Joan Pla/AD.- El artículo 3 de la Constitución española lo deja bien claro y, mientras no se reforme o se suprima democrática y legalmente, lo de los traductores de catalán, de vasco y de gallego en el Senado español es una solemne arbitrariedad y una total ilegalidad. Las razones de mi anterior afirmación son obvias. La Constitución española de 1978, actualmente en vigor, dice así, textualmente:

“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”

Mi comentario no pretende provocar debates crispados y, menos aún, encabronar a los nacionalistas de Cataluña, del País Vasco y de Galicia, pero permítaseme sembrar de ironía, por no decir de minas, el terreno de los nacionalistas independentistas o soberanistas, es decir, de los que se declaran no españoles, pero siguen mamando de la teta del Estado y se obstinan en ensuciar, por ejemplo, el paisaje mallorquín, tan espléndido, con sus pintadas anglo-catalanas, diciendo que “Catalunya no és Espanya – Catalonia is not Spain”. A esos individuos que odian al resto, que es la inmensa mayoría, de sus compatriotas, (no hablo aquí de independentistas terroristas), convendría, pienso yo, exigirles que legalizasen sus papeles para seguir viviendo y conviviendo con el resto de los españoles que viven en su ciudad y en su País, que es España. Pero, por lo que se ve, ellos creen que los ilegales son los demás, esto es, el pueblo español en su conjunto… del que emanan todos los poderes del Estado.

El Senado español pone traductores para que catalanes, vascos y gallegos puedan soltar su discurso en su lengua propia. Más que una necesidad o que una buena estrategia política es una majadería como la copa de un pino. Los traductores cuestan 350.000 euros al año que pagaremos los españoles, incluidos catalanes, vascos y gallegos, a escote. Según la Constitución vigente, como acabo de decir en párrafos anteriores, el catalán, el vasco, el gallego y el aranés que nos acaban de colar en Cataluña son idiomas cooficiales de España y pueden y deben hablarse de forma bilingüe en las comunidades autónomas donde se utilizan como lengua propia y normal. O se reforma la Constitución o, en este asunto, quien promueve la ley está meando fuera del tiesto. Todos se han entendido perfectamente en español durante los últimos 35 años y ahora vienen con que es emocionante, y así se vio en la alocución de uno de ellos, hablar en la lengua materna. ¿Te imaginas a un talludo senador diciendo aquello de “mi mamá me mima” en su lengua materna?

El debate, que acabará en gresca visceral, está de momento en si es oportuno o no el gasto que suponen los traductores, que, por cierto, si no estoy mal informado, ganarán al mes cuatro veces más de lo que suele ganar el mejor profesor de idiomas que han tenido y un poco más también que el mejor pagado de los senadores. Aparecen pronto las voces que justifican el dispendio, comparando los 4000 euros largos (14 pagas más dietas que percibirá cada traductor con los 6000 larguísimos euros mensuales que cobran, entre pitos y flautas, los 2000 traductores de Bruselas y de Estrasburgo.