiente para resolver este doloroso tema.

*Presidente de la Associació de Pares de Família Separats de Les Illes Balears (APFSIB).