El Partido Popular Suizo (SVP) no ha dado ni un día de tregua. Horas después del referéndum para expulsar a los delincuentes extranjeros – su sexto triunfo en seis años-, la derecha populista volvió a la carga con su otro gran caballo de batalla: el islam.

Ayer se cumplía el primer aniversario de una victoria épica para el SVP: el referéndum contra la construcción de minaretes, aprobado con el 57,5% de votos. Para celebrar la efeméride, Ulrich Schlüer, uno de los líderes del partido, presentó un “manifiesto contra la islamización de Suiza”. El documento subraya las raíces cristianas del país y promete frenar la instauración de “un derecho paralelo”. Y da alguna pista sobre cuál podría ser la próxima iniciativa popular del SVP. Reclama que todo musulmán que pida la nacionalidad deba prestar juramento a la Constitución y que sea automáticamente desprovisto de ella si la viola.

Schlüer acusó al Gobierno de no aplicar la prohibición de los minaretes y calificó “de indigna” la decisión de las autoridades cantonales de Berna de dar luz verde a la construcción de uno en Langenthal. En esta pequeña ciudad se está librando una batalla legal por un minarete que recibió permiso de edificación antes del referéndum. La comunidad musulmana está dispuesta a llevar el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que podría fallar en contra de la prohibición por discriminatoria. “Ningún tribunal – afirmó Schlüer-puede poner en duda una decisión del pueblo soberano”.

El Consejo Central Islámico de Suiza anunció ayer que en enero presentará una iniciativa popular para revocar la prohibición. Deberá recoger 100.000 firmas para llevarla a referéndum. El consejo arremetió contra “las élites políticas”, que se han limitado a explicar al extranjero que la votación fue “un error” pero no han iniciado “un debate fértil” en Suiza sobre la aceptación de los musulmanes como ciudadanos de primera.

“La angustia”, titulaba ayer su editorial el diario Le Temps, al día siguiente de que se aprobara en referéndum la expulsión automática de los delincuentes extranjeros, medida que, según el propio Gobierno, juristas y el resto de fuerzas políticas atenta contra los derechos humanos. Esos mismos derechos que la Confederación Helvética se enorgullece de haber alumbrado… ¿Acaso puede la voluntad del pueblo del pueblo ser antidemocrática? Es esa “la angustia”.

Un 53% de los votantes apoyaron el texto, que incluye en la lista de “crímenes graves” merecedores de expulsión el abuso de prestaciones sociales, al mismo nivel que el homicidio, la violación o el tráfico de personas. También defiende la deportación de menores y de refugiados.

Y pretende que la expulsión sea automática para todos los delincuentes extranjeros, sin tener en cuenta cuanto llevan viviendo en el país o si han nacido en Suiza.

“Esta nueva derrota revela que los ciudadanos ignoran los límites del ejercicio de los derechos cívicos – afirma Le Temps-.Con una ligereza tan naïfque se hace angustiosa”. El diario Aargauer Zeitung define lo ocurrido como “el segundo accidente de funcionamiento de nuestra democracia directa en un año”.

Una vez más, la derecha populista deja en evidencia al resto de partidos, incapaces de articular una alternativa. Es más, “el SVP ha logrado imponer sus temas, que el debate político gire en torno a la inmigración y las fronteras, cuestiones ahora prioritarias para la sociedad”, señala Pascal Scarini, politólogo de la Universidad de Ginebra.

Suiza vive con el referéndum de los criminales extranjeros un déjà vu de los minaretes. De nuevo, Suiza aparece como la abanderada europea contra la islamización del viejo continente. De nuevo el Gobierno queda atrapado entre la voluntad popular y la masónica legislación internacional. De nuevo, Suiza somos todos.