Exodo de ciudadanos libios.

¿Qué autoridad tiene la ONU para exigir a España que ponga fin a las redadas de ilegales mientras mantiene una actitud sospechosamente silente con las aberraciones que comete estos días en Libia el tirano Gadafi? ¿Qué autoridad tiene este organismo inútil para determinar los límites éticos en las naciones de Europa? Hagamos historia del por qué la inacción de la ONU en el conflicto libio.

La dictadura libia fue elegida para presidir la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La noticia fue alarmante, pero peor fue el resultado de la votación: 33 países apoyaron la candidatura de este gobierno indeseable, mientras 17 democracias europeas y latinoamericanas se abstuvieron de condenar la aberración. Solo tres naciones –Canadá y Estados Unidos entre ellas– se atrevieron a oponerse frontalmente a ese agravio a la sensibilidad y al sentido común.

En realidad nadie debe sorprenderse de que unas cuantas docenas de satrapías tercermundistas coordinen sus esfuerzos diplomáticos para colocar a un miembro de la banda al frente de una institución en la que supuestamente se examinan las violaciones de los derechos humanos. Es una manera sencilla de deshacerse de los cadáveres y de protegerse de indagaciones incómodas. Es una forma eficaz de asociarse para delinquir sin consecuencias. Pero resulta moralmente inexplicable que un puñado de naciones democráticas se preste a ese juego repugnante. ¿Por qué lo hacen? Supuestamente, para no irritar al bloque de países africanos al que le “tocaba” la presidencia del grupo. En realidad, porque esa comisión, como toda la ONU, se ha convertido en un foro carente de cualquier vestigio de moralidad o decencia en el que solo cuentan los intereses políticos de la camarilla gobernante y la habilidad que tenga para defender sus intereses colectivamente.

Cuando se creó la ONU, tras la Segunda Guerra mundial, el propósito central de las pocas docenas de naciones que firmaron el acuerdo era evitar un tercer conflicto semejante al desatado por Hitler y Mussolini en 1939. Eso, sin duda, se logró, pero en la medida en que se desarrollaron los procesos de descolonización, la institución, que hoy cuenta con 190 países miembros, se fue llenando de dictaduras dotadas por los soviéticos de una lectura rencorosa de la realidad. De acuerdo con esos códigos, los males que aquejaban a las ex colonias provenían de las viejas metrópolis y, en última instancia, de Estados Unidos, la gran potencia capitalista que explotaba el mundo en su propio beneficio, fatalidad histórica que inevitablemente desembocó en la creación de bloques político culturales en los que también predominaba una actitud hostil hacia Occidente y sus valores: había que destruir el mundo de los blancos. Frantz Fanon escribió ese catecismo de odio, Los condenados de la tierra, y Jean-Paul Sartre lo prologó y sancionó sin ningún pudor.

Esta guerra ideológica planetaria muy pronto se instaló en la ONU. Veinte naciones árabes constituían el corazón de un segmento aún mayor de 56 países islámicos que con frecuencia votaban unidos en apoyo de causas antidemocráticas. El “Movimiento de los no-alineados”, con docenas de naciones afiliadas, en los momentos más peligrosos de la Guerra Fría acabó por ser un aliado diplomático de la dictadura de Moscú. La ONU entonces dejó de ser un foro legítimo y se convirtió en un campo de batalla contra la democracia y la economía de mercado, en el que periódicamente se crucificaba a Israel con las acusaciones más peregrinas.

En efecto, basada en la aplanadora tercermundista, la ONU ha aprobado 400 resoluciones contra el Estado judío, y alguna de ellas –luego revocada– ha consistido en establecer una equivalencia entre sionismo y racismo, manipulación de los conceptos que en la práctica se transformaba en una invitación a destruir esa nación y echar al mar a los israelitas. Incluso más: en esa misma comisión de Derechos Humanos que hoy dirige el terrorista Gadaffi, señor y dueño de un país en el que ocurren toda clase de atrocidades, en el pasado se han discutido acusaciones tan viles como que los judíos utilizan a niños de origen árabe para inocularles virus de sida, o que recurren a la sangre de prisioneros palestinos para llevar a cabo sus ritos religiosos.

