Por su interés reproducimos el análisis recogido por el historiador Xavier Casals en su blog sobre la pretensión del sistema de llevar a Josep Anglada a los tribunales: Ya comenté en relación a la tentativa de llevar a los tribunales a Xavier García Albiol lo erróneo de esta iniciativa. Pues bien, desde el gobierno tripartito catalán se ha vuelto a seguir el mismo camino con Josep Anglada, pues el pasado día 8 anunció que llevará a los tribunales el programa electoral de la PxC. La meta es que se determine si hay indicios de delitos de incitación al odio y al racismo, tipificados a los artículos 510 y 511 del Código Penal.

El secretario de Inmigración en funciones, Oriol Amorós, manifestó que se llamaría al fiscal “para informarle sobre el programa de esta formación política, como ya se hizo en el caso del regidor de Badalona Xavier Garcia Albiol”. Según Amorós “los diez puntos del programa electoral de la formación [PxC] son mentira y los ocho referentes al control de la inmigración hacen apología al odio cabe los vecinos diferentes”. Ha concluido que el modelo de sociedad que defiende es “injusto, falso e ineficiente”.

Para Amorós, la Ley de Partidos Políticos es una “norma coyuntural para frenar a los independentistas vascos que hacen apología de la violencia, pero no dice nada de los que hacen apología de la violencia hacia sus vecinos”, ha añadido. El programa de PxC incluye propuestas como la repatriación de personas porque “el aforo está completo; la priorización de los catalanes a la escuela, la sanidad y la ocupación, y la negación de padrón municipal por los inmigrantes sin papeles”.

Antes no, ahora (con 75.000 votos) sí

No hay nada más patético que tolerar el programa de la PxC cuando ésta era un fenómeno local y, súbitamente, llevarlo a los tribunales cuando consigue el 2.5% de apoyo electoral. Ello significa que estos mensajes solo son ilegales cuando amenazan a los partidos tradicionales y mientras tanto no hay que preocuparse.

Como era previsible, la PxC ya se ha crecido, pues nada como un buen juicio perdido de antemano (el propio Amorós señala que la legislación no contempla ilegalizar partidos como éste) para acaparar protagonismo mediático. Así, Anglada ha manifestado que “jamás en nuestro programa ni en mis declaraciones se ha promovido la discriminación por raza ni por religión y que desde un primer momento hemos condenado toda xenofobia y actitud de odio hacia el extranjero o el inmigrante”.

Y añadió que “nuestra formación seguirá pidiendo la repatriación de los inmigrantes ilegales y los que estén en paro de larga duración (independientemente de la ‘raza’ de estos inmigrantes) y se opondrá tajantemente a que se concedan terrenos públicos para edificar mezquitas, porque los terrenos públicos han de ser de disfrute público de todos los ciudadanos y en ningún caso concedidos a bajo precio para edificios religiosos”.

En definitiva, la torpe maniobra de Amorós y el gobierno tripartito no hacen otra cosa que manifestar el desconcierto de quienes se han visto soprendidos por el repentino ascenso electoral de Anglada. Como ya hemos comentado en el caso de García Albiol, abolir la imagen pública de la PxC no acabará con las pulsiones de su electorado. Es más, una eventual victimización de Anglada conduciría a un cierre de filas en torno al mismo y a ratificar su discurso de que es la única formación distinta a las demás y que éstas le tinen miedo por decir en voz alta lo que todos piensan en voz baja.

¿Ilegalizar? ¿Para qué?

Por otra parte, para ilustrar los limitados beneficios de la ilegalización en estos casos, solo hay que recordar que el Vlaams Blok [VB, Bloque Flamenco] fue ilegalizado en noviembre de 2004 y lo únicio que hizo fue cambiar su rótulo conservando las iniciales: pasó a llamarse Vlaams Belang [VB, Interés Flamenco] y continuó su actividad sin mayores problemas, pues con el mismo programa u otro, su votante sabe perfectamente lo que está votando.
El Vlaams Blok fue ilegalizado por su programa en el 2004 y ello comportó un simple cambio cosmético, al devenir Vlaams Belang.

La islamofobia que refleja la PxC es de carácter multifactorial y si se quiere desactivarla hay que actuar sobre varios ámbitos a la vez: atacar sobre el terreno las causas que lo favorecen -como impedir que se conformen guetos en determinados barrios y escuelas, mostrar las contradicciones del discurso angladista en todos los ámbitos, abandonar discursos “buenistas”- y evitar buscar réditos a corto plazo con operaciones de cara a la galería. Si se quiere impedir el ascenso de Anglada -y de otros Angladas que surjan en el futuro- la ilegalización es la peor de las opciones posibles.
El propio fiscal especializado en delitos de odio y discriminación de Barcelona, Miguel Àngel Aguilar, ha señalado al diario Ara que éste no es un tema fácil para ejercer acciones penales, ya que hay que tener en cuenta “derechos constitucionales muy importantes como la libertad de partidos políticos, el pluralismo político, la libertad de expresión y la libertad ideológica y de conciencia”, a la vez que hay expresiones que pueden no ser “admisibles desde el punto de vista ético y moral, pero que no encajan al Código Penal”.

¿Gasolina para apagar fuego?

Cuando este asunto está sobre la mesa, informa El País, el fiscal de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona pide un año y medio de cárcel y una multa de 4.860 euros para Anglada y el edil de la PxC de Vic Joan Carles Fuentes por un delito de provocación a la discriminación y odio al repartir 3.000 copias de un panfleto en 2007 peyorativa hacia el colectivo magrebí. Anglada ya ha sacado pecho y ha difundido un comunicado en el que afirma que “ni elaboró ni autorizó” su elaboración.

El antiangladismo se ha creado él solito un problema: si Anglada resulta inmune del proceso, saldrá innegablemente reforzado; si resulta condenado, en el mejor de los casos puede ser inhabilitado, pero ello obvia que el problema que representa éste político ultraderechista no es la oferta que encarna, sino la demanda creciente de la misma.

Así las cosas, la “lepenización de los espíritus” que experimenta parte de la población catalana y posiblemente del resto de España no se resuelve con sentencias y actuaciones penales. Es posible que éstas últimas tengan el mismo resultado que emplear gasolina para apagar fuego: no atajarán el fenómeno y pueden darle alas.