La limitación de velocidad a 110 km/h en autopista y autovía estará vigente durante los próximos cuatro meses, aunque podrá prorrogarse durante más tiempo si se mantiene la situación de crisis en el norte de Africa, según ha anunciado el vicpresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Después de participar en el Consejo de Ministros, Rubalcaba ha señalado que el Gobierno ha fijado el 30 de junio, en un decreto que se publicara el lunes, como la fecha límite hasta la que estará vigente el límite a 110 km/h. “Si dentro de cuatro meses la situación lo permite volveremos a la normalidad que es 120, si no lo permite, tendremos que prorrogarlo”, ha subrayado.

Además, Rubalcaba ha insistido en que se trata de una medida “excepcional y transitoria”, que no tiene que ver con la recaudación por multas. En este sentido, ha insistido que “por mucho que multara” el Gobierno no iba a compensar lo que va a dejar de ahorrarse por la recaudación de impuestos, al reducirse el consumo del petróleo.

El Consejo de ministros ha aprobado también otras medidas que ya estudió la pasada semana, como la reducción de las tarifas de RENFE hasta un 5% en media distancia y cercanías. A ellas se han unido otras que afectan a los edificios públicos, según había avanzado el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien comentó que “escandaliza que a las nueve de la noche haya organismos oficiales enteros encendidos”. También explicó que se “hará algo” respecto a la iluminación en las carreteras, aunque aseguró que no comprometerá en nada a la seguridad.

El Ejecutivo ha aprobado igualmente la reforma del Reglamento General de Circulación para adecuarlo a la reducción de la velocidad a 110 kilómetros por hora. Para que esta limitación pueda entrar en vigor en la fecha prevista -el próximo 7 de marzo- es necesario modificar el artículo 48 de esa norma, que ahora fija una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora para turismos y motocicletas.

El Consejo de Ministros ha aprobado también un proyecto de ley para agilizar los procesos civiles y contenciosos, que, según el Ministerio de Justicia, aumentará la seguridad jurídica. El proyecto suprime el recurso de apelación en los juicios verbales en el orden jurisdiccional civil por razón de la cuantía, de tal forma que para asuntos de menos de 6.000 euros la sentencia de primera instancia será firme y no recurrible.

Otro recurso afectado por esta reforma es el de casación ante el Tribunal Supremo en materia civil y contencioso-administrativa, ya que eleva a 800.000 euros el límite de 150.000 euros que existe en la actualidad para poder recurrir ante el alto tribunal. El Ejecutivo ha autorizado además nuevas emisiones de deuda a algunas Comunidades Autónomas, en esta ocasión a Aragón y la Comunidad Valenciana.