Cáritas ha detectado un “considerable aumento” de los controles policiales practicados sin previo aviso en sus centros de atención y asistencia a los supuestamente más desfavorecidos, muchos de ellos inmigrantes ilegales.

Hasta un tercio de las 54 Cáritas Diocesanas repartidas por todo el territorio nacional han informado de que, a lo largo del 2010, las visitas por sorpresa o “controles selectivos” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus centros, proyectos o servicios para identificar a las personas atendidas se han duplicado.

Los servicios de Acogida y Asistencia de la organización social de la Iglesia católica atendieron a casi 800.000 personas en 2009, de los que algo más de la mitad eran inmigrantes y un tercio de éstos (aproximadamente unos 150.000) se encontraba en situación de ilegalidad. Estas atenciones gratuitas son la principal razón de que miles de inmigrantes opten por permanecer en España, al acecho de las ayudas que les caiga, antes que regresar a sus países, con lo que crece la conflictividad social y el gasto público.

Según han informado trabajadores de la organización, las solicitudes de información sobre inmigrantes se producen “una o dos veces al año” o incluso “una vez por trimestre”, aunque los centros de Cáritas de Las Palmas, Segorbe-Castellón y Mondoñedo-Ferrol denuncian una asiduidad superior.

Estos son algunos de los datos incluidos en un informe sobre “La situación social de los inmigrantes acompañados por Cáritas” en 2010 que ha sido presentado hoy por el secretario general de la organización, Sebastián Mora, quien ha considerado que los centros de Cáritas “deberían ser sitios seguros a los que nadie tenga miedo de acudir”.

Se trata, según ha detallado en conferencia de prensa, de visitas a los directores de los centros para solicitar la identificación selectiva de las personas atendidas, algo a lo que los responsables de Cáritas se niegan “si no hay orden judicial o comisión de delito”.

“Si los controles son selectivos y discriminatorios sólo producen un efecto nocivo, tanto entre la población autóctona como la inmigrante”, ha advertido Mora, para quien este tipo de prácticas unido a la mala situación económica y al “endurecimiento” del discurso político produce un “riesgo claro de fractura social”.

No obstante, Mora ha subrayado que los problemas de acceso al padrón y los servicios municipales, los elevados niveles de desempleo y explotación de los inmigrantes y su precaria situación jurídica son “problemas mucho más graves” que unos controles policiales que “no son buenos ni convenientes, pero se producen con total normalidad”.

Así, el informe presentado hoy denuncia que muchos Ayuntamientos ponen “barreras” para la inscripción en el padrón, lo que supone limitar el acceso de muchos inmigrantes a servicios básicos como la sanidad y la educación y a ayudas para la vivienda o el empleo.

También subraya que más del 30 por ciento de los inmigrantes se encuentran en paro (frente al 18 por ciento de los españoles) por lo que se ven obligados a aceptar empleos precarios y mal remunerados o en situación de explotación laboral.

Las “graves dificultades” para pagar deudas o hipotecas ha exacerbado las situaciones de hacinamiento y de movilidad residencial, lo que agrava los problemas. Todo ello unido a la “rigidez” en las condiciones exigidas para la renovación de permisos de residencia y trabajo ha resultado en que “un tercio de los inmigrantes que atiende Cáritas se encuentra en situación de irregularidad sobrevenida”.

Cáritas también ha denunciado las deficiencias de las políticas sociales dirigidas a los inmigrantes y, en especial, el “drástico recorte” de los servicios de integración, atención primaria y acogida de inmigrantes.