Las Cámaras de Comercio salieron en tromba ayer ante el anuncio del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de que se suprimirá la adscripción obligatoria de las empresas a estos organismos. Destacaron el papel ‘redistributivo’ que han venido desempeñando a favor de las pymes -el canon que pagan las grandes compañías permite financiar los servicios de que disfrutan las de menor tamaño- y, convencidas de que todavía es posible una reconsideración de la medida, ofrecieron al Ejecutivo una posible adaptación del actual sistema: que los autónomos, dependientes o no, se vean liberados del pago de la cuota.

Javier Gómez-Navarro, presidente del Consejo Superior de Cámaras, compareció ante los medios de comunicación flanqueado por los seis vicepresidentes de la institución. Todos pusieron el acento en las actividades que las Cámaras tienen en marcha, y llamaron la atención sobre la contradicción que a su juicio representa que, con el foco puesto en la internacionalización de las empresas españolas, se adopte una medida que estrangula a las únicas instituciones que, junto con el Instituto de Comercio Exterior, ofrecen este tipo de servicios, con atención continuada, a compañías de pequeño y mediano tamaño.

Los dirigentes de las Cámaras descartaron de plano que la idea de suprimir la cuota cameral pudiera haber sido sugerida por las grandes compañías en el encuentro que sus responsables mantuvieron con el presidente del Gobierno el pasado sábado. «Me consta que ese tema no fue mencionado porque, aunque no fui convocado a la Moncloa, tengo amigos que asistieron y me han trasladado lo comentado», declaró Gómez-Navarro, convencido de que las preocupaciones de los ‘gigantes’ empresariales no están en la cuota que pagan a las cámaras, precisamente.
También rechazó el presidente que detrás de la iniciativa gubernamental se encuentren los viejos recelos o la confrontación con CEOE. «Las patronales y nosotros hace tiempo que hemos despejado las diferencias y tenemos claro el respectivo territorio de actuación, de manera que ahora somos complementarios», afirmó. Recordó que las Cámaras son corporaciones de derecho público que actúan en defensa del interés de todas las empresas.

Impacto económico

Asegura el Gobierno que la supresión de la cuota cameral supondrá un ahorro de 250 millones de euros. Uno a uno, los vicepresidentes de las Cámaras explicaron que la supresión del canon va a suponer una reducción media del 60% del presupuesto. Habrá casos donde el recorte llegue al 90% y otros en los que se limite al 10%, precisaron. Y Gómez-Navarro apostilló que allí donde existe fuerte tradición asociativa las Cámaras tendrían más fácil la supervivencia sin el recurso a la financiación obligatoria. También apuntó el presidente del Consejo que no le consta un malestar por parte de los principales financiadores. Desde la vigencia de la ley de 1993, aunque la cuota está en función de los beneficios, existe un tope que limita, por ejemplo, la aportación de Telefónica -la compañía española de mayor tamaño- a unos 600.000 euros anuales.

Gómez-Navarro apuntó que si se recorta la financiación se intensificará el ajuste en las plantillas de los servicios camerales, ahora integrados por 3.250 empleados. Recordó que en los últimos tres años esa cifra ha sufrido un ajuste del 20%, lo que, traducido a gastos, ha supuesto una reducción de, aproximadamente, un millón de euros.

Presidente y vicepresidentes se mostraron confiados en que todavía pueda encontrarse una solución que garantice la viabilidad económica de las Cámaras. No en vano, afirmaron, se trata de una red integrada por 88 entidades que mantienen 430 puntos de atención para las empresas españolas, que proporcionan servicios a unas 600.000 sociedades cada año. «Seguramente no hemos sabido explicar bien lo que hacemos», admitieron, a modo de acto de contrición, los dirigentes.