La FIAPA, Fundación para la Investigación Agraria en la Provincia de Almería, tuvo becarios sin contrato a los que pagaba sin nómina y otorgó ayudas con informes negativos. La Fundación, que depende de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, cometió estas irregularidades en 2007.

Una de las irregularidades destacadas es haber tenido a becarios trabajando sin contrato y pagándoles sin nómina y el haber otorgado subvenciones o ayudas a pesar de existir informes de fiscalización previos negativos, entre otras.

Se han detectado lnumerosas deficiencias tanto en la tramitación y resolución, como en la justificación de una subvención concedida de forma directa a la Fundación para la Investigación Agraria en la Provincia de Almería (FIAPA) por 36.060,44 euros.

Así, la mayoría de los documentos aportados por la fundación no tienen registro de entrada en el IFAPA (incluida la solicitud). Consta asimismo que la fecha de aceptación de la ayuda es anterior a la resolución de concesión.

Por otro lado, existe un informe de fiscalización previa, con disconformidad de la resolución de concesión, razonando que dicha ayuda no reúne los requisitos para concederse al amparo del artículo 22.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, debido a que no está prevista nominativamente en los Presupuestos Generales de Andalucía, ni su otorgamiento o cuantía viene impuesto a la Administración por una norma de rango legal, ni se concede con carácter excepcional ya que no ha acreditado razones de interés público, social, económico o humanitario ni ha justificado motivos que dificulten su convocatoria pública.

Aunque hay una resolución posterior basándose en la misma regulación de la primera, la ayuda se concede de forma directa.

Otra irregularidad es respecto a la justificación de los gastos de funcionamiento, ya que presentan una relación de facturas, por 16.400 euros, sin consignación ni descripción de los conceptos a los que corresponde y el resto corresponde a un listado que refleja el pago de dos becarios, sin adjuntar contratos ni nóminas.

Respecto a la justificación de los gastos de funcionamiento, en varios expedientes la documentación presentada, incluye gastos cuya naturaleza no se considera elegible o los conceptos no corresponden a la subvención concedida y en otros expedientes hay determinadas facturas que al presentar deficiencias no se han dado como validas.

Se recomienda que en la normativa reguladora de las subvenciones se concreten los gastos subvencionables y los criterios de imputación de estos gastos, así como se efectúen, por parte del órgano concedente, actuaciones de control y seguimiento respecto a la gestión de las subvenciones

Según la alegación presentada por la Fundación, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), es patrono de la Fundación para la Investigación Agraria en la Provincia de Almería (FIAPA). Por este motivo, el IFAPA otorga una subvención anual para la financiación de proyectos de investigación y becas de formación, que posibiliten a esa Fundación la consecución de sus fines, como aparece detallado en el Informe que a tal efecto realizó para el IFAPA en junio de 2007, su Directora Gerente.

Pero en el año investigado, 2007 y por error, fue rechazado el expediente por la Intervención Delegada del IFAPA, que emitió informe de disconformidad con fecha 10 de mayo de 2007. Todos los documentos relativos a dicha tramitación quedan por este motivo invalidados y no es posible conceder y por tanto abonar la subvención al beneficiario. La aceptación de la subvención y solicitud de ingreso del 25%, previo a la gestión del pago de la misma, es el procedimiento habitual en el caso de las subvenciones nominativas, ya que la aprobación de la misma se hacía, en su caso, con la aprobación de la Ley de Presupuestos.

La Consejería de Agricultura tampoco entregaba adecuadamente sus subvenciones

En otro informe de la Cámara de Cuentas se subrayó que se imcumplen los plazos de las suibvenciones, no se explican los motivos cuando no las deniega, ni define los criterios concretos para reclamarlas. El alcance temporal de la fiscalización abarca hasta la finalización del trabajo de campo que ha sido marzo de 2009, lo que incluye el periodo que estuvo dirigida por el almeriense Martín Soler. No obstante, los datos que se incluyen en el informe se refieren principalmente a los ejercicios 2006 y 2007 (última actualización disponible).

Entre las conclusiones se señala que “siguen produciéndose retrasos importantes en la resolución de los expedientes como consecuencia de las supervisiones que debe realizar la Consejería en aquellas líneas de ayudas en que la gestión es compartida con las delegaciones provinciales.Los mayores retrasos se dan en las ayudas para la transformación y comercialización, que en algunos de los casos analizados alcanza casi dos años desde que se recibe la documentación de las delegaciones hasta que se emite la resolución”.

Añaden además que “cabría señalar que en el acta de la comisión de valoración para las ayudas de transformación y comercialización y en el informe de evaluación de las ayudas para el fomento del asociacionismo agroalimentario (documentos previos a las resoluciones individuales), no se contemplan los motivos por los que se excluyen a determinados solicitantes de subvenciones”.

Y en otro punto afirman que “sigue incumpliéndose el plazo establecido en la normativa aplicable para la resolución de las ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrícolas”.