Obviamente, sería una insensatez desmontar la ONU a estas alturas de la historia, pero más absurdo aún es continuar desgastándose dando batallas inútiles dentro de ese organismo. ¿Qué puede hacerse? Sin duda, crear una asociación paralela a la que solo puedan integrarse democracias en las que se respeten los derechos humanos. Poco a poco, o acaso rápidamente, esa nueva ONU formada sobre valores y principios democráticos, e integrada por las sociedades más prósperas del planeta, iría convirtiéndose en el gran foro mundial, mientras la vieja ONU quedaría como lo que merece ser: un club de debates sin ningún peso moral y muy poca influencia, al que puedan asomarse periódicamente los tiranos de turno a contar sus mentiras.

Kant tenía razón cuando opinaba que los estados de derecho en los que había un parlamento representativo, eran menos proclives a provocar conflictos internacionales o a declarar guerras. Pudo añadir que cuando las dictaduras y las democracias se sientan en la misma mesa en igualdad de condiciones, quienes se contaminan y devalúan son las democracias. La presidencia de Libia a la Comisión de Derechos Humanos es la mejor muestra de que hay que sustituir esa podrida institución cuanto antes.

Varapalo a España de la podrida institución

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas ha pedido a España que acabe con los controles de identificación basados en “perfiles étnicos y raciales” que, en la práctica, se traducen en “detenciones indiscriminadas” y “restricción de derechos” de los extranjeros.

En un documento fechado el pasado 10 de marzo, la ONU recomienda también al Gobierno español que estudie la revisión de la circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, que regula el tratamiento policial que reciben los ciudadanos extranjeros indocumentados. Una normativa del Ministerio del Interior que asociaciones de apoyo a los inmigrantes y refugiados creen que estimula la “xenofobia y el racismo” y “vulnera” la Constitución, pero que el Gobierno español considera que “refuerza las garantías” de los ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Naciones Unidas también aconseja a España que revise la vigente Ley de Extranjería porque, a su juicio, es “discriminatoria” para las mujeres “sin papeles” que son víctimas de la violencia machista. La situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) preocupa especial a la ONU que ha recomendado la elaboración de un reglamento que unifique su funcionamiento interno y garantice las condiciones de vida, la asistencia legal y la atención médica de los internos, así como el acceso de las organizaciones no gubernamentales.

Pruebas fiables de verificación

Especialmente duras son las críticas al sistema educativo español por la existencia, según sus informaciones, de “escuelas gueto” en el que se concentran niños y niñas inmigrantes y gitanos, contraviniendo la Ley Orgánica de Educación de 2006 que prevé una adecuada y equilibrada distribución de los estudiantes. “El Comité recomienda al Estado que revise los criterios y métodos del proceso de admisión a las escuelas públicas y privadas y tome medidas para garantizar una efectiva distribución equilibrada de los alumnos en los centros escolares”, advierte. En este sentido, la ONU ha solicitado a España que le remita de forma periódica las estadísticas sobre el número de niños y niñas inmigrantes y gitanos que estudian en las escuelas españolas.

En la parte positiva, Naciones Unidas se ha felicitado por los acuerdos sobre asistencia y repatriación de menores no acompañados firmados con Rumanía y Senegal, aunque ha expresado sus reticencias por la realización de pruebas radiológicas para determinar la edad por el “amplio margen de error” de estos exámenes. Por ello, el Comité ha recomendado a España que verifique los diferentes métodos de determinación de la edad y a que invierta en la puesta en marcha de “pruebas fiables, actualizadas y que no sean dañinas para la integridad física de los menores”.

Por último, Naciones Unidas ha advertido de que el escaso número de denuncias por discriminación racial que se registran en España no debe entenderse como algo positivo, ya que también puede ser un indicador del “temor” de las víctimas a “represalias” o de la “falta de confianza” en la Policía y en la Administración de Justicia.