La nueva ayuda para los parados que hayan agotado la prestación por desempleo y carezcan de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, el sustituto de los famosos 426 euros, será de 350 euros al mes y estará vinculada a la realización de cursos de formación. Esta medida tendrá una vigencia de seis meses y beneficiará a los parados que hayan agotado sus prestaciones entre el próximo 16 de febrero y el 16 de agosto de este año.

Esta es una de las medidas que el Ministerio de Trabajo ha propuesto a las comunidades autónomas, en un documento en el que les apunta otras propuestas para el fomento del empleo. La Comunitat Valenciana y la de Madrid han puesto ya el grito en el cielo y acusan al Gobierno de trasladarles el problema de los desempleados sin cobertura.

El vicepresidente económico valenciano y conseller de Hacienda, Gerardo Camps, afirmó que el Gobierno central «no puede pretender que las comunidades asumamos las consecuencias de su mala gestión». Según Camps, «se trata de una ayuda que es claramente una política pasiva de protección al desempleo y por tanto su gestión corresponde al Ministerio de Trabajo». Camps también remarcó la falta de contenido en el documento. «No tiene ninguna base económica, ni siquiera sabemos de dónde van a salir los fondos para gestionar esta ayuda».

Fuentes del Gobierno central explican que el coste de estas ayudas correrá a cargo del Estado, aunque será gestionado por las propias comunidades autónomas. Estos fondos, según Trabajo, provienen del ahorro en la bonificación de contratos, la redistribución del dinero para la formación de parados y ocupados, y del adelanto de fondos europeos. El próximo lunes por la tarde, se reunirá el Ejecutivo con los gobiernos autonómicos para buscar un acuerdo en la aplicación de esta medida.

El Gobierno también propone a las autonomías, dentro de las políticas de fomento del empleo, que las empresas que contraten a tiempo parcial a jóvenes menores de 30 años y desempleados de larga duración vean reducidas sus cuotas empresariales a la Seguridad Social. Estos contratos podrán ser indefinidos o temporales, de al menos seis meses e implicarán una jornada laboral mínima del 50% de la habitual.

Balance de contrataciones

Mientras avanza sus propuestas, el ministerio dirigido por Valeriano Gómez hace balance de los seis primeros meses de aplicación de la reforma laboral. El titular de Trabajo celebró ayer que la generalización de los contratos de fomento del empleo -aquellos que tienen un despido de 33 días por año trabajado- haya permitido un crecimiento de este tipo de contrataciones en un 52,1% respecto al segundo semestre de 2009.

Por contra, los contratos fijos ordinarios -los de indemnización de 45 días- se redujeron un 15,6%. Gómez indicó que ya está cambiando la forma de despedir en España, puesto que según los datos que dio a conocer están disminuyendo las salidas improcedentes y están aumentando las objetivas. Así, destacó que entre julio y noviembre de 2010 hubo 250.727 despidos improcedentes, los denominados ‘exprés’, lo que supone el 24,6% menos respecto a los 332.792 efectuados entre enero y junio, si bien la media mensual fue de una bajada del 9,6%.

Entretanto, en esos cinco meses posteriores a la reforma hubo 66.938 despidos objetivos, el 10,3% menos que en el primer semestre de 2010, si bien la media mensual arroja un aumento del 7,6%.

De esta forma, el peso de los despidos improcedentes ha pasado de suponer el 80,4 % en junio al 66,3 % en noviembre, mientras que el de los despidos objetivos ha subido del 18,3 % al 22,7 %.