La sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a catorce acusados de integrar desde 1996 hasta 2000 un grupo dedicado a la violencia callejera en San Sebastián al considerar que no existe prueba suficiente que desvirtúe su presunción de inocencia.

En su sentencia, el tribunal absuelve de los delitos de integración o colaboración terrorista a Aitor Domezain, José Antonio Astigarraga, Lartaun Rodríguez, Gorka Iruretagoiena, Beñal Etxart, Garikoitz Mendizábal, Ibon Toledo y Aitor Abanda, para los que el fiscal Luis Barroso pidió penas de entre 7 y 3 años de cárcel.

A Toledo y Abanda, la sala también los absuelve de un delito de depósito de explosivos, del que también han resultado absueltos los otros seis acusados: Miren Agurtzane Zubiaurre, Francisco Gabriel Isasa, José Ángel Catalán, Francisco de Asís Rodríguez, Josetxo Ibazeta y Fernando Bert, que se enfrentaron a una petición fiscal de 2 años de prisión.

Para los magistrados, «no está probado» que los acusados constituyeran un «grupo organizado y estable» que participara en actividades de lucha callejera y, por tanto, que tampoco utilizaran como lugar de reunión el inmueble ocupado por la asociación cultural «Herria», donde se halló numerosa documentación y propaganda de la izquierda abertzale y de ETA, además de sustancias inflamables.

Asimismo, la sala entiende que el hecho de que Zubiaurre, Isasa, Catalán, Rodríguez, Ibazeta y Bert formaran parte de la Junta Directiva de «Herria» no puede dar lugar «a un juicio incriminatorio», ya que los miembros de la Junta «no son garantes del comportamiento de todos los asociados».

El juicio por estos hechos se celebró a finales del pasado noviembre y antes de comenzar el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, y uno de los abogados defensores, Zigor Reizabal protagonizaron un enfrentamiento que culminó en que el magistrado denunció al letrado al abandonar la vista oral.

El motivo fue que Guevara se negó a suspender el juicio como reclamaban las defensas para poder preparar el juicio, después de no alcanzar un acuerdo de conformidad con el fiscal que hubiera evitado la celebración de la vista oral